Los ediles de Madrid se quedan sin escolta

Los concejales madrileños dejarán de contar con la protección personal de un escolta en la próxima legislatura, que comienza el día 11. Así, la cifra total de personal dedicado de forma directa a la seguridad de los ediles se reducirá aproximadamente a la mitad.

Racionalizar el gasto público, como se ha propuesto hacer el Ayuntamiento de Madrid, no solo implica reducirlo. A veces se trata de emplear mejor el dinero disponible. A veces, es cuestión de dar ejemplo. En esa línea de austeridad se encuadra, por ejemplo, el recorte de coches oficiales anunciado esta semana.

De los 57 actuales (uno por edil) se pasará a 36 (para los miembros del Gobierno municipal, los tres portavoces de la oposición y los 21 presidentes de juntas de distrito). El ahorro no será relevante, toda vez que la flota actual de vehículos le cuesta al Ayuntamiento unos 350.000 euros (en régimen de renting), y la mayoría de conductores son empleados públicos. Pero sirve de ejemplo para la ciudadanía sobre las intenciones municipales, aunque en este caso no haya sido el PP sino un partido de la oposición, UPyD, el que haya puesto el recorte sobre la mesa.

Esta medida ha provocado además otra, complementaria pero que trasciende el ámbito económico. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con alrededor de 200 personas para proteger a los concejales, entre escoltas, equipos de contravigilancia y demás. Cada edil dispone de dos escoltas, que trabajan por turnos desde el momento en el que el coche oficial les recoge en casa para ir a trabajar hasta que les devuelve a su domicilio.

Esa plantilla se reducirá entre 100 y 115 personas, al prescindir los concejales de ese servicio de seguridad (que depende de la Policía Municipal y está en manos de empleados públicos). Eso sí, no todos los ediles lo harán: los portavoces de la oposición mantendrán su escolta, al igual que algún miembro del Gobierno. El alcalde tiene un dispositivo de protección diferente, similar al de un ministro, que se mantiene.

A nadie se le escapa que se trata probablemente de la cuestión más delicada a tratar por los grupos municipales de cara al inicio de la legislatura. Hoy se reunirá por primera vez el grupo de trabajo integrado por representantes del PP, el PSM, IU y UPyD, que debe decidir además sobre cuestiones prácticas como el número de asesores o el reparto de oficinas en la sede municipal. Sobre los escoltas, el Ministerio de Interior trasladó a los Ayuntamientos en el año 2000 la necesidad de que los concejales contaran con seguridad personal, en respuesta a los atentados cometidos por la organización terrorista ETA. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se resiste a eliminar por completo esta protección, y prefiere esperar a que Interior dé luz verde para hacerlo.

Más allá de la amenaza de ETA, aparentemente en sus horas finales, la posibilidad de una agresión por parte de exaltados o de vecinos enojados no supone un riesgo relevante. Y, como recalcan fuentes municipales, el escudo del que disponen los concejales resultaría endeble en caso de un atentado terrorista, pues se limita a sus horas y desplazamientos de trabajo; y además los coches en los que viajan no son blindados.