Sheinbaum busca consolidar y centralizar los superpoderes de Harfuch en Seguridad e Inteligencia

La presidenta, Claudia Sheinbaum, apresura la consolidación de su estrategia de seguridad con un par de iniciativas enviadas al Congreso que buscan reforzar las superfacultades que le dio en la Constitución a la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch. Un registro nacional de usuarios de telefonía móvil para combatir el secuestro y la extorsión, actualización diaria de bases de datos, y la concentración de las labores de investigación en la dependencia. Estas son las apuestas de las dos leyes en materia de seguridad enviadas este jueves al Congreso por la mandataria. El plan contempla una reingeniería de las instituciones de seguridad a las que obliga a compartir diariamente la información que generen. Y sobre todo, otorga aún más poder a Harfuch tras la reforma constitucional que le daba competencias en investigación a su dependencia.

Estas leyes derivan de hecho de la enmienda al artículo 21 de la Constitución aprobada en noviembre por para ampliar y reforzar el papel de la Secretaría de Seguridad. La apuesta por Harfuch queda ilustrada también con la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por la presidencia, pero que en su ausencia, lo será por el secretario de Seguridad. El supersecretario tendrá amplias atribuciones como la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. También tendrá autorización para coordinar a los tres niveles de Gobierno en el país y con ello el poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los Estados.

La Agencia de Transformación Digital será otra pieza estratégica. La instancia echará a andar una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil que obliga a las empresas de telecomunicaciones a dar el alta de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas móviles y tiene el poder de inhabilitar las líneas no asociadas a persona alguna. Las facultades son amplias. La agencia podrá utilizar la información para nutrir, incluso para obtener datos de prueba para las investigaciones.

Las propuestas presidenciales han de pasar por el análisis del Legislativo, dominado por el bloque oficialista. Solo requiere de mayoría simple de las dos cámaras, es decir la mitad más uno. Otro pilar es robustecer las políticas de acreditación, certificación y profesionalización en los tres órdenes de Gobierno. También contempla la certificación individual del personal y acota que no se limitará a las evaluaciones de control y confianza.

La iniciativa obliga a las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales, así como policiales, de procuración de justicia o penitenciarias a compartir y actualizar diariamente la información que generen. Y todo quedará bajo la administración y el resguardo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque con clasificación reservada. Lo mismo ocurrirá con los registros nacionales de detenciones, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, información criminal, personal de seguridad pública, entre otras.

En el ramo de la Inteligencia faculta a la Secretaría de Seguridad en la coordinación del sistema, las dependencias estatales y municipales deberán proporcionar la información que dispongan en la materia. Esto implica el control de la dependencia en casi todo. Implica una batería de registros: vehiculares, biométricos, telefónicos, armas de fuego, de comercios, de inmueble, entre otros. Adicionalmente, el sistema a cargo de Harfuch podrá realizar funciones, tareas y productos de inteligencia. Esto implica la elaboración de mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales. Así como de incidencia delictiva por localidad de municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias de interés estratégico.