Pacificación, control territorial e integración de la Guardia Nacional: los retos de seguridad que marcan la llegada de Sheinbaum

Hace un par de semanas, un documento de 17 páginas titulado “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 días” empezó a circular en redes sociales. Poco después, aparecía colgado en la web de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán. El documento, fechado en septiembre de este año, recogía las aparentes líneas maestras del gabinete de seguridad del Gobierno entrante, que dirigirá la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Los canales de distribución hacían pensar en su carácter apócrifo, pero EL PAÍS ha podido confirmar que se trata de un documento real, una ventana a los esfuerzos del Ejecutivo contra la violencia en su primer trimestre.

Más allá de la extrañeza por la filtración, hay varios puntos a destacar en el documento. Sobresale la fijación del nuevo gabinete con los principales focos rojos del país, por la cantidad de asesinatos vinculados al crimen organizado: Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cajeme, Tlajomulco y Colima, además del área limonera de Michoacán y diferentes puntos de Chiapas. El texto propone una doble aproximación, por un lado, “la identificación de generadores de violencia y estructuras de mando”, de los grupos criminales. Y por otro, la “investigación focalizada en la identificación de actividades como tráfico de personas, extorsión, secuestro”, etcétera.

El documento incorpora herramientas y planes que atañen al desarrollo de capacidades policiales dentro y fuera de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirigirá el exjefe de policía de Ciudad de México y mano derecha de Sheinbaum en la capital, Omar García Harfuch. Así, en la página cuatro, el texto señala la creación de una subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial al interior de la dependencia, y un fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia que, salvo sorpresa, dirigirá el colaborador por años de García Harfuch, Francisco Almazán Barocio.

Es relevante el énfasis en el desarrollo policial, apoyado además en el “fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dependencia enfocada en la capacitación y evaluación policial, no solo en las agencias federales, sino también en las estatales. No en vano, uno de los apartados bajo este precepto señala la necesidad de establecer “metas y estándares de evaluación para el desarrollo de las 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios” de los Estados. Es relevante el énfasis, por la tremenda discusión que México ha sostenido estos años, a cuenta de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Hace unos días, el Congreso aprobaba definitivamente la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, situación que revitalizó el debate sobre la conveniencia de que la principal corporación con vocación policial del país quedara bajo mando militar. La opacidad y el escaso gusto castrense por la rendición de cuentas preocupa fuera de la órbita de Morena y sus aliados. Pero en el nuevo Gobierno, el cambio se asume como un proceso natural sobre el que construir una estrategia nueva, depurada, que trascienda al despliegue de efectivos, paradigma del Gobierno saliente.

De Harfuch al fentanilo

“Yo creo que el reto principal del nuevo Gobierno es doble, por un lado, la pacificación y, luego, recuperar el control territorial”, argumenta Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, empresa que monitorea la criminalidad en el país. El experto insiste en la importancia de la figura de García Harfuch. “Va a ser un hombre inmensamente poderoso. Ojalá tenga templanza y madurez para ocupar el lugar que se le abre, y lo aproveche para lanzar una política audaz en materia de seguridad, porque va a tener el apoyo incondicional de ejército y marina”, añade.

Guerrero asegura que Harfuch “estuvo involucrado en los nombramientos en estas secretarias”, en referencia a los próximos encargados de Defensa y Marina, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Pedro Morales. “Mucha gente habla de que García Harfuch va a ser marginal, pero en realidad va a tener las dos secretarias militares a sus órdenes. Obviamente, con todos los formalismos, los protocolos. Pero él va a ser el gran estratega del próximo gobierno en materia de seguridad”, señala.

Para Renato Sales, comisionado nacional de seguridad durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el documento filtrado sobre la estrategia del nuevo Gobierno resulta razonable. “Los retos son similares a los del [Gobierno] saliente, y también a los del anterior. El problema de seguridad, vinculado al trasiego de opioides, principalmente, tiene que ver con muchas cosas, con la demanda en EE UU, con el arribo de precursores químicos a Manzanillo... Si miras, Colima sigue teniendo el índice más alto de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque Manzanillo es el principal puerto de altura del país, que puede recibir barcos de gran calado, con un tráfico de tres millones y medio de contenedores al año, principalmente de oriente”, explica.

“Las rutas por el cruce de fentanilo al norte siguen siendo materia de disputa entre los dos grandes grupos criminales, igual que hace seis años, el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, añade. “Desde luego hay subgrupos, divisiones, etcétera, pero los dos grandes grupos siguen disputando el mercado. Entonces, yo creo que ese es el desafío central”, insiste Sales. “Y luego, también, el trasiego de armas de fuego a México. En 2007, de cada 10 homicidios, tres eran con arma de fuego, en 2024, son ocho, según el Secretariado Ejecutivo. Y ocho de cada 10 armas vienen de EE UU. Hay que tener claro que nuestra frontera, más de 3.000 kilómetros, es porosa”, argumenta.

Una de las páginas más vistosas del documento es la número 13. Se trata de un mapa de México, en que están pintadas por colores las áreas de influencia del Cartel de Sinaloa y del CJNG. Los primeros, con sus peleas y batallas, como ahora en Culiacán y alrededores, aparecen dominando toda la parte norte, desde Baja California a Coahuila, además de partes de Chiapas y la península de Yucatán. Los segundos prevalecen en la zona centro, de costa a costa. Su presencia solapa otras, de grupos menores, dedicados a diferentes actividades en la economía criminal. En este ecosistema, la extorsión y otros delitos extremadamente lesivos contra la población prevalecen.

Así, los planes del gabinete de seguridad parecen claros. Por un lado, armar “10 fuerzas de tarea, con integrantes del Ejército, la Armada y la secretaría de Seguridad”, dedicadas a los 10 focos rojos y las dos zonas de vigilancia especial. Por otro, dar utilidad a los miles de agentes de naturaleza civil que dejarán la Guardia Nacional para incorporarse a la secretaría de Seguridad, tras su cambio definitivo a la Secretaría de la Defensa. “Creo que Harfuch va a armar una burocracia enorme con esos agentes, que responda a las necesidades de investigación, que de alguna forma cubran los déficits estatales en la materia”, dice Guerrero. Una opinión parecida tiene Sales. “Yo creo que se quedarán investigando, en tareas de campo y escritorio, fortaleciendo esfuerzos en los Estados”, zanja.