Sin leyes en India para proteger a millones de trabajadoras domésticas, ni con el impulso del Tribunal Supremo
La máxima corte había ordenado que, para este verano, se conformara un comité para expedir una norma centralizada para garantizar los derechos laborales de millones de empleadas. Pero no hay rastro de este ni de otros compromisos del Gobierno

“Vivimos con el temor de que, si nos tomamos un día libre, nos sustituya otra persona. Hay otras trabajadoras domésticas que están dispuestas a cobrar menos. Incluso cuando estamos enfermas, nuestros jefes nos piden que vayamos a trabajar y que descansemos después”, dice Sangeeta M., una empleada doméstica de 30 años, que vive en la ciudad de Bangalore, en el Estado meridional de Karnataka, India.
Sangeeta es una más de los millones de personas que componen la mano de obra doméstica de la India y para quienes la inseguridad laboral, la vulnerabilidad a los malos tratos, la explotación y el acoso sexual, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo son una realidad cotidiana.
La lucha por sus derechos ha sido una odisea de años con pocos resultados. A la fecha, por ejemplo ni siquiera hay datos exactos ni actualizados de cuántas personas se emplean en este sector. El Gobierno calculaba que había alrededor de cuatro millones en 2012 y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hablaba en 2010 de entre 20 y 80 millones. El portal oficial para los trabajadores no organizados tiene registrados aproximadamente a 28,9 millones de empleadas domésticas y del hogar. El Gobierno realizó, en 2024, una encuesta nacional de trabajadoras domésticas, pero los resultados no se han publicado todavía.
En enero de este año, el máximo tribunal de India (el Tribunal Supremo) ordenó al Gobierno que instituyera un comité interministerial (con los ministerios de Trabajo, Justicia social, Desarrollo de la mujer y el niño y Ley y justicia) para examinar la posibilidad de promulgar una ley centralizada que protegiera los derechos de las trabajadoras domésticas. El tribunal dio un plazo de seis meses a la comisión para presentar un informe. El plazo se ha cumplido y no hay ninguna noticia de la comisión ni del informe.

Geeta Menon, cofundadora de la organización Stree Jagruti Samiti, lleva varias décadas trabajando en favor de los derechos de las trabajadoras domésticas de India. Dice que el tribunal reconoció la relación entre el tráfico de niñas, su explotación y su colocación como empleadas domésticas y que ese fue el motivo de que dictara la orden de crear protecciones jurídicas. En su sentencia, el tribunal expresaba su preocupación por “la falta de regulación de este sector laboral fundamental”y señalaba que “el vacío legal que existe en materia de derechos y protección de las trabajadoras domésticas” es la causa “del acoso y los abusos generalizados” que sufre este sector. Añadía, además, que “en muchos casos soportan salarios bajos, entornos inseguros y jornadas laborales prolongadas sin posibilidad real de recurrir”. La ONG estudia formas de que los miembros del Sindicato de Derechos de las Trabajadoras Domésticas formen parte del comité que debe crearse por mandato judicial.
Desde 1959 ha habido intentos de promulgar leyes pensadas en exclusiva para el bienestar de las trabajadoras domésticas ―uno de los intentos más reciente fue el de 2017―, pero ninguno se ha materializado. Aunque estas empleadas están incluidas en la Ley de Seguridad Social para Trabajadores No Organizados de 2008 y pese a que algunos estados han aprobado medidas para mejorar su bienestar, todavía faltan garantías mínimas. Si bien en algunas regiones se ha ordenado incluirlas en el ámbito de la Ley del Salario Mínimo de 1948, el cálculo de los salarios no se ha hecho de manera científica, asegura Menon. “No se corresponde con la complejidad y las tareas definidas. Por cada tarea explícita, pueden llevar a cabo cinco más que no se contabilizan. Lo que proponemos es que haya un criterio para que todos paguen lo mismo. Y debería ser obligatorio”, sostiene.

Por otra parte, aunque el Gobierno aseguró en 2023 que la nueva legislación laboral garantizaba “condiciones de trabajo dignas, salarios, protección, mecanismos de reclamación y otras prestaciones de seguridad social para todas las categorías de trabajadores, incluidas las trabajadoras domésticas”, todavía no ha entrado en vigor.
Una ley a la medida de un oficio complejo
Una de las peculiaridades que debería contemplar la ley, según las fuentes consultadas, es definir y regular correctamente el lugar de trabajo. Para el empleador, el hogar es su espacio privado, mientras que, para el empleado doméstico, es su lugar de trabajo. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo son reacios a hacer cumplir las normas y a llevar a cabo inspecciones en un hogar privado, explica Menon.
Esa complejidad es la que impide que haya reparaciones reales incluso en los casos de acoso sexual a las trabajadoras domésticas, a pesar de que están protegidas por la Ley de Prevención, Prohibición y Reparación del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Lugar de Trabajo (POSH) de 2013. Las comunidades de propietarios de los edificios de viviendas actúan con rapidez si el agresor es una persona ajena al edificio, como un electricista, por ejemplo; pero se muestran reacias cuando es un residente del edificio, dice Menon.
Otro problema central es que el trabajo doméstico, incluidos los cuidados, está infravalorado. “Todos los trabajos tienen un nombre. El nuestro no tiene identidad. La gente desprecia el trabajo doméstico. Debería estar reconocido”, declara Sangeeta, que también es una de las dirigentes del Sindicato de Derechos de las Trabajadoras Domésticas.
Otras reivindicaciones son que nos concedan la baja por enfermedad, un día libre a la semana y becas de enseñanza para los hijosSumitra Paswan, empleada doméstica y responsable de una agrupación de trabajadoras
Entre otras reivindicaciones, el sindicato reclama un grupo de trabajo con un teléfono específico de ayuda, un consejo de bienestar con la participación de empleadas domésticas y sindicatos, un mecanismo de reparaciones, un plan de prestaciones, la regulación legal de las agencias de colocación y un seguro de accidentes.
Son las mismas preocupaciones que se oyen en la ciudad de Guwahati, en el Estado oriental de Assam. “Estamos envejeciendo. No podemos seguir trabajando eternamente”, dice Sumitra Paswan, de 56 años y que lleva tres décadas como empleada doméstica en Uzanbazar, Guwahati. Paswan es responsable local de Grihokarmi Adhikar Suraksha Samiti (GASS), una agrupación de trabajadoras domésticas de Assam. “Hace tiempo que pedimos al Gobierno que cree algún tipo de plan de pensiones para las trabajadoras domésticas. Otras reivindicaciones son que nos concedan la baja por enfermedad, un día libre a la semana y becas de enseñanza para los hijos de las empleadas domésticas”, dice.
Paswan subraya la necesidad de que las trabajadoras se organicen. “Intento que lo entiendan las demás mujeres. Este es nuestro trabajo y es una cuestión que afecta a nuestro bienestar”, explica. GASS desempeñó un papel fundamental, junto con la organización Juventud por la Unidad y la Acción Voluntaria, en la elaboración de un proyecto de ley estatal sobre los derechos de las trabajadoras domésticas que abordaba los mecanismos de reparación, la resolución de conflictos y las sanciones por infracciones, así como la creación de un fondo de bienestar. El proyecto se retiró en marzo de 2023 después de que los legisladores manifestaran su confianza en que el Gobierno iba a tener en cuenta las sugerencias.
Pasos hacia la protección jurídica
La mentalidad feudal ha impedido avanzar en la conquista de derechos. El trabajo doméstico evolucionó a partir de un sistema de servidumbreGeeta Menon, integrante de la organización Stree Jagruti Samiti
Un primer paso para lograr una ley centralizada sería que la India ratificara el Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos firmado en 2011, una demanda que presentó el Sindicato de Derechos de las Trabajadoras Domésticas de Bangalore durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos, el 16 de junio de 2025. El convenio obliga a los países miembros a garantizar a los empleados domésticos unas condiciones laborales justas y dignas.
La organización de Menon y otras han presentado de forma conjunta una Demanda de Interés Público ante el Tribunal Supremo con dos exigencias principales: que entre en vigor la Ley del Salario Mínimo en los estados donde aún no lo está y que se incrementen el papel y la responsabilidad de las Asociaciones de Bienestar de los Residentes.
Otro obstáculo es la conciencia de las propias empleadas domésticas sobre su trabajo. Las circunstancias en las que trabajan —una familia con varios miembros— hacen que a la empleada le resulte difícil negarse o negociar, a diferencia de las trabajadoras de una fábrica textil, que pueden pedir que se les paguen las horas extras cuando les piden que hagan tareas que no les corresponden, explica Menon. “La propia empleada no lo considera un trabajo productivo, porque tiene la sensación de que es lo mismo que hace en su casa”, añade. Las trabajadoras domésticas no quieren quejarse a propósito del salario mínimo porque saben que, si lo hacen, las sustituirán. Por eso, los sindicatos y las organizaciones que trabajan en este sector tienen que esforzarse para convencerlas del valor de su trabajo y de la necesidad de defender sus derechos.
Según varias investigaciones, la idea extendida en la sociedad india de que “las mujeres están condicionadas para encargarse de los cuidados” y el trabajo doméstico es “mano de obra no cualificada”, unida al papel de las castas (las clases sociales hereditarias), contribuye a que la mano de obra doméstica esté mal remunerada y infravalorada. “La mentalidad feudal ha impedido avanzar en la conquista de derechos. El trabajo doméstico evolucionó a partir de un sistema de servidumbre. Aunque la economía salarial se desarrolló y transformó la situación a una relación entre empleador y empleado, la mentalidad no ha cambiado. A la trabajadora doméstica se la sigue considerando una sierva”, afirma Menon.
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