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La masacre de Bogotá

Ni la historia operativa ni la capacidad actual del ELN y las disidencias de las FARC permiten creer que sean la explicación de lo ocurrido

Una manifestante patea el escudo de un uniformado durante una protesta contra la brutalidad policial en Bogotá.
Una manifestante patea el escudo de un uniformado durante una protesta contra la brutalidad policial en Bogotá.LUISA GONZALEZ (Reuters)

La madrugada del pasado 9 de septiembre fue asesinado por policías en la ciudad de Bogotá el abogado Javier Ordóñez. Al parecer, murió por golpes en un CAI. Pero previamente quedaron grabados en un vídeo los minutos de tortura que vivió Javier a manos de policías. A pesar de que los ciudadanos grababan, de que Javier pedía clemencia y de que los ciudadanos decían que ya estaba inmóvil, la agresión continuaba. Horas después, estallaban en la ciudad protestas por la violencia policial. A finales de 2019 había sido asesinado un joven de apenas 18 años, Dilan Cruz, y días antes de la muerte de Ordóñez había muerto en Cartagena Harold Morales, en extrañas circunstancias que involucraban policías.

Las protestas se extendieron por varias ciudades, pero Bogotá fue el foco. Decenas de CAI fueron atacados por jóvenes que protestaban. El viernes, la alcaldesa de Bogotá informaba el balance: 72 heridos con arma de fuego; 10 personas perdieron la vida en presuntos actos de abuso policial y hubo uso indiscriminado de armas por parte de algunos miembros de la policía. A esto se le suman otros muertos en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá. Una masacre con muy pocos precedentes en la capital.

Al día siguiente de la noche violenta, los vídeos comenzaron a surgir en redes sociales. En algunos de ellos, policías accionaban armas de fuego, se vieron imágenes de abuso policial, varios CAI quemados y personas heridas. De hecho, en uno de los vídeos se ve como un policía intercambia un arma con un civil. Horas después, la crisis institucional era más que evidente. Pues para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hubo uso excesivo de la fuerza. Por su parte, el presidente Iván Duque cerró filas en defender la policía.

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La alcaldesa de Bogotá pidió una reforma estructural a la Policía Nacional, un acto de perdón público y que rápidamente se avanzara en las investigaciones. El Gobierno, por su lado, manifestó que no había necesidad de reforma, pues ya se venía avanzando en algunos ajustes. Lo cierto es que cada hora que pasaba mostraba que la distancia entre la alcaldía y el Gobierno nacional aumentaba. Incluso, tras una reunión entre la alcaldesa López y el presidente Duque, una frase de uno de los asistentes fue: el presidente oyó, pero no escuchó.

Durante el fin de semana, la presión por saber la verdad fue en aumento. La alcaldía se mantenía en la versión y con varios vídeos, según ellos, demostraban el uso excesivo de la fuerza. Por su parte, el Gobierno, el sábado, comenzó a manejar la hipótesis de que dicha acción fue producto de un ataque coordinado en el que participaron las disidencias de las FARC y el ELN. Tal hipótesis trae tres cuestionamientos.

El primero es que una destrucción de más de 60 CAI en la ciudad nunca se había visto, ni en las mejores épocas de las FARC. Aceptar tal situación significaría aceptar que la política de seguridad ha sido un desastre, pues sería atribuirles mucha capacidad a estos grupos, que hoy por hoy muchos analistas aseguran que no la tienen. Por otro lado, contemplar la posibilidad de que el ELN y las disidencias estén detrás de un acto coordinado sugiere o bien que los policías que mataron a Javier Ordoñez hicieron parte de la conspiración, ya que las protestas comenzaron por ese asesinato; o que todo se hubiese podido coordinar en 12 horas. Ambas opciones son difíciles de sostener. Ni la historia operativa, ni su capacidad actual, permiten creer que el ELN y las disidencias sean la explicación de esto.

Una tercera hipótesis mantenida por expertos y analistas dice que lo que hubo ese día y el siguiente fue una violencia sorpresiva de tipo contagioso, en la cual diferentes grupos lograron niveles de coordinación y se produjo el famoso efecto contagio. Sin lugar a duda, los grupos que actuaron fueron de diferente índole, pero a todos los unía una ira acumulada, un desprecio a la autoridad y cada cual tenía algunos intereses particulares.

Lo cierto es que actualmente la alcaldesa de Bogotá pulverizó sus relaciones con la Policía Nacional. Algunos temen, incluso, que la retaliación de la policía sea dejar crecer los indicadores de inseguridad para afectar su imagen. Por otro lado, la sensación en una parte de la ciudadanía es que el presidente Duque dejará todo en la impunidad, ni siquiera fue capaz de remover un general. Así comienza la nueva normalidad.

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