El candidato atacado en una comunidad tsotsil: “Con la soga al cuello, claro que temí por mi vida”

Cerca de nueve horas estuvo retenido el candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas en el pueblo indígena de Los Llanos y el vídeo en el que una horda de hombres le humilla por las calles, descalzo y con una soga al cuello lo ha visto medio México. Quizá más. ¿Temió por su vida? “Sí, tuve un temor natural, no tengo por qué negarlo. Yo no entendía lo que pasaba, no había hecho nada. Por eso les decía que no me hicieran daño. Pero con la soga, sí, sentí temor”, dice por teléfono Juan Salvador Camacho Velasco. Aunque todo el mundo sabe que en algunos poblados indígenas acostumbran a presionar y ridiculizar así a aquellos con quienes dicen tener cuentas pendientes, la cosa no tiene gracia cuando se conocen también varios casos de linchamientos en pueblos habituados a tomarse la justicia por su mano.

En plena campaña electoral en México, no son pocas las anécdotas hilarantes o esperpénticas que se viven a diario, pero una soga al cuello es algo más que eso en un país donde reina la violencia y donde más de 30 candidatos o aspirantes han sido asesinados en unos meses. Los consultados en este reportaje condenan sin fisuras lo ocurrido, lo enmarcan en una tradición que se repite y, sin justificarlo, lo achacan a la pobreza y el abandono institucional que reina en estas poblaciones. El propio candidato, que acudió al pueblo con su mujer y sus hijas -estas no fueron retenidas, aunque sí parte del equipo de campaña- entiende la frustración de los lugareños de esta comunidad tsotsil en el corazón de Chiapas. “No tienen servicios básicos, agua, apenas un 10% luz eléctrica, no hay pavimentación en las calles, la escuela se está derrumbando, no hay servicio médico. Esa es la realidad”, dice Camacho Velasco. “Y queríamos palparla y saludar”, añade.

Pero pronto fue acorralado, despojado de los zapatos y humillado por medio centenar de “puros hombres y algunos jóvenes” que no querían “políticos de ningún color” en el pueblo. En la celda donde fue secuestrado por unas horas pudo recibir galletas, una torta, agua y una chamarra, porque “hacía frío”. Estaba descalzo en un suelo de tierra y piedra. Así pasaron horas hasta que lo liberaron y pudo negociar con ellos. “Les pedí disculpas por todos los partidos políticos y por los tres poderes del Estado. Les hemos fallado. Son comunidades muy marginadas. Me comprometí a llevar desarrollo si soy elegido”. Acabaron brindando con posh, un destilado de maíz que sellaba una invitación para el 30 de mayo. El candidato morenista niega que él les hubiera prometido algo que no cumplió cuando era diputado local, como se ha publicado. “Yo nunca estuve allí antes, nunca ningún candidato va a ese pueblo”, dice. Asegura además que no pagó los 300.000 pesos que le pedían por su liberación, “que al principio eran 500.000”.

“Eso es un secuestro exprés y las autoridades deberían de perseguirlo”, comienza Juan Manuel Zardain, que trabaja en la unidad de transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Habla, dice, a título personal. “Es un exceso esta forma de hacer justicia por su propia mano. Las autoridades suelen decir que no intervienen porque no hay lesiones, pero sí hay humillación y denigran a un ser humano. Si quieren castigar que lo hagan en las urnas. Es un abuso que se repite”.

Y se repite desde hace siglos. “Desde la violencia colonial que ellos mismos vivieron y que aún no se ha ido”, asegura la antropóloga Araceli Burguete. “Ellos lo mamaron de sus patrones, mestizos y criollos, es la forma en que ejercían el poder, así lo aprendieron”. Aunque a Burguete le parece lo de la soga “un exceso” que condena por “injustificable e ilegítimo”, lo inscribe en la historia de la violencia que han vivido estos pueblos. “Es una teatralización, una forma de humillar y de buscar un efecto mediático. Busca amedrentar también ante la campaña electoral, para que la gente no vaya a votar, por ejemplo. También lo hacen con personas de su propia comunidad, con un dirigente que no ha cumplido lo que prometió. Los visten de mujer, porque es la forma de humillarlos. Y a las propias mujeres también las retienen. Hay regidoras con miedo que no se atreven a entrar en política por esa razón, incluso las pueden violar”, sigue esta profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (Ciesas). “Estos hechos son reprobables donde quiera que ocurran, cualquier violencia en el ejercicio del poder lo es”, añade. En los últimos años, afirma, se han recrudecido estas manifestaciones, hay intereses políticos detrás, una guerra sucia”. Para ella, estas “prácticas culturales son un ejercicio de presión, quieren simbolizar que no se cumple con los compromisos, de ahí la ridiculización, y son frecuentes. Hay que recordar que lo que ahora llamamos usos y costumbres son prácticas ancestrales de cómo los patronos trataban a los indígenas”.

Cecilia López fue una de las primeras alcaldesas indígenas, en el municipio chiapaneco de Oxchuc en 2011 y 2012 y ahora prosigue su vida política como candidata a diputada local por la una coalición de partidos, entre ellos Morena, el PT, el Verde y dos de su Estado. “Los pueblos nos regimos por usos y costumbres, pero la fase fundamental es el respeto mutuo y esto se logra con diálogo, negociación y buenos acuerdos. Lo que le ha ocurrido a Salvador es totalmente reprobable, inadmisible. Por milenios nos hemos regido con nuestras normas y ahí no se contempla la violencia”, afirma. Achaca estos comportamientos a “la pobreza, no solo por falta de dinero” que se vive en estas comunidades. “Nos envuelven con facilidad algunos líderes con intereses inconfesables y todo eso se torna violencia. Las autoridades que eran el pilar fundamental de nuestras estructuras comunitarias se han ido perdiendo por la competencia política, que no las tienen en cuenta. Estos procesos políticos han debilitado dichas estructuras”, asegura. “Esos actos de violencia no son propios de nosotros, no son usos y costumbres de un sistema político en sana convivencia, sino de una competencia política. Nos lavan el cerebro e inculcan la violencia contra personas que no son de su militancia. Están manipulados”, añade por teléfono.

Al otro lado del arco político, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chiapas, Carlos Palomeque, también condena lo sucedido. “Es lamentable que en un proceso que debería ser tranquilo se den estas situaciones. Son chantajes económicos, secuestros exprés. No lo festejamos, ningún candidato de ningún partido debería pasar por eso”. Entre sus explicaciones de por qué se dan estos desagradables espectáculos, menciona los usos y costumbres por los que se rigen en estos pueblos, con determinados excesos para los que “se ha tenido mucha tolerancia”. “Incluso se han impulsado estos actos desde los gobiernos de todos los niveles”. En el lado de la responsabilidad, asegura que las acciones de los partidos " a veces acaban enfrentando a los ciudadanos”.

Quienes viven en estas poblaciones relatan sucesos que parecen inverosímiles a la luz de este siglo. Regidores a los que obligan a caminar durante 10 horas como castigo porque no ha llegado el fertilizante cuando ya se ha sembrado el maíz; repartidores de refrescos desaparecidos por algunos días que resultaron encerrados en el calabozo por algún motivo inexplicable; el cobro de 3.000 pesos por una gallina que se atravesó entre las ruedas de un vehículo que pasaba por allí. O, directamente, linchamientos, si el agravio es mayor. No es inusual que amenacen con rociarlos con gasolina y quemarlos o que retengan a gente para sacarles dinero. Pero esto de los candidatos se había visto menos. Lo de la soga al cuello es una última audacia que deja sin palabras.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país