Galicia y Euskadi

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunciaron ayer la convocatoria de elecciones en sus respectivas comunidades, vasca y gallega, para el 12 de julio. Ambos mandatarios, apoyados en un consenso general, decidieron suspender las previstas para el 5 de abril debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. La decisión de suspender los comicios, aunque excepcional, no constituye una anomalía en perspectiva comparada. Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la alarma global ante el brote de la covid-19, otros Ejecutivos, tanto en lo nacional como en lo regional o local, han seguido el mismo camino. El ejemplo más cercano es el de Francia y la suspensión de la segunda vuelta de sus elecciones municipales —tras la celebración de la primera en medio de una gran polémica derivada precisamente de la crisis sanitaria— sin que Emmanuel Macron concretara una fecha alternativa para la celebración de esta nueva cita con las urnas.

En el caso de Galicia y el País Vasco sus dirigentes han actuado con las lógicas cautelas políticas y jurídicas. El presidente gallego vinculó la celebración electoral al levantamiento del estado de alarma y de la emergencia sanitaria, mientras que el vasco la ligaba a este último requisito al ser una prerrogativa exclusivamente autonómica. Ayer, Urkullu señaló que la convocatoria electoral se hace dentro del vigente estado de alarma, pero su celebración quedará fuera del mismo, y Feijóo alegó informes sanitarios y jurídicos para acreditar que el llamamiento a votar es menos inseguro al inicio del verano que después de la llegada de turistas a Galicia, que podían aumentar el riesgo de la covid-19. Nada que objetar, aunque ambos mandatarios —especialmente Feijóo, con toda la oposición en contra— podrían haber buscado ahora el mismo grado de consenso para convocar las elecciones que supieron concitar con la decisión de suspenderlas. Un amplio acuerdo deseable ante el vacío legal que existe sobre esta cuestión y que ha revelado la pandemia, y ante el estrés que ha supuesto para nuestro sistema constitucional buscar una salida jurídica a una situación que no estaba prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Las respectivas oposiciones gallega y vasca deberían contemplar el hecho de que ambas convocatorias electorales ponen punto final a una situación de interinidad difícilmente prolongable más allá del verano, fecha de finalización de las legislaturas. Feijóo y Urkullu han recordado que sus Parlamentos están disueltos mientras sus Gobiernos siguen tomando decisiones importantes. Desde un criterio estrictamente democrático es urgente salir de este impasse, y por ello habría sido bueno maximizar el consenso de todos los actores. El contexto exige también integrar el criterio sanitario, de forma que la administración electoral garantice las mejores condiciones de salud pública, como reducir las aglomeraciones en los colegios electorales mediante el voto por franjas horarias, o prever mecanismos para hacer más sencillo el voto por correo. El momento es oportuno para estudiar sistemas que no respondan a la dinámica voto/papeleta/recuento, como viene haciéndose desde hace décadas en otros países, para hacer el proceso electoral más seguro desde el punto de vista sanitario.