De desaparición forzada a terrorismo de Estado: la jueza del caso Rosendo Radilla da un vuelco a las investigaciones de la Guerra Sucia

Una jueza federal ha concluido que la represión del Estado mexicano en Guerrero durante la década de 1970 fue terrorismo de Estado y ha exigido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue bajo esa lógica el caso del activista Rosendo Radilla, desaparecido en el municipio de Atoyac, en 1974, a manos del Ejército. En la resolución de un juicio de amparo, la jueza, Karla Macías, ha ordenado además a la FGR que procese a decenas de militares de alto rango supuestamente implicados en el caso del activista, entre ellos el exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre.

La sentencia golpea con dureza a la FGR y sus antecesoras. “La ineptitud de la fiscalía no solo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel”, señala el texto. La jueza ordena además al Gobierno que declare “Zona de Monumentos Históricos” las viejas instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar, en Ciudad de México, y una parte de la base aérea de Pie de la Cuesta, en Guerrero, lugares centrales de la represión.

Resulta novedoso que un juzgado en México se expresa en esos términos, terrorismo de estado, sobre los miles de delitos y violaciones a derechos humanos cometidas durante los años de la Guerra Sucia, de 1965 a 1990, periodo en que los sucesivos Gobiernos del PRI embistieron brutalmente contra todo lo que oliera a disidencia. “Es la primera vez que la justicia nacional coloca en su justa dimensión el caso Radilla y la Guerra Sucia a través de una sentencia”, explica Humberto Guerrero, abogado de Tita Radilla, hija del activista desaparecido.

La desaparición forzada de Radilla, que motivó una condena al Estado mexicano por parte de la CIDH, es un caso paradigmático del periodo contrainsurgente, uno de los que mejor simbolizan la represión estatal y la posterior desidia de los gobernantes para hacer justicia a las víctimas. A día de hoy, la Fiscalía mexicana solo ha logrado una condena por delitos cometidos en ese contexto, un agente de rango medio de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Procesos como el que se inició contra el expresidente Luis Echeverría por genocidio quedaron en nada. México cuenta todavía cientos de desaparecidos de ese periodo, miles de víctimas de ejecución, tortura, detención arbitraria, violación…

Desde 2000, el Estado ha hecho esfuerzos por documentar y perseguir lo ocurrido, de momento con escaso éxito. El presidente Vicente Fox (2000-2006) creó una fiscalía especial al inicio de su mandato, encargada de documentar desapariciones forzadas y demás delitos del pasado. Cinco años más tarde, el Gobierno desmanteló la unidad sin publicar siquiera un informe de sus hallazgos. La fiscalía sólo consiguió una condena, mencionada en el párrafo anterior, por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, en 1977, en Mazatlán, Sinaloa.

Años después de aquello, el Gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, creó una comisión de la verdad para la Guerra Sucia, cuyos trabajos aún no concluyen. Hace unos días, uno de los equipos de investigación que la componen presentó el primero de dos informes, señalando que la contrainsurgencia trascendió a las disidencias políticas. Fue, dijeron sus responsables, algo mucho más generalizado y amplio, y apuntó a campesinos, vecinos que protestaban contra grandes proyectos de obra pública, homosexuales, transexuales… A falta del último informe y del conglomerado final, a cargo de la Secretaría de Gobernación, la pregunta es qué recorrido legal tendrán estos trabajos.

Palo a la FGR

Rosendo Radilla fue uno de tantos luchadores sociales que surgieron en Guerrero en la segunda mitad del siglo pasado. Agricultor, músico aficionado, llegó a ser presidente municipal de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande. Simpatizante de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fue víctima del Plan Telaraña, operativo del Estado en la región, cuyo objetivo era erradicar toda disidencia. En el caso del activista, su único delito fue componer corridos en honor a Cabañas.

Su desaparición ocurrió en un momento de gran tensión en la región. En mayo de 1974, el Partido de Los Pobres, organización que encabezaba Cabañas, había secuestrado al cacique guerrerense Ruben Figueroa, candidato del PRI a gobernador. Desde el año anterior, el aparato contrainsurgente, compuesto por el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad, entre otras corporaciones, habían aumentado la presión sobre las guerrillas del país, tras el secuestro frustrado y posterior asesinato del empresario neolonés Eugenio Garza.

En Guerrero, el objetivo era el Partido de Los Pobres y la organización de Vázquez, la ACNR. En esas cayó Radilla. Los militares lo apresaron cerca de la cabecera municipal de Atoyac. Se sabe que lo llevaron al 27 Batallón de Infantería, con sede entonces en el municipio. No se ha vuelto a saber de él. En Guerrero, en esa época, muchos detenidos acabaron arrojados al mar, víctimas de los vuelos de la muerte. Una lista elaborada por un presunto militar y enviada hace años a la lideresa de un colectivo de familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, divulgada recientemente, coloca a Radilla en uno de esos vuelos. Pero no hay nada claro.

La hija del activista, Tita Radilla, lleva décadas exigiendo al Estado que busque a su padre y castigue a los responsables. La desidia del aparato de justicia mexicano lo ha hecho imposible, como explica ahora la jueza Macías en su sentencia, que culpa a la FGR y sus antecesoras de la falta de resultados. “La omisión reiterada y sistemática del Ministerio Público al deber estatal de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetró ha permitido que esa desaparición continúe cometiéndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayoría de los ciudadanos durante medio siglo”, señala el texto.

La sentencia, publicada el pasado 16 de agosto, señala que la FGR tiene cuatro meses desde entonces para procesar a los principales perpetradores. De cualquier manera, la Fiscalía podría impugnar el fallo del juzgado, lo que podría mandar el caso a un tribunal superior y, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado de Tita Radilla, Humberto Guerrero, parte de la organización Fundar, dice que ellos quieren hacer un llamado para que la FGR no impugne el fallo. “Queremos sentarnos a hablar”, explica. El domingo se cumplen 50 años de la desaparición del activista, cuyo caso obligó a que los delitos cometidos por militares contra civiles se vean en juzgados civiles y no castrenses.

Ocurra lo que ocurra, el fallo es demoledor para el Ejército, en la mira por el poder que ha acumulado estos años, y por las denuncias que ha recibido de poca colaboración, por parte de los investigadores de la actual comisión de la verdad, entre otros. Macías señala a los mandos del 2º Batallón de Policía Militar, con sede en Ciudad de México, y a los de la 27ª Zona Militar y el 27º Batallón de Infantería, con sede en Guerrero, de 1971 a 1976, años centrales de la represión en la entidad. Se trata de unas 30 personas, algunas ya fallecidas.

Otros, en cambio, siguen vivos. Es el caso del general Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa con el priista Zedillo (1994-200), que en la época de la represión fungió de jefe del Estado Mayor de la 27ª Zona Militar, concretamente entre febrero de 1975 y febrero de 1976. El primer informe del equipo de investigadores de la comisión actual que investiga la Guerra Sucia señala a Cervantes Aguirre como un “caso emblemático de impunidad”. Cervantes Aguirre trabaja actualmente como asesor del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y fue condecorado el año pasado por López Obrador.

La jueza exige igualmente a la Fiscalía que busque bien a Radilla. Desde la primera denuncia por la desaparición del activista, en 1999, la agencia investigadora ha realizado excavaciones en un solo sitio, varias veces: las viejas instalaciones del 27º Batallón. La sentencia señala un puñado de sitios alternativos donde buscar y le da otro palo a la dependencia. “La autoridad responsable se ha centrado durante décadas en prospectar y excavar infructuosamente un único sitio y en enviar esporádicos requerimientos de información a otras instituciones, aun cuando en el mismo expediente obra información que fundamenta múltiples líneas de búsqueda”, señala.

La carencia de los investigadores de la FGR motiva otra reprimenda y una nueva exigencia de la jueza. “Se advierte también que no existen condiciones institucionales de independencia y autonomía de los agentes del ministerio público para la realización de la investigación, por lo que se ordena al Fiscal General de la República expedir el Estatuto del Servicio Profesional de la Fiscalía General de la República, que debió haber emitido en noviembre de dos mil veintiuno, e integrar una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso”, zanja.

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