La hora de las residencias

La muerte de cerca de 20.000 ancianos por coronavirus en residencias, muchos de ellos sin la hospitalización que requerían, es solo una dramática señal de un sector que requería un mayor escrutinio desde hacía tiempo y que la pandemia ha puesto en el punto de mira. Los protocolos aprobados en algunas comunidades para restringir la derivación a los hospitales, ante el desbordamiento de la sanidad pública, y el desgarro de ese aislamiento en los momentos finales son algunos de los hitos más dolorosos que han marcado esta etapa. La cruda realidad de los ancianos desnudó un sistema sanitario que creíamos fuerte y un modelo, el de las residencias de mayores, que se ha visto abandonado a su suerte y sostenido solo por el esfuerzo descomunal de trabajadores generalmente precarios.

Se calcula que cerca de 380.000 mayores viven ingresados en más de 5.400 residencias en España en un contexto de creciente esperanza de vida y dificultad de conciliación. Y la muerte de tantos ha sido solo la punta del iceberg de un sistema desequilibrado que hoy, dos meses después del fin del estado de alarma, se ve carente de los refuerzos y las medidas necesarias para abordar nuevas oleadas de la pandemia.

Un informe de Médicos sin Fronteras, que ha trabajado en casi 500 centros de hasta 10 comunidades, refleja no solo la dejadez en los medios materiales y la falta de una atención médica a la que el Estado está obligado, sino también la deshumanización que han sufrido los ancianos o la presión extrema sobre trabajadores que sin la formación adecuada afrontaban situaciones críticas. El estudio, aunque retrata una situación ya superada, pone el foco en el riesgo que aún afrontan las residencias: 1.200 ancianos se han contagiado en los nuevos brotes, y las organizaciones patronales y sindicales del sector están alertando de las carencias que aún sufren.

El Gobierno y las comunidades pactaron la semana pasada nuevas medidas, como la restricción de las salidas de los ancianos, de las visitas de sus familiares, así como la realización de pruebas PCR a los nuevos ingresados y a trabajadores recién incorporados. Pero los test periódicos a los empleados, que los expertos defienden especialmente en zonas de mayor incidencia, han quedado en recomendación. Y la extensión masiva de test a ancianos es otra demanda insatisfecha digna de evaluar.

En un sector que en España se ha convertido en un modelo alejado del control público, la exigencia puede ser una vía más eficaz que la recomendación. Son muchos los retos que afrontan los gestores, tanto del Gobierno como de las comunidades: uno es la extensión de pruebas con la rapidez y periodicidad necesarias; otro, la verdadera coordinación con el sistema de atención primaria y hospitalario, y, el de mayor alcance, la propia revisión y control de un modelo que ha crecido en ocasiones sin los medios ni los perfiles profesionales necesarios. Que se haya convivido con todo esto hasta ahora sin revisión alguna no significa que, ante el apremio de una nueva oleada, no se cuide a una generación que de sobra prestó ya sus servicios a la sociedad en tiempos convulsos. Vamos tarde.