En la buena dirección

La propuesta franco-alemana de ayer a los 27 sobre el fondo de reconstrucción europeo contiene elementos positivos, que la configuran como patrocinadora de un avance europeísta y económico sustancial, pero también aspectos más discutibles, ambiguos o inconvenientes. Así que, como se dice ante estos casos en la jerga diplomática, “va en la buena dirección”, exhibe más calado que una “base de trabajo”, pero debe completarse, concretarse y perfilarse mejor.

Lo mejor es, sin duda, que propugna financiar el fondo de reconstrucción con una emisión de deuda común —eurobonos compartidos, aunque todavía no mutualizados—, gestionada por la Comisión, con garantía del presupuesto europeo. Y por una cuantía inédita de medio billón de euros: suma 10 veces más que el casi desconocido fondo de apoyo a las balanzas de pagos a los socios no adscritos al euro, también financiado con deuda.

Así que es una propuesta de dimensión histórica y, especialmente, cuando llega en un momento de cierto reflujo institucional sobre las apuestas económicas estratégicas de la Unión. Un momento que está marcado tanto por la evidente y vacilante incomodidad de la Comisión a la hora de lanzar un plan ambicioso —lo que se está traduciendo en su pertinaz tardanza en completarlo— como por las incógnitas que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán suscitaban sobre la reacción europeísta del Gobierno federal de coalición.

Sobre la configuración del fondo conviene resaltar que, aunque su cuantía propuesta es de momento inferior a la propugnada por España, nada debe impedir aumentarla, ya de inicio, ya en cuanto se verifique su probable insuficiencia. Pero tiene la ventaja de que de entrada supera las cifras adelantadas por Bruselas: una deuda de 322.000 millones que activaría, vía multiplicadores de la inversión, en torno a un billón y medio de euros.

Y hay que celebrar, sobre todo, que se trate enteramente de dinero para subsidios, porque la totalidad de esos recursos nutrirían los actuales (o nuevos) fondos estructurales comunitarios que, por definición, son transferencias y no créditos a los Estados miembros beneficiados.

Con todo, las ambigüedades no son menores. Sobre el plazo y el modo de repago de la deuda a sus compradores, el plan menciona nuevos recursos propios, tasa digital y otros impuestos, pero sin mucha concreción.

El punto más polémico es, sin duda, que postula exigir a los receptores “un claro compromiso” de “seguir políticas económicas sanas”. Si eso equivaliese a la vieja y cruel “condicionalidad estricta” impuesta a los países vulnerables, resulta rechazable. Si se trata de exigencias simétricas y neutrales para todos —sobre el déficit público sureño, pero también contra el excesivo superávit nórdico—, acreditaría una lógica con sentido para todos.