López Obrador promulgará la reforma judicial el 15 de septiembre, tras ser aprobada por la mayoría de Congresos locales

La trayectoria de la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador se cuenta por capítulos. Superada su aprobación por la mayoría de Morena en las dos Cámaras del Congreso federal, el siguiente trámite era que la ratificaran, al menos, 17 de los 32 Estados del país —la mitad más uno—, por tratarse de una enmienda a la Constitución. En un tablero político en que el bloque oficialista, formado por Morena, PVEM y PT, gobierna en 24 entidades, la ratificación de la reforma ya ha avanzado en 18 Congresos locales, horas después de que el Senado concluyó su aval la madrugada del miércoles. Con esto, la nueva ley está lista para que López Obrador la promulgue antes de concluir su mandato y transferir el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum. El mandatario saliente ha anunciado este jueves que la publicará el 15 de septiembre, Día de la Independencia, una fecha que celebra la gesta contra el Imperio español y por la república. López Obrador eligió ese día por tratarse de “una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, a los servidores públicos de los tres poderes, no las élites”, ha explicado en su conferencia Mañanera.

El tránsito final en los Estados sucedió en un solo día. A lo largo del miércoles, las Cámaras de Diputados locales sesionaron cercadas por las fuerzas de seguridad, ante las protestas de ciudadanos y trabajadores de del Poder Judicial que se oponen a la enmienda y que intentaron dar la última batalla para frenar la maquinaria de Morena. Pese a que en algunos Estados las manifestaciones subieron de tono y hubo enfrentamientos directos con la Policía, los diputados lograron sacar adelante la reforma, que propone que todos los jueces, federales y locales, sean elegidos mediante voto en las urnas. Los últimos Congresos en ratificar la enmienda, la madrugada de este jueves, han sido los de Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas, todos de mayoría oficialista.

El Congreso de Oaxaca ha sido el primero en lograrlo. Ese Estado retrata un caso paradigmático. La Cámara de Senadores concluyó la aprobación de la reforma al filo de las cuatro de la mañana del miércoles. Menos de dos horas después, la Legislatura de Oaxaca ratificó el dictamen, sin análisis ni debate. Sería importante precisar si en ese Congreso el oficialismo es mayoritario o no, de no ser porque los diputados de todos los partidos, incluidos los de oposición —PAN, PRI y PRD—, aprobaron por unanimidad el proyecto.

La facilidad con que un Congreso estatal avala una ley, máxime si es por el voto unánime de sus integrantes, es reflejo del control político que ejerce un gobernador sobre los partidos de su entidad. El mandatario de ese Estado, el morenista Salomón Jara, ha festejado que su Cámara de Diputados haya sido la primera en “respaldar y avalar” la reforma, “con una votación histórica por unanimidad en la sesión que se realizó de madrugada”, ha comentado en sus redes sociales. “Nuestro reconocimiento a los diputados que caminan del lado correcto de la historia: el de la justicia social”, ha añadido.

Protegidas por los cuerpos de seguridad de sus entidades, las Cámaras de Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Yucatán, Morelos, Durango y Nayarit ratificaron la enmienda en el transcurso de la mañana y la tarde del miércoles, no sin numerosas muestras de descontento ciudadano puertas afuera. Los Congresos de Puebla, Tlaxcala, Sinaloa y Campeche han hecho lo propio a altas horas de la noche.

A excepción de Durango, en todos esos Estados gobiernan Morena y sus aliados. El caso de Durango fue parecido al de Oaxaca. Aunque el Ejecutivo es el priista Esteban Villegas, los diputados de su partido se unieron al bloque morenista y le dieron los votos necesarios para la aprobación de la ley.

En Yucatán, ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial impidieron por algunas horas que el Congreso sesionara. Por la mañana, manifestantes lograron entrar al recinto legislativo, que estaba protegido por policías, y llegaron hasta el pleno, cantando consignas contra los diputados, a los que llamaron “traidores”. La sesión se suspendió y se reanudó más tarde. Esta vez, bajo un mayor reforzamiento de la seguridad tanto afuera como adentro del recinto, el pleno ratificó la reforma judicial.

En Baja California ocurrió un escenario semejante. Manifestantes irrumpieron en la Cámara de Diputados e ingresaron al pleno. Policías pertrechados con escudos, cascos y toletes intentaron frenar la protesta y golpearon a los concurrentes, varios de los cuales resultaron heridos. La sesión se reanudó más tarde vía remota y la ratificación se consumó. En Baja California Sur, manifestantes también entraron a la sede del Congreso. Tras librar forcejeos con el personal de resguardo del recinto, pudieron ingresar y presenciar el debate. La votación se dio entre protestas de los manifestantes dentro del pleno. Luego llegaron personas para expresarse a favor de la enmienda constitucional, que finalmente fue avalada por la mayoría oficialista.

En Puebla, ciudadanos e integrantes de la judicatura intentaron entrar al Congreso, pero fueron contenidos por policías durante horas. Las comisiones de esa Cámara aprobaron en la tarde la minuta, que fue ratificada en el pleno en una sesión extraordinaria ya por la noche, con protestas cada vez más tensas a las afueras de la sede legislativa.

Los sucesos en estos Estados recuerdan a lo ocurrido en el Senado de la República el martes, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede legislativa y lograron meterse hasta el pleno, donde los legisladores debatían la reforma judicial. La sesión fue suspendida y el parlamento tuvo que moverse de lugar, donde finalmente, resguardados tras un nutrido cerco de policías capitalinos, los senadores del bloque oficialista aprobaron la enmienda pasada la medianoche.

Más Congresos locales preparan sus sesiones para votar el dictamen este jueves y el viernes, aunque ya no se requiere para que la reforma tenga efectos constitucionales. En algunos de esos Estados, colectivos ciudadanos no se resignan ante una ley que ya parece inevitable. El abogado Pablo Guízar, uno de los organizadores de una numerosa marcha realizada en Jalisco la semana pasada, intenta conseguir en su Estado siquiera un triunfo simbólico ante la maquinaria oficialista. “Me gustaría que se pudiera replicar la movilización, pero la cosa en los Congresos va tan en fast track que ni han dado oportunidad de socializar u organizarnos. Se ve difícil”, dice en entrevista telefónica. “Pero queremos ir al Congreso, mover al sindicato del Poder Judicial, a las escuelas de Derecho, a quien toque, para, al menos, conseguir una victoria simbólica en Jalisco”, agrega.

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