La cruzada de la mexicana que ayuda a mujeres sin sentencia en Santa Marta Acatitla: de estar en la cárcel a abogada de causas imposibles

La mexicana Cristina Gamero tenía 35 años y era directiva de una empresa multinacional cuando la arrestaron en Ciudad de México, la retuvieron dentro de una patrulla dando vueltas por toda la capital durante más de ocho horas y cuando, finalmente, la llevaron directo al penal femenil de Santa Martha Acatitla, supo la razón por la que estaba pasando todo. La habían acusado de un fraude por 33 millones de pesos (cerca de dos millones de dólares). Momentos antes de llegar, ya entrada la noche, ella todavía creía que estaba ahí por un adeudo en su tarjeta de crédito; nada más le pasaba por la cabeza, no entendía lo que sucedía. En la oscuridad y con el llanto desconsolado de su madre y del resto de su familia, miró aquella puerta metálica gigantesca y gris y pensó para sí misma: “ojalá que todo esto sea por la tarjeta”.

Fue en 2008. En México se hablaba entonces de una “alternancia política” que hasta hace poco había parecido imposible. El partido hegemónico, la fuerza política con más poder de entonces, el PRI, había sido derrotado en las elecciones presidenciales del año 2000, cuando Vicente Fox Quesada, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), ganó la presidencia. No solo empezó un nuevo camino en la vida democrática del país, casi como algo sintomático, también se inauguró una política de seguridad que marcó línea en los sexenios siguientes. Ciudad de México fue el escenario de un modo muy particular de operar por parte de las corporaciones policiales y en un abrir y cerrar de ojos la televisión se llenó de detenciones en vivo, transmisiones de operativos y demás espectáculos que estaban muy lejos de aquello que repetían hasta el hartazgo en las pantallas: justicia.

Gamero estaba en la cima de su carrera, era una mujer muy joven que ocupaba un puesto directivo en la empresa multinacional en la que trabajaba, viajaba a varias ciudades del mundo constantemente y se sentía “todopoderosa”, menciona con cierto humor. Hasta que ya no lo fue. Durante más de un año, en su empresa —que se estaba fusionando con otra— la mantuvieron al margen mientras investigaban un supuesto desfalco del que ella, asegura, no tenía conocimiento. Tan segura estaba de que no sucedería nada y de su inocencia, que no se preocupó demasiado y tampoco consultó con abogados o con alguien que le brindara orientación.

Su caso está repleto de irregularidades y de violaciones al debido proceso. Mientras estaba dentro de la patrulla, por ejemplo, recuerda haber escuchado a uno de los hombres que la custodiaban contar por llamada telefónica que no estaba en servicio y que se encontraba “haciendo una chambita” (un trabajo). Los policías tampoco le mostraron una orden de aprehensión —después descubriría que no la tenían en el momento del arresto y que fue por eso que la tuvieron recorriendo la ciudad durante horas—, y tampoco pasó por un Ministerio Público, su caso era tan “extraordinario” que la llevaron directamente al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Una vez dentro, un abogado le confirmó que ella había sido un chivo expiatorio para que la empresa con la que se fusionaba en su compañía eludiera algunas responsabilidades económicas y legales. Quizá el recuerdo más emblemático de esta forma de actuar de las autoridades mexicanas esté en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro junto con quien era su pareja, el mexicano Israel Vallarta, y cuya detención se dio en directo en la televisión mexicana.

“Siempre hay un hombre detrás de cada mujer presa en Santa Martha”

Cristina Gamero recuerda que desde su llegada al penal llovió todos los días. No lo olvida, es imposible. La lluvia y la noche le devuelven todavía el sentimiento de soledad, impotencia y desesperación que experimentó cuando la detuvieron. Durante el tiempo que permaneció encarcelada, Gamero que desde muy pequeña había sido una alumna con calificaciones excelentes y trayectoria ejemplar, se refugió nuevamente en los libros y comenzó a estudiar la carrera de derecho solo unos meses después de haber ingresado. Los casos empezaron a llegar a sus manos como si ya fuera una abogada en funciones. Sus compañeras en el penal supieron pronto de ella y así pudo conocer los expedientes de muchas mujeres que llevaban años, incluso décadas encerradas, sin haber recibido siquiera una sentencia.

Así conoció los testimonios de presas con las que convivía todos los días y se dio cuenta de que, la gran mayoría de ellas, estaban injustamente encarceladas o se les había juzgado sin perspectiva de género. “Siempre hay un hombre detrás de cada mujer que está presa en Santa Martha, siempre, sin temor a equivocarme. En todos los casos que he visto en estos casi 13 años, el común denominador es un hombre: el esposo, el papá, el amigo, que las obligó a delinquir incluso indirectamente”, asegura. “No digo que no sean delincuentes algunas de ellas, pero la gran mayoría están ahí porque tuvieron un proceso injusto”.

La abogada, que ahora ronda los 50 años de edad, hace un recuento de solo algunos de los casos que ejemplifican lo que dice: el caso de María Catalina, uno de los primeros que le llegó cuando acababa de recibir su título profesional ya fuera de la cárcel, y del que logró la absolución. Luego, el caso de Betty, que le llegó a las manos a través de la cineasta mexicana Diana Garay, quien había realizado el documental Mi amiga Betty, de 2013, sobre una mujer condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su madre, todo por un proceso lleno —también— de irregularidades y violaciones a sus derechos. O los testimonios de dos mujeres indígenas también presas en Santa Martha, Angélica y Reina, quienes no dominan el español y, sin embargo, nunca tuvieron, de principio, a un intérprete. Ambas mujeres habían caído presas y fueron juzgadas por delitos que sus parejas habían cometido.

También le llegó el testimonio de Cristina Flores, quien fue acusada de secuestro por estar en el lugar y el momento equivocado. Fue instruida por un amigo cercano para acudir a un domicilio donde, sin saberlo, mantenían a una persona secuestrada. Flores permaneció en la cárcel pese a que se comprobó que las circunstancias en torno al delito del que se le acusaba la exoneraban de toda responsabilidad.

Además de mujeres, Santa Martha Actitla, como tantas cárceles y penales en México, están llenas de gente sin recursos económicos: “las mujeres son abandonadas por sus esposos, por sus hijos... No tienen dinero, hacen lo que sea para salir adelante. Me parece que en México hacen falta buenos abogados que defiendan a las personas que no tienen dinero. También debe de haber justicia para ellos”, asegura Gamero.

Como cuando era muy pequeña, la abogada, que ya tenía la carrera de Administración de empresas, se había refugiado nuevamente en el estudio y en todas las actividades académicas que pudo. Eso la llevó a desarrollar en el futuro, y cuando quizás más lo necesitó, una carrera alterna que ahora ejerce como un compromiso. “Estudiar derecho para mí significó un camino a la libertad personal, moral, un camino a la libertad de pensamiento, espiritual y una manera de poder ayudar a la gente que no tiene recursos para poder allegarse de una buena defensa”, dice. Por eso, Gamero creó la sociedad civil Firmeza y Justicia S.C., “para que la gente pueda sentirse confiada de que va a tener una defensa adecuada, una defensa penal que no les va a costar cara y que va a ser efectiva”.

Todos los casos de las mujeres en prisión que llegaron a manos de Cristina Gamero, como los de María Catalina, Betty, Angélica y Reina, fueron llevados por ella cuando iniciaba su carrera como abogada, como pro bono, es decir, no cobró nada para sacarlas de la cárcel.

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