El exalcalde de Santa Coloma niega la apropiación indebida de 1,3 millones

“No existe apropiación indebida de fondos europeos ni se ha perjudicado económicamente al Ayuntamiento de Santa Coloma”. Así lo ha asegurado esta mañana a las puertas de la Audiencia Nacional el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC), imputado en el caso Pretoria. Muñoz, que ha declarado durante una hora ante el juez Pablo Ruz a petición propia, también ha negado que existiera una factura falsa para desviar 1,3 millones de euros procedentes de fondos de la UE. “Así lo han demostrado las auditorías”, ha añadido.

Los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario aseguran que el Ayuntamiento de Santa Coloma, con conocimiento del alcalde, Muñoz y tutelado por el jefe de la trama Pretoria, Luis García Sáez, Luigi, falsificó un certificado para justificar el desvío de fondos recibidos de la UE para rehabilitar un barrio de la localidad. En concreto, la cantidad percibida de la UE ascendía a 1,3 millones de euros, de los que menos de una tercera parte (400.000 euros) fueron destinados a las expropiaciones, sin que el informe explique el destino del resto.

Los informes de la Guardia Civil revela que se desviaron fondos de subvenciones de la UE

Los informes incluyen transcripciones de las numerosas llamadas telefónicas, entre ellas, una de Muñoz al director de servicios del Ayuntamiento Pascual Vela, reclamándole que limpie el expediente de los fondos ante el temor de una inspección del Ministerio de Economía, porque el dinero lo han dedicado “a otras cosas”. Los 1,3 millones de euros fueron a parar a la constructora municipal, Gramepark, que no los utilizó para los fines indicados, la indemnización de los vecinos del barrio a rehabilitar. El informe no aclara que fue de ellos, pero Luigi, el cerebro de la trama, dijo en las conversaciones sin lugar a dudas que la factura que los justificaba era falsa.

También declaró ayer ante el juez Pablo Ruz Manuel Dobarco, expresidente de Gramepark. Según su abogado Josep Riba, aseguró que el sistema de adjudicación era perfectamente legal. Ha afirmado ante el magistrado que la propuesta de adjudicación de los contratos venía siempre de los técnicos municipales y que siempre su propuesta era la que resultaba ganadora. También ha dicho que, al contrario de lo que refleja el sumario, la constructora municipal de Santa Coloma no presentaba un agujero de 85 millones, sino que, según los informes de la Intervención, esa cantidad era en realidad una deuda pero el patrimonio neto de la sociedad ascendía a los 15 millones.

Por último, le tocó el turno a Lluís Falcón, ex director gerente de proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma. Falcón ha justificado el cambio de uso en el complejo residencial y de ocio Cubics, en el que se incrementó el suelo residencial y se menguó el comercial, según la investigación. Falcón anunció que presentará informes periciales que demostrarán que el consistorio salió beneficiado con esa operación.