El refugio del fuero marca el inicio del curso político en el Congreso

El curso político inicia estos días en México, solapando ciclos y polémicas de un sexenio que termina, ninguno tan ardiente como la reforma judicial, protagonista de la nueva legislatura, que se estrena en el Congreso el 1 de septiembre. Mientras la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aprovechará los primeros días del mes para irse de vacaciones, Morena empleará su flamante aplanadora legislativa para sacar adelante la reforma. Pero debajo del relato principal figuran caminos secundarios, matices que darán que hablar los próximos meses, pocos tan interesantes como el refugio del fuero y sus posibles seguidores.

Siempre es polémico el fuero, esta coraza legal que protege a legisladores y altos funcionarios del Estado frente al aparato de justicia, una forma de evitar que las cuitas políticas distorsionen el quehacer del Senado y la Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Ese era al menos su objetivo original. La discusión sobre su pertinencia resulta, sin embargo, casi tan antigua como el país. Las propuestas para reformarlo, limitarlo o, directamente, eliminarlo, han sido constantes estos años, caso del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, o de la misma Sheinbaum, su sucesora. Pero de momento ahí sigue, vigente y listo para la siguiente tanda de legisladores.

Muchos nombres aparecen en la prensa estos días vinculados al fuero y al nuevo periodo de sesiones en el Congreso, algunos tan importantes como el del candidato del PAN a la presidencia en 2018, Ricardo Anaya. En el verano de 2021, Anaya anunció que se iba a vivir al extranjero, amenazado por las acusaciones vertidas en su contra en el marco de la investigación por el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, había acusado a Anaya meses antes de recibir millones de pesos en sobornos, para votar a favor de la reforma energética del Gobierno priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Que se sepa, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha obtenido orden de detención alguna contra el político panista, pero la justicia en México a veces acelera en el momento más inesperado, después de llevar años parada. Es un esquema, el de parones y acelerones, que se cumple precisamente con el caso Odebrecht, que la FGR y el mismo Gobierno presentaron como paradigma de su política de cero tolerancia contra la corrupción al principio de la administración, pero que languidece desde entonces en los cajones de los fiscales, aguardando un milagro.

Ganador de un curul en el Senado, Anaya podría volver para su juramento el 29 de agosto y estrenar así su nuevo trabajo, esperando el fin de mandato de López Obrador, a finales de septiembre, y el futuro del fiscal general, Alejandro Gertz, impulsor de Odebrecht, receptor de la acusación que pringa a Anaya en el escándalo. Desde la tranquilidad del escaño, otros aguardarán igualmente los primeros vientos de la nueva legislatura y el futuro Gobierno, para ver de qué lado soplan y pensar en los años siguientes.

Uno de ellos podría ser el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, abonado a las polémicas, la última, el golpe interno en el partido para cambiar el reglamento y perpetuarse en la presidencia. Apoyados en medios locales y nacionales, viejos priistas enfrentados con Moreno señalan el posible enriquecimiento ilícito del político campechano, dueño de una casa cuyo valor ascendería a 300 millones de pesos. Crítico de Morena, Alito transita estos meses la parte menos estridente del espectro opositor. La última vez que se fue al lado contrario, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se entretuvo aireando audios que dejaban muy mal parado al priista.

Del lado del oficialismo, los ojos están puestos en Javier Corral, senador electo por Morena, parte del equipo de Sheinbaum estos meses, en el periodo de transición. Antiguo panista, exgobernador de Chihuahua, Corral mantiene un enfrentamiento con su viejo partido en Chihuahua, de la mano de la actual gobernadora, Maru Campos. La Fiscalía Anticorrupción del Estado acusa al exgobernador de desviar 98 millones de pesos durante su mandato. Por su lado, Corral acusa a Campos de persecución política.

La supermayoría de Morena en ambas cámaras hace difícil que el exgobernador pueda perder el fuero. Corral ha dicho, sin embargo, que no se amparará en el fuero para protegerse del proceso en su contra. “Voy a desahogar en todo momento el proceso y el procedimiento. De hecho me he sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, de un juez de amparo. Voy a acudir a todas las instancias y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra”, dijo el lunes.

Otros nombres que aparecen pegados a la figura del fuero son Marko Cortés, piñata favorita de la dirigencia de Morena, sobre todo de Mario Delgado, que lo coloca, junto a Alito, en el “top 10 de la corrupción”. Jefe nacional del PAN, Cortés llega al Senado en septiembre y Delgado aprovecha para recordar aquel vergonzoso episodio en que el panista aludía al reparto de notarías como parte de un acuerdo electoral.

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