Jueces y fiscales progresistas censuran a la Junta Electoral

La asociación progresista Jueces para la Democracia se ha desmarcado esta mañana de manera clara del acuerdo de la Junta Electoral Central de prohibir las protestas del Movimiento 15-M al considerar que se crea “un problema nueva” por una “interpretación restrictiva” del derecho de manifestación.

Los jueces progresistas entienden  que las concentraciones y acampadas expresan un “descontento generalizado” que “tiene su origen en unas políticas neo liberales que dejan a demasiada gente en la estacada en una sociedad en que los Mercados ha suplantado demasiados espacios”. Por todos ello, JpD considera que los manifestantes no hacen otra cosa que “recuperar su derecho a participar, reflexionar y decidir”, por lo que les parece inadmisible que no se les permita manifestarse. “No podemos admitir como razonable que se restrinja esa voluntad esencialmente democrática”, dicen.

El comunicado de la asociación judicial va incluso va allá de la discrepancia y considera “cuestionable la propia competencia de la Junta Electoral Central” para prohibir las protestas. Consideran, por el contrario, que la Junta debe limitar sus acuerdos a la actividad de los partidos y los candidatos. “El resto de ciudadanos sostiene su derecho a protagonizar esa jornada. La ciudadanía no ve restringidos sus derechos y las personas deben disfrutar de sus derechos de participación”. En ese sentido se recuerda que aunque esté prohibida la publicidad electoral en la jornada de reflexión se produce una  “comunicación permanente en la red”, por lo que “con mayor razón la intención de las personas concentradas no se puede identificar directamente con la petición de voto a una opción concreta”, que es lo que viene a decir el acuerdo de la Junta Electoral Central.

Jueces para la Democracia recuerda las diversas sentencias del Tribunal Constitucional a favor de las manifestaciones y concentraciones durante la jornada electoral, siempre que no se reclame el voto para ningún partido, por lo que, entienden que “se debería apostar de forma clara y contundente por permitir la continuidad de un movimiento plural y participativo como el desarrollado de forma pacífica por las personas que se encuentran en las diversas plazas de nuestras ciudades. El comunicado concluye reclamando prudencia al Gobierno y rechazando el uso de “vías represivas para imponer la decisión adoptada” por la Junta Electoral.

El Congreso de la Unión Progresistas de Fiscales (UPF) que se está celebrando en Pontevedra ha aprobado esta mañana una resolución en la que arremete con dureza contra la Junta Electoral Central por prohibir las protestas del Movimiento 15-M. Los fiscales  consideran que ese acuerdo resulta difícilmente comprensible desde la perspectiva de los derechos ciudadanos” porque “no pondera adecuadamente los intereses en conflicto”. La censura de la UPF se suma a la que esta mañana ha hecho pública la asociación progresista Jueces para la Democracia, que también ha empleado duros términos para referirse a esa prohibición.

La resolución de la UPF considera que el 15-M es “un movimiento social y espontáneo que por primera vez rompe un clima de apatía ciudadana sorprendente en momentos de grave crisis económica y social”. Por ello, los fiscales progresistas entienden que “no puede ser interpretado como políticamente perturbador del proceso electoral en curso”, como ha hecho la Junta Electoral Central.

La UPF recuerda que la prohibición resulta todavía “más sorprendente” si se tiene en cuenta la sentencia de 15 de noviembre de 2010 del Tribunal Constitucional, a favor del derecho de manifestación en jornada  de reflexión, siempre que no se reclame el voto. Por ello, los fiscales progresistas opinan que “cercenar los aires de libertad ciudadana que soplan en nuestras plazas desde luego no contribuye a dotar de contenido una democracia que no queremos meramente formal”.

El Congreso de la Unión Progresistas de Fiscales (UPF) que se está celebrando en Pontevedra ha aprobado esta mañana una resolución en la que arremete con dureza contra la Junta Electoral Central por prohibir las protestas del Movimiento 15-M. Los fiscales consideran que ese acuerdo  

“resulta difícilmente comprensible desde la perspectiva de los derechos ciudadanos” porque “no pondera adecuadamente los intereses en conflicto”.

La censura de la UPF se suma a la que esta mañana ha hecho pública la asociación progresista Jueces para la Democracia, que también ha empleado duros términos para referirse a esa prohibición.

La resolución de la UPF considera que el 15-M es “un movimiento social y espontáneo que por primera vez rompe un clima de apatía ciudadana sorprendente en momentos de grave crisis económica y social”. Por ello, los fiscales progresistas entienden que “no puede ser interpretado como políticamente perturbador del proceso electoral en curso”, como ha hecho la Junta Electoral Central.

La UPF recuerda que la prohibición resulta todavía “más sorprendente” si se tiene en cuenta la sentencia de 15 de noviembre de 2010 del Tribunal Constitucional, a favor del derecho de manifestación en jornada de reflexión, siempre que no se reclame el voto. Por ello, los fiscales progresistas opinan que “cercenar los aires de libertad ciudadana que soplan en nuestras plazas desde luego no contribuye a dotar de contenido una democracia que no queremos meramente formal”.