La obsesión de París por el Islam

Políticas administrativas que anuncian desconfianza sobre los ciudadanos: fortalecimiento de medidas de vigilancia, limitación de la libertad de expresión que restringe el ejercicio de la libertad de información de periodistas independientes, recurso a semánticas vagas y represivas en los nuevos proyectos legislativos, y, como propuesta última, la persecución del llamado “separatismo”, es decir, de una presunta voluntad de quienes buscarían crear “comunidades” opuestas a la ciudadanía republicana. Una vuelta de tuerca a un “estado de excepción” que comenzó bajo la presidencia de François Hollande en 2014, tras los atentados terroristas de París, y que Emmanuel Macron extiende: es el testimonio de una degradación evidente de los derechos humanos. Esta ha sido su respuesta a los desafíos que ha experimentado Francia en los últimos años: los chalecos amarillos, otros atentados terroristas, el fanatismo que acabó con la vida del profesor Samuel Paty, la pandemia. El mandatario demuestra controlar difícilmente la situación: hizo gala de un conocimiento bastante resbaladizo sobre los fundamentos culturales de la secularidad del Estado utilizando a veces, bajo la emoción, argumentos que vulneraban el mismo principio de laicidad. Aunque reconoció su error en una entrevista con Al Jazeera, mantiene vivo su despropósito en el proyecto de ley contra los “separatismos”.

Es una propuesta de una concepción de la ciudadanía republicana particularmente rígida, en cuanto a la necesaria institucionalización de la religión musulmana. Cierto que es preciso legislar sobre las relaciones entre dicha religión y el Estado republicano, pero es un asunto que hay que afrontar de forma reflexiva y libre de todo contexto emocional vinculado al terrorismo como telón de fondo. Se ha abandonado esta sensible materia en manos de Interior (en Francia gestiona también el ejercicio de los cultos religiosos) cuyo responsable es conocido por su escasa apetencia por el diálogo: el fruto es un texto autoritario y controvertido.

El ministro sospecha, con argumentos reduccionistas, el advenimiento de un supuesto “comunitarismo” de los musulmanes; ¡tal vez identifica el hecho de rezar “en común” en una mezquita como ataque contra los valores de la República! Igualmente, parte de una premisa prejuiciosa: los musulmanes franceses constituyen una comunidad religiosa unida, una suerte de rebaño, lo que no corresponde, bajo ningún concepto, a la realidad. Por supuesto, hay instituciones islámicas privadas y lugares de culto cuya financiación y funcionamiento, como otras entidades, deben ser supervisados en el marco de la ley republicana. Por otro lado, no se le ha brindado voz a los musulmanes franceses para manifestar su elección sobre el pilar de la organización del Islam en Francia (pese a décadas de presencia en el país). El Estado tardó mucho en reconocer su legitimidad. Precisamente por sus variadas y complejas aristas, esta situación, que no se reduce a la punta del iceberg, no merece ser observada desde las entrañas de una obsesión estatal, sino estar a la altura del universalismo republicano proclamado.