Querellas virales

El Tribunal Supremo ha recibido durante los dos últimos meses casi medio centenar de querellas y denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus, presentadas por particulares, organizaciones de diversa naturaleza y algún partido político, como el ultranacionalista Vox. Será la Fiscalía la que, a petición del Alto Tribunal, se pronuncie en primer lugar acerca de si procede aceptar a trámite las reclamaciones. La decisión que adopten los magistrados una vez que la Fiscalía remita su escrito tendrá una relevancia institucional que trasciende los casos concretos, puesto que, además de los aspectos jurídicos, contribuirá a deslindar con mayor nitidez la esfera de los actos políticos sobre los que no es posible el control de los tribunales.

La tendencia a limitar la esfera de esos actos durante los últimos años no es algo ajeno a la degradación política que vive el país. La creciente radicalización de la lucha descarnada por el poder ha convertido en irresistible la tentación de resolver en los tribunales asuntos que ni siquiera han sido abordados con el rigor requerido en las instancias representativas, y, en especial, los Parlamentos. Con el aliciente añadido de que cualquier resolución judicial de trámite obtenida en este contexto de crispación se traduce en munición electoralista para algunos partidos, con independencia del desenlace del fondo del proceso, si es que, además, este llega a entablarse. Convertir el poder judicial en una suerte de instancia de apelación política es uno de los riesgos más graves a los que venía enfrentándose el sistema constitucional, ahora incrementado por la situación de excepcionalidad generada por el virus. Y, al igual que otras derivas que deterioran las instituciones, también esta responde a malos usos en los que los partidos deberían cesar de inmediato, y no tanto a deficiencias de la arquitectura constitucional.

Los particulares y las organizaciones profesionales u otras cuentan entre sus derechos reconocidos constitucionalmente acudir a los tribunales en defensa de los legítimos intereses que consideren lesionados, y nada ni nadie puede ni reprochárselo ni, menos aún, impedírselo. El caso de los partidos políticos es diferente, porque el recurso a la justicia solo esconde una dejación oportunista de las responsabilidades parlamentarias. Una dejación que se suma a otra encubierta y que ha llegado al paroxismo bajo el estado de alarma, como es confundir deliberadamente el control al Ejecutivo con el insulto contra las personas que lo integran. Resulta revelador de la verdadera ideología de algunos partidos políticos el hecho de que, invocando la libertad y la democracia, pretendan reducir el Parlamento a una caja de resonancia para su lenguaje tabernario mientras que, entre tanto, reclaman de la justicia que sea ella la que controle la acción de Gobierno. Si las leyes solo permiten una forma de gestión política, y solo una, como pretenden esos partidos que, cuando discrepan, llevan a sus rivales ante los tribunales, la disidencia sería delito y la pluralidad quedaría automáticamente abolida, haciendo imposible la libertad y la democracia.

Más allá de la decisión que adopten los jueces, la tarea que sigue pendiente en el Parlamento es evaluar las decisiones por el Gobierno para contener la pandemia. No solo para depurar responsabilidades, si es que las hubiera, sino también, y sobre todo, para preparar al país ante situaciones semejantes.