Con garantías

El coronavirus ignora cualquier protocolo electoral y los rebrotes en Galicia y el País Vasco pueden suponer un riesgo para los ciudadanos que están llamados a las urnas este domingo. Garantizar el derecho al voto es una de las más elementales exigencias que tiene que atender un Gobierno. Está obligado, por otro lado, a proteger la salud de los habitantes de los territorios que están bajo su jurisdicción. Es ahí donde entra la pandemia de la covid-19, que ha trastocado las condiciones de vida de las sociedades democráticas y ha revelado que no estaban preparadas, ni económica, ni política ni jurídicamente, para afrontar una situación tan excepcional.

A pocas horas de la apertura de las urnas, el Gobierno vasco ha tomado la dudosa decisión de prohibir votar a los enfermos de coronavirus. En Galicia siguen vivos los temores de que salgan a las urnas los obligados a mantener cuarentenas tras el confinamiento en la comarca de A Mariña. Eran previsibles los rebrotes, lo eran también las respuestas ya ensayadas, como el confinamiento. Y, sin embargo, no parece que los responsables de la Administración tuvieran estudiadas las maneras de hacerse cargo de estas eventualidades cuando surgieran. Las decisiones que se están tomando tienen, así, la marca de la precipitación y la urgencia, cuando los Gobiernos del País Vasco y Galicia tendrían que hacer cuanto esté en sus manos para evitar que se genere cualquier sospecha o irregularidad, aunque sea esta administrativa, sobre las votaciones de este domingo.

Las elecciones iban a celebrarse el 5 de abril, pero la crisis sanitaria obligó a suspender la cita en las dos comunidades autónomas. Fue una decisión acertada y no ha sido excepcional en medio de la pandemia: otros países que tenían también previstos comicios tuvieron que articular respuestas parecidas. La emergencia sanitaria mostró los vacíos que existían en las legislaciones ordinarias ante una situación totalmente inédita; de hecho, la Ley Orgánica del Régimen Electoral no establece qué caminos pueden tomarse ante estas nuevas eventualidades. Tuvo sentido, pues, suspender la cita del 5 de abril y también fue lógica la decisión de los presidentes autonómicos Urkullu y Feijóo de fijar la convocatoria cuanto antes, una vez se hubiera levantado el estado de alarma y pudieran garantizarse las condiciones sanitarias para poder votar. Posponer las elecciones para una fecha que se alejara del final del verano obligaba a prolongar la inactividad de los Parlamentos ya disueltos. Y, en una época como esta, el respaldo de las urnas es necesario para afrontar los retos que se vislumbran tras los graves golpes que ha dado el coronavirus.

La naturaleza de esta pandemia, de la que no parece que vaya a salirse rápidamente, recomendaba cuando se convocaron estas elecciones arbitrar los mecanismos que fueran necesarios para propiciar la máxima seguridad sanitaria el día de la votación. La hipótesis de nuevos contagios —y la posibilidad de nuevos confinamientos— estuvo ahí desde el primer momento. Parece que no se tuvo en cuenta. Y así, horas antes de la apertura de las urnas, la improvisación marca el rumbo de las decisiones que están tomando los responsables políticos. En estas condiciones, tendrán que hilar muy fino: no puede quedar resquicio alguno a la duda de que estas elecciones se realizan con todas las garantías democráticas.