Valencia sienta el verdadero precedente

No por esperado, ha resultado menos trascendente. El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en la Comunidad Valenciana marca el precedente más verosímil para la victoria de las derechas el 23-J por dos razones.

Por un lado, es el primer caso en el que ha funcionado la fórmula virtuosa que los sondeos de opinión privados llevan dibujando en el imaginario del electorado español desde hace tres años: sin Ciudadanos, la derecha dividida es capaz de alcanzar la entente cordial más eficiente, con la cual PP y Vox pueden avanzar electoralmente a la vez sin perjudicarse uno a otro, pero también sin que uno pueda prescindir del otro. Es la fórmula con la que sueña la nueva derecha mediática española: el PP se consolida como partido principal, pero con un Gobierno suficientemente anclado a la derecha para que se comprometa a destruir el legado de la izquierda, algo que ni Rajoy ni Aznar pudieron o supieron hacer, según se lamenta esta desde hace más de veinte años.

Desde luego, no sirve el caso de Castilla y León, donde Vox se hizo con la representación de Ciudadanos a costa de un PP declinante, lo que pudo haber costado la mayoría a la derecha. Tampoco sirven los precedentes andaluz o madrileño. Ciertamente, Núñez Feijóo preferiría seguir la senda de Moreno Bonilla (a quien incluso votantes de centroizquierda accedieron a concederle la mayoría para no depender de la ultraderecha) o de Díaz Ayuso (cuya fórmula se basa más bien en una movilización sin precedentes de la derecha madrileña, rompiendo su techo autonómico). Esos escenarios aún resultan improbables con los datos en la mano.

Por otro lado, el acuerdo valenciano resulta trascendente por algo que estos otros antecedentes no permitían calibrar aún: esa fórmula virtuosa sirve para derrotar la alianza del PSOE con las fuerzas periféricas. El pacto valenciano alimenta también la esperanza de derrota contra esa España plurilingüística y de identidades múltiples a la que a las derechas españolas siempre les ha costado representar. No hay que olvidar que los votantes valencianos de Vox son mayoritariamente favorables a acabar con las comunidades autónomas y casi la mitad se sienten solo españoles o más españoles que valencianos, algo que les diferencia incluso de los votantes del PP.

Ese es el mensaje que ilustra el pacto PP-Vox en Valencia: si la aversión de los votantes del Botànic (la coalición entre PSOE, UP y Compromís) a Vox no fue suficiente para movilizarlos, probablemente tampoco lo sea para que toda la izquierda que votó en 2019 lo haga de nuevo el próximo 23-J. Los efectos mecánicos del sistema electoral harán el resto para manufacturar la mayoría parlamentaria.

El acuerdo deja abierto el interrogante sobre los límites que marcará el PP ante la ultraderecha. Hasta ahora, Vox apenas ha sido disruptivo en las políticas clave gestionadas por los gobiernos del PP. Incluso cuando ha intentado serlo (sobre el aborto o la educación sexual en escuelas), Vox ha chocado con la inexperiencia de sus dirigentes al plantear tales cuestiones y, sobre todo, con la solidez irreversible de la mayoría social española, algo que el PP conoce bien. Pero ¿qué papel podría desempeñar Vox cuando gane influencia sobre temas sensibles como la identidad y la lengua? Será significativo comprobar si el partido de Abascal querrá hacer bandera de ello ya antes del 23-J, pensando en unos pocos votos de más, o bien si preferirá esperar a después, pensando más bien en la eficacia de su agenda.

Todo ello parecería dar motivos para que el PSOE insista en su argumento principal: esto es lo que nos espera si la izquierda no se moviliza. Desde esa perspectiva, el PP valenciano asume el riesgo de precipitar más acuerdos con Vox en los próximos días.

Sin embargo, el verdadero riesgo será que la izquierda abuse de una amenaza que quizá ya no sea concebida como tal. ¿Hasta qué punto no hemos normalizado ya la presencia de Vox en las instituciones de tal modo que hayamos dado por descontado la ineluctabilidad del pacto valenciano y de su extensión al resto de instituciones? Si así fuera, no cabría esperar mayores consecuencias electorales por ello.

En ese sentido, el dilema planteado por Pedro Sánchez para justificar la disolución anticipada de la legislatura (o la mayoría actual o la alternativa de derechas) contribuyó a normalizar definitivamente, ante los ojos del electorado, la posibilidad de una coalición a nivel estatal entre PP y Vox.

Por esa razón, la clave de la leve (pero determinante) desmovilización que se intuye en el electorado de izquierdas no proviene tanto de su supuesta incapacidad para anticipar las consecuencias de un Gobierno Frankenstein de derechas, sino más bien a la percepción de su inevitabilidad, imbuida por la incapacidad de los partidos gobernantes de explicar para qué deben seguir gobernando juntos. ¿Sabrá explicar la izquierda española que también está en condiciones de lograr su propia fórmula virtuosa, que no es otra que la que ha deparado la mayoría parlamentaria de estos últimos cinco años?