Ofensiva total del Estado por el caso de Rosendo Radilla y la Guerra Sucia

Como un río en plena crecida, el Estado mexicano ha salido en tromba a impugnar la histórica sentencia del caso Rosendo Radilla, el activista desaparecido a manos de militares en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, en agosto de 1974. En la sentencia, publicada en agosto, un juzgado federal exigía a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el caso y su contexto como terrorismo de Estado, entre otros temas. Pero lejos de asumir el mandato, hasta seis dependencias, entre ellas la propia FGR, la Consejería Jurídica de la Presidencia y las secretarías de Gobernación y de la Defensa, han impugnado la sentencia.

El argumento principal, que comparte la mayoría, ni siquiera apunta al fondo del asunto, la pertinencia de calificar la Guerra Sucia en Guerrero como terrorismo, patrocinado desde la estructura estatal. En vez de eso, los recursos se centran en la potestad del juzgado para meterse a recalificar los delitos cometidos, posibilidad que estos textos niegan. Humberto Guerrero, parte del equipo de abogados de la familia Radilla, comparte su sorpresa por la avalancha de impugnaciones. “Era previsible que la FGR se inconformara en algunas cosas, pero no esperábamos una respuesta así en bloque”, explica.

Los recursos han llegado al juzgado en las últimas semanas, coincidiendo con el cambio de guardia en el Gobierno federal. El 2 de octubre, primer día de Claudia Sheinbaum como presidenta, el Ejecutivo aprovechaba la fecha para pedir una disculpa pública por la matanza de Tlatelolco, uno de los eventos más representativos de la Guerra Sucia, ocurrido en Ciudad de México, en 1968. Decenas de estudiantes que marchaban contra la represión murieron asesinados aquel día por militares y agentes irregulares. La ironía es que mientras la mandataria acumulaba motivos para la disculpa por Tlatelolco, la burocracia del Estado tomaba el camino contrario en el caso Radilla.

Humberto Guerrero, parte de la organización Fundar, que ha acompañado cantidad de casos de los años de la Guerra Sucia, dice que “todo resulta muy contradictorio. Contrasta mucho ese mensaje que quiso mandar Sheinbaum”, dice, “con la respuesta real de las instituciones del Estado en un caso como el de Radilla, sobre todo cuando tiene que ver con hacer justicia en un caso concreto”, añade. Con sede en Guanajuato, el juzgado que calificó la Guerra Sucia en Guerrero como terrorismo de Estado deberá mandar los recursos a un tribunal superior para ver si los admite a trámite. De ser así, los abogados de la familia Radilla podrán interponer su propio recurso, para que el tribunal decida sobre la sentencia.

Esta embestida estatal ocurre además unas pocas semanas después de que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, parte de la comisión de la verdad para la Guerra Sucia, que depende de Gobernación, publicara dos exhaustivos informes sobre la contrainsurgencia entre 1965 y 1990. Centrados en los diferentes colectivos de víctimas, los informes señalan el carácter generalizado de la represión a todo tipo de disidencia, más allá de la política, que dejó al menos 9.500 víctimas de graves violaciones a derechos humanos, principalmente de desaparición forzada, pero también de tortura y ejecución.

Publicada en agosto, la sentencia del caso Radilla, cuya confección estuvo a cargo de la jueza federal Karla Macías, fue recibida como un hito para la familia del activista, una victoria en el lastimoso proceso de investigación de la represión estatal. Además de ordenar a la Fiscalía que recalificara los delitos a investigar bajo el paraguas de terrorismo de Estado, Macías ordenaba a la dependencia que procese a decenas de militares por presuntos delitos cometidos entonces, entre ellos al secretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el general Enrique Cervantes Aguirre, y exigía que algunas de las instalaciones castrenses empleadas en la represión se conviertan en museos de memoria.

La sentencia

Como tantos otros en la época, Rosendo Radilla desapareció en el marco de los operativos del Ejército contra la guerrilla. En su caso fue en agosto de 1974, en el municipio de Atoyac, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Su desaparición ocurrió en un momento de gran tensión en la región. En mayo de 1974, el Partido de Los Pobres, organización que encabezaba Lucio Cabañas, había secuestrado al cacique guerrerense Rubén Figueroa, candidato del PRI a gobernador. El Ejército ocupó la sierra, como narra magistralmente Carlos Montemayor en Guerra en el Paraíso. En esas cayó Radilla, en un retén.

Pese a las pistas y rumores que aparecieron con el paso de los años, ni él ni su cuerpo se encontraron nunca. Su familia, principalmente su hija Tita, ha peleado desde el principio para que las autoridades busquen y encuentren el cuerpo de su padre. La familia denunció el caso por primera vez en 1999. En 25 años, la acción de las autoridades ha sido frustrante. La sentencia de la jueza Macías afea la desidia de la Fiscalía estos años y señala que, en realidad, toda la información acumulada en este tiempo daba para profundizar en el caso, procesar a posibles implicados, realizar búsquedas...

“La ineptitud de la fiscalía no solo impide el conocimiento de la verdad”, escribe Macías en la sentencia, “sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel”. El texto señala lo absurdo de las acciones de la Fiscalía en materia de búsqueda. En todos estos años, ha hecho varias excavaciones, pero todas en el mismo lugar, el viejo cuartel militar de Atoyac.

El caso del general Cervantes Aguirre es especialmente lacerante. Secretario de la Defensa con el priista Zedillo (1994-200), en la época de la represión fungió de jefe del Estado Mayor de la 27ª Zona Militar, al menos en febrero de 1975 y febrero de 1976. El primer informe del equipo de investigadores de la comisión actual que investiga la Guerra Sucia señala a Cervantes Aguirre como un “caso emblemático de impunidad”. Cervantes Aguirre trabajó como asesor del ahora exsecretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y fue condecorado el año pasado por Andrés Manuel López Obrador.

Además de los recursos de Defensa y Gobernación, FGR, Consejería Jurídica de la Presidencia, la Fiscalía de Guerrero y la comisión Nacional de Búsqueda impugnaron la sentencia de Macías. Para Humberto Guerrero, la de la Defensa es especialmente llamativa. “Nos llama la atención sus argumentos, es como si defendiera la actuación de la FGR. O sea, no es que defiendan sus propios actos, sino la actuación de la Fiscalía”, señala. El caso queda ahora en el tejado de la justicia, inmersa en un periodo de cambio radical, que podría complicar su avance.