De la “urgencia” del presidente al “diálogo” de Sheinbaum: las dos narrativas de la reforma judicial

La reforma judicial se ha convertido en el asunto clave del Gobierno que se acaba y del que empieza. Y de la intersección entre ambos que se da estos días, en los que hay una presidenta electa tras ganar las elecciones, Claudia Sheinbaum, y un presidente que concluye su mandato el 1 de octubre. Aunque ambos son del mismo partido y manifiestan una sintonía casi completa, la reforma del poder judicial deja entrever algunas discrepancias, aunque solo sean de procedimiento. Contrasta la urgencia por aprobarla que acucia al presidente Andrés Manuel López Obrador y los más sosegados foros de diálogo que propone el equipo de Sheinbaum, además de una posible encuesta a la población para decidir sobre este espinoso proyecto, al que se atribuye el nerviosismo en los mercados y la caída del peso desde el 2 de junio, cuando se conoció que los comicios habían concedido a Morena una excepcional mayoría en el Congreso que permite abordar los cambios constitucionales de inmediato, o sea, antes de que concluya septiembre y el presidente se vaya a La Chingada, el chistoso nombre de su rancho en Palenque.

Desde las elecciones no se ha dejado de hablar de la reforma judicial, por la que le preguntaron al mandatario el lunes tras los comicios. A la par que felicitaba a la candidata electa, López Obrador insistía en el proyecto al que más esfuerzos ha dedicado en su mandato, pero que no pudo llevar a cabo porque perdió la mayoría cualificada en las Cámaras en 2021. Desde entonces, y aun antes, el presidente viene planteando una elección de los jueces de la Suprema Corte y de todos los demás del ámbito federal mediante el voto de los ciudadanos, la única manera, dice, de sacar la corrupción de los tribunales, a los que acusó este martes, de nuevo, de estar secuestrados por “el crimen organizado” y por los intereses “de cuello blanco”. “No están al servicio del pueblo”, ha asegurado una y otra vez.

El contrapeso que puede suponer un Poder Judicial independiente del Ejecutivo es lo que mantiene cierta tranquilidad en los mercados económicos, inquietos ahora porque determinadas reformas que no sean de su agrado se aprueben con la inmensa fuerza que ha ganado el partido del Gobierno en el Legislativo y sin freno posible en la Corte. Esa es la razón por la que Claudia Sheinbaum se ha esmerado, desde que alzó su brazo victorioso el 2 de junio, en calmar los ánimos ante la caída de la moneda y otras señales financieras. Entabló conversaciones de inmediato con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la OCDE y con la gran gestora internacional de inversiones BlackRock. Este martes ha tenido un primer contacto con el Gobierno de Joe Biden para hablar de Seguridad, tras el cual ha insistido en que los inversores pueden estar tranquilos, “México es un Estado de Derecho”.

Antes de la campaña electoral, cuando Sheinbaum estaba conformando su equipo, trascendió que mantenía algunas discrepancias sobre el modelo de elegir a los jueces. En lugar del voto popular para todos, lo limitaba a la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. El resto de los magistrados de la jurisdicción federal seguiría su carrera laboral prevista. Y sugería que el presidente de la República propusiera 10 nombres, el Senado otros 10 y la Cámara de Diputados otros 10, con unos perfiles y requisitos concretos. A partir de ahí, los aspirantes harían campaña para ser elegidos por el pueblo, un método híbrido de elección indirecta. En la actualidad, el método es el siguiente: el presidente plantea una terna que ha de votar el Senado. Si por dos veces la rechaza, el mismo presidente decide, algo que ya ha ocurrido con la última integrante, Lenia Batres, que accedió de este modo a la Suprema Corte para ocupar la plaza que dejó libre el ministro Arturo Zaldívar, quien pasó a integrarse en el equipo de Sheinbaum como asesor, precisamente, de asuntos judiciales.

Zaldívar ha reiterado este martes la intención de llevar este asunto de la mano del diálogo, con consultas entre jueces, abogados y expertos del mundo académico. “Si hay razones de peso se harán ajustes, claro que se pueden hacer, si no, no tendría caso abrir una consulta”, ha dicho en declaraciones al periodista Ciro Gómez Leyva. Estos foros podrían llevar un tiempo, y más si se hace una encuesta entre la ciudadanía para ver “qué opina el pueblo sobre el Poder Judicial”, como ha declarado Sheinbaum horas después. Todo ello parece indicar que las prisas del presidente no tienen el eco supuesto en el cuartel de su sucesora, que se inclina por calmar a los mercados, incluso ha dejado caer que si no es en septiembre, la reforma será al principio de su mandato, otra posible ampliación de los plazos previstos. Para López Obrador, “la justicia está por encima de los mercados” y quienes protestan solo son “promotores del nerviosismo”, dijo la semana pasada. Aunque en las últimas horas, más contemporizador, ha asegurado que “limpiar el Poder Judicial da confianza a los inversionistas”. Pero “urge”, ha reiterado.

La oposición está protestando, desde luego. La mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados y apenas a dos o quizá tres escaños en el Senado, supone para los partidos adversarios una aplanadora que aventuran como “un cambio de régimen”, empezando por la reforma judicial y siguiendo por la electoral. Otras de las medidas previstas por López Obrador, para lo que llamó al pueblo a votar masivamente su proyecto, secundado por Sheinbaum, es la eliminación de diversos organismos autónomos, por ejemplo el regulador del mercado energético, el de las telecomunicaciones, el Instituto de Transparencia o el Electoral. El “peligro” de estas reformas ha constituido buena parte de la campaña electoral de la oposición, que advirtió de que México caminaba por una senda antidemocrática si se aprobaban en las Cámaras. Pero el voto no ha avalado sus criterios. Muy al contrario, ha dejado al presidente carta blanca para lo que Luis Donaldo Colosio, senador electo por Movimiento Ciudadano, calificaba este martes como una “politización caprichosa del Poder Judicial que puede desestabilizar todo el sistema de procuración de Justicia”.

La satisfacción tanto de la candidata como del presidente por los resultados electorales se mantiene estos días en plena luna de miel. Sheinbaum y López Obrador ya se han reunido para iniciar el traspaso de poderes y viajarán juntos para visitar algunos de los proyectos emblemáticos de esta Administración y conocer otras acciones del Gobierno en todo el país. Pero el asunto de la reforma judicial sigue pendiente y no deja de hacer ruido. Será posiblemente la primera decisión donde se verá hasta dónde llega la persuasión del mandatario y la independencia de su sucesora. “Procuraré no molestarla”, dijo López Obrador tras conocer su triunfo electoral. En México, el poder de un presidente comienza a difuminarse el día en que el siguiente gana las urnas. Pero en esta ocasión, paradójicamente, porque son del mismo partido, las ecuaciones políticas son mucho más complejas.

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