Feijóo, al caldo y a las tajadas

Por lo visto, Alberto Núñez Feijóo quiere estar al caldo y a las tajadas con el tema de la financiación autonómica. Mientras por un lado cierra filas con sus barones territoriales en contra de la propuesta acordada por PSOE y ERC, ...

Por lo visto, Alberto Núñez Feijóo quiere estar al caldo y a las tajadas con el tema de la financiación autonómica. Mientras por un lado cierra filas con sus barones territoriales en contra de la propuesta acordada por PSOE y ERC, convertida ya en el principal caballo de batalla contra el Gobierno progresista de España en la densa primavera electoral que le espera, por el otro asegura que no está contra los catalanes, sino a su favor, porque son Sánchez y Junqueras los que les han utilizado y mentido. Un clásico: con una mano atiza el discurso del agravio territorial y con la otra procura disimular el anticatalanismo que tantos votos le reporta fuera de Cataluña porque sabe que es en ese territorio donde paradójicamente se juega gran parte de su futuro electoral.

Nihil novum sub sole. Feijóo no es el primer dios Jano del Partido Popular. También exhibió su doble rostro con Cataluña Manuel Fraga, quien acostumbraba a referirse a ella como una “región industriosa”, pero que amenazó con ocuparla emulando a Felipe V o a Franco, cogiendo el fusil de nuevo en caso de ser necesario. José María Aznar, antes de hablar catalán en la intimidad se dedicó a azuzar vigorosamente el anticatalanismo, hasta el punto de afirmar que el acuerdo de financiación de 1993 entre Felipe González y Jordi Pujol era para “quitarles varios miles de millones de pesetas a los pensionistas y a los parados españoles” para dárselos a Cataluña. Eran los tiempos en que todavía se coreaba bajo el balcón de Génova aquello de “Pujol, enano, habla castellano”, luego trocado en “Pujol, guaperas, habla lo que quieras” en la época en que los votos de CiU eran imprescindibles para la gobernabilidad de la derecha. Incluso, saliendo de su proverbial tancredismo y moderación, Mariano Rajoy, que acostumbraba también a ensalzar la tópica idiosincrasia temperamental del catalán (“hacen cosas, exportan, crean trabajo… la gente cumple. Me gusta Catalunya”), llegó a crear una policía patriótica para arruinar la vida a políticos catalanistas y adoptó las más severas medidas coercitivas contra la Generalitat desde 1934.

En fin, qué lejos queda el denominado Pacto del Majestic (1996), donde, a cambio del apoyo de CiU a la investidura de Aznar, este aceptó, entre otras cosas, un nuevo modelo de financiación que incluía la gestión del 30% del IRPF y el 100% de Patrimonio, Sucesiones y Juego. O aquella otra propuesta de Alicia Sánchez-Camacho para contrarrestar el llamado pacto fiscal propuesto por Artur Mas, bautizada nada más y nada menos que como “financiación singular” (2012), que proponía poner límites a la solidaridad catalana y la creación de una agencia tributaria compartida con el Estado, aunque los barones territoriales del PP se aprestaron a rechazarla, entre ellos Feijóo, a la sazón presidente gallego. Y es que, con estos sospechosos antecedentes, el PP da por hecho que el nuevo modelo les perjudica por el solo hecho de provenir de Cataluña, aunque ese territorio ha sido siempre la locomotora de los modelos de financiación y de las demandas de mayor autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y suficiencia autonómica. Verbigracia, la cesión del 15% del IRPF acordada en 1993 con el Gobierno de Felipe González, como concesión a CiU para su investidura, siendo presidente de la Generalitat Jordi Pujol, aunque el auténtico avance se produjo con el ya citado acuerdo entre Aznar y Pujol de 1996.

Pero ya decía Marx (facción Groucho) que hay quien, partiendo de la nada, alcanza las más altas cotas de miseria. Las comunidades gobernadas por el PP se ven ahora obligadas a rechazar el nuevo modelo de financiación pese a salir claramente beneficiadas, con el pretexto de que quien sale ganando es Cataluña. Nada más lejos de la realidad. Pese a algunas concesiones como el IVA de las pymes o el fondo climático, no hay más que ver que la comunidad más aventajada en valores absolutos es Andalucía, aunque la consejera de Hacienda de esa comunidad, Carolina España, dijera que el modelo es caviar y champaña para los independentistas y un plato precocinado para el resto. O que, desde la óptica del incremento de recursos respecto del modelo actual la más agraciada es Murcia, pese a que su presidente, Fernando López Miras, sin salir del símil alimenticio, asegurase que no pensaba comer de ese guiso ajeno. Y, en fin, si nos focalizamos en el rendimiento en términos de población ajustada por habitante, la principal receptora es Cantabria, cuya presidenta, María José Sáenz de Buruaga, llegó a afirmar que su Gobierno no va a poder prestar los mismos servicios que hasta ahora.

No debe ser fácil desde el simple cálculo partidista y la ofuscación electoralista aceptar estos datos. Tampoco desde el resentimiento y el fingido despojo territorial. El socialista Emiliano García-Page, a quien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha hecho un auténtico traje a medida, ha rechazado el modelo y calificado de chantaje la opción de elegir entre el nuevo modelo o seguir con el vigente, pese a que, como advirtió la propia ministra, la Disposición Transitoria Tercera de la LOFCA ya lo prevé desde 2009. Quiere decirse que es notable el sobreesfuerzo de algunos para ocultar que el modelo tiene más recursos para todos (21.000 millones, el 1,3% del PIB, el 75% de los cuales van a parar a manos de comunidades gobernadas por el PP). El modelo propuesto corrige al fin el desequilibrio vertical entre el Estado y las comunidades en relación con las necesidades de gasto y su capacidad fiscal, porque, como ya dijimos hace un tiempo en estas mismas páginas, los ingresos autonómicos han crecido mucho menos que los del Estado.

Esta circunstancia contrasta, además, con la incapacidad del PP de articular una propuesta conjunta. Véanse las vaguedades de la Declaración de Zaragoza, del tipo que la nueva fórmula es un “sin sentido que debe ser revertido”. O la propuesta de crear un “fondo transitorio” a manera de fondo de nivelación complementario sin explicar cómo se nutre. Porque, claro está, no hay que ser un Einstein para ver que el PP lo tiene más difícil que el PSOE para conciliar los dispares intereses de sus baronías, que van desde el dumping y las rebajas fiscales de Isabel Díaz Ayuso hasta las necesidades de Aragón, fundadas en su despoblación, o de Galicia y su dispersión geográfica.

En efecto, la Declaración de Zaragoza apenas enmascara que el modelo se aparta del cumplimiento de la ordinalidad, al menos en términos de población ajustada, aunque esa exigencia se ve satisfecha de facto para Cataluña debido a que del noveno lugar se sitúa en el tercero, que es el que en justicia le corresponde (en términos de población real, la mejora es más modesta, porque pasa de la décima posición a la novena). Además, habla de que se trata de un “cupo separatista”, pese a que salta a la vista que el modelo propuesto no se mueve del régimen común, aunque experimente cambios notables debido al incremento de la suficiencia financiera con objeto de corregir la infrafinanciación estructural de algunos territorios, reduciendo a la mitad la distancia entre las comunidades mejor y peor financiadas. Por lo demás, se diga lo que se diga, la solidaridad se mantiene y es transparente: se pasa de un opaco sistema de subsidios cruzados a la creación de un fondo de nivelación horizontal dotado con el 75% de la cesta de impuestos y a un mecanismo vertical de nivelación con la aportación de 19.000 millones adicionales por parte del Estado. En fin, que no hay peor ciego que el que no quiere ver.