El Gobierno estudia el ‘caso Florence Cassez’ para la posible amnistía de Israel Vallarta

El Gobierno mexicano tiene una lista de más de 30 personas encarceladas para entregar ya a la justicia en busca de una amnistía. Además, investiga el caso de Israel Vallarta, acusado y preso en 2005, también para proceder a la amnistía si consideran que hay indicios suficientes de inocencia. Vallarta sigue en prisión preventiva desde entonces, sin sentencia. Era el novio de la francesa Florence Cassez y ambos fueron acusados del secuestro de varias personas cuya liberación se emitió en directo por televisión en uno de los montajes más burdos que se recuerdan en la historia reciente de México. Genaro García Luna era entonces el titular de la Agencia Federal de Investigación y responsable de aquel operativo, que él mismo calificaría después como una “escenificación ajena a la realidad”. Hoy está detenido en Estados Unidos por supuesta relación con el narcotráfico.

“Si se encuentran elementos suficientes de inocencia se solicitará su libertad”, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, mientras la familia del preso esperaba a las puertas del Palacio Nacional para ser recibida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 16 años lleva en la cárcel Vallarta sin sentencia. “¿Cuántos hay así?”, se ha preguntado el presidente. “Se requiere una renovación del Poder Judicial para que haya un verdadero Estado de Derecho”, ha añadido. Esta prisión preventiva que puede alargarse décadas se debe a la reforma judicial que emprendió el Gobierno de Felipe Calderón. El presidente ha recordado el caso del narcotraficante Rafael Álvarez Quintero, que estuvo 28 años en prisión sin una sentencia y salió en 2013.

El caso Florence Cassez fue sonado aquel 2005 y se convirtió en uno de los más brutales ejemplos de montaje televisivo en colaboración con las autoridades de la seguridad pública. Y originó un conflicto internacional entre Francia y México, que finalmente acabó con la liberación de Florence. Israel Vallarta, al que se le acusa de otros dos secuestros -la familia lo niega- aún permanece en prisión. El asunto tenía todos los elementos para llevarlo a la literatura: Una novela criminal, de Jorge Volpi, ganó el premio Alfaguara en 2018. Las cámaras de televisión emitieron en directo la salida de Cassez y Vallarta, visiblemente torturado, de la supuesta cabaña donde se cometió el secuestro. Se les acusó de pertenecer a una banda de secuestradores apodada Los Zodiaco. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha repasado brevemente esta mañana los muchos agujeros que presentó aquella intervención policial y recordado que ella, ministra entonces de la Corte, propuso su inmediata liberación. La posible amnistía del encarcelado parece ahora más cerca que nunca.

“Hay posibilidades. No se puede conocer de una injusticia siendo autoridad y no hacer nada por enmendar el daño. Hay mecanismos legales”, ha dicho López Obrador en referencia a la amnistía gubernamental. “Pero primero hay que conocer la situación real [del caso] porque hay víctimas, familiares, gente ofendida cuya opinión hay que tener en cuenta”, ha añadido el presidente en relación a los otros dos secuestros de los que está acusado Vallarta. “Se va a revisar si son delitos fabricados y eso ayudaría a resolver el proceso”. Una vez presentadas las amnistías, el poder judicial tiene la última palabra. el Gobierno, por su parte, se ha comprometido a entregar un informe sobre el asunto en 10 días.

16 años sin sentencia. “Es una violación gravísima, los jueces deben cumplir con el mandato constitucional de una justicia expedita”. La secretaria ha enumerado los tres principios del derecho que se infringieron entonces: el derecho a una presunción de inocencia con la televisión transmitiendo en directo, la ausencia del Ministerio Público hasta cinco horas después y, en lo que respecta a la ciudadana francesa, la imposibilidad de contar de inmediato con la intervención de las autoridades consulares de su país.

El presidente López Obrador ha enmarcado este asunto del montaje periodístico en la “asociación estrecha y hasta delictuosa entre el poder político y los medio de comunicación” que se daba en lo que él llama “periodo neoliberal”, es decir, los gobiernos anteriores, décadas antes del suyo. “Ya no se da esta relación perversa. Los medios están llevando a cabo una reforma donde prevalezca la ética y el respeto, están más cercanos al pueblo y más distantes del poder”, ha añadido. El presidente ha invitado a la mañanera al periodista Jenaro Villamil, quien ha recontado algunos otros montajes periodísticos, entre ellos el de la niña Frida Sofía, supuesta víctima bajo los escombros del terremoto de 2017, un asunto que resultó ser falso.

Entre las preguntas de los periodistas que van desgranando las respuestas del presidente, ha sido interrogado por la conveniencia de que Azucena Pimentel, entonces productora de Primero Noticias, donde se retransmitió aquella falsa detención en 2005, sea ahora trabajadora de Comunicación Social de Presidencia. López Obrador ha declarado que “si ella estaba involucrada en ese asunto no puede estar en este Gobierno”. La periodista ha emitido un comunicado de inmediato señalando que no conocía que lo que se transmitía era un montaje, de lo que se enteró después. Y que su tarea se ha regido siempre por los principios de “honestidad, veracidad y profesionalismo”. Añade, además, que su oficio dependía de jefes superiores.

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