El juez tumba el principal caso contra Juan Collado por blanqueo y delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) ha sufrido una derrota en uno de los grandes casos de lucha contra la corrupción de este sexenio. Un juez federal ha absuelto a Juan Ramón Collado, El abogado del poder, en el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del letrado. La FGR aún puede apelar la decisión favorable a Collado, quien aún enfrenta otros dos procesos menores por defraudación fiscal y peculado, que puede seguir en libertad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha condenado la resolución del juez y ha señalado que “está podrido” el Poder Judicial. “Está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan [los jueces] en nada al pueblo, no representan al pueblo de México”, ha afirmado este jueves.

Collado fue detenido en julio de 2019 por agentes de la Fiscalía, que acusaba al abogado de haber participado en un fraude con la venta, en 2015, del edificio sede de Caja Libertad, una firma dedicada a gestionar el dinero de ahorradores. La Fiscalía sostenía que, de los 173 millones pagados en la transacción, 24 millones fueron depositados a las cuentas de Collado, que era presidente del Consejo de Administración, lo que le hizo presumir que se trató de una venta simulada. Poco después de la captura de Collado, fue detenido José Antonio Rico Rico, que era vicepresidente del Consejo de la compañía.

De acuerdo con Reforma, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, concluyó en una audiencia el miércoles que la FGR no comprobó que los recursos involucrados en la operación fuesen de procedencia ilícita, un supuesto necesario para sustentar el delito de blanqueo. El juez consideró que tampoco se sostenía la acusación de delincuencia organizada, pues el otro coacusado, Rico Rico, había logrado desde diciembre que un tribunal de apelaciones revocara su condena y ordenase su liberación. La audiencia del miércoles fue solicitada por Collado a raíz del fallo favorable obtenido por su excolaborador. El letrado del PRI ya había conseguido en septiembre que se le concediese el beneficio de libertad provisional por su desgastado estado de salud.

Por este caso, la FGR solicitaba para collado el pago de 173 millones de pesos como reparación del daño y una pena de prisión de hasta 38 años. El Gobierno de López Obrador tenía especial interés en que el caso contra El abogado del poder llegase a buen puerto. En febrero de 2022, Collado denunció que Julio Scherer, el primer consejero jurídico presidencial de López Obrador, lo extorsionó con un trato para evitar la cárcel, que consistía en pagar una reparación de 2.000 millones de pesos y vender la compañía Caja Libertad a un precio cuatro veces menor a su valor real. La revelación de Collado produjo una crisis en el Gobierno de López Obrador y se enmarcó en el conflicto que arrastraban Scherer y el fiscal general, Alejandro Gertz.

Existen otras dos causas abiertas en contra de Collado. Una está relacionada con un fraude fiscal de 36,7 millones de pesos por concepto de ISR en el 2015; la Fiscalía señala que existe una brecha millonaria entre lo que Collado declaró ese año como ingresos y lo que la autoridad hacendaria halló realmente de la revisión de sus estados de cuenta. El otro asunto es por el desvío de 13,7 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua entre 2013 y 2014 a las cuentas del abogado; para justificar el peculado, la Administración del gobernador priista César Duarte simuló contratos de asesorías supuestamente impartidas por Collado. Al margen de los procesos en México, el letrado es dueño de una fortuna escondida en Andorra y cuya legalidad está bajo investigación de las autoridades del país pirenaico.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Collado tuvo contactos en las esferas más altas del poder, desde la Fiscalía a la Suprema Corte de Justicia. Fue defensor del propio Peña Nieto en su divorcio de la actriz Angélica Rivera. Fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, cuando fue acusado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, exgobernador de Guerrero y secretario general del PRI. Lo mismo defendió al exgobernador priista de Quintana Roo Mario Villanueva —acusado de lavado de dinero y narcotráfico—, que a Carlos Romero Deschamps, inveterado líder del sindicato de Pemex, siempre bajo la sombra de la corrupción, y al empresario Carlos Ahumada, uno de los orquestadores de los videoescándalos, una trama organizada para golpear a López Obrador cuando este fue jefe de Gobierno de Ciudad de México.

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