Genaro García Luna se declara inocente en EE UU de tener nexos con el narcotráfico

En una audiencia caótica, que se suspendió por el ruido de los reporteros, el antiguo zar antidrogas de México niega las cinco acusaciones en su contra de la Fiscalía de Nueva York

Una de las audiencias del caso de Genaro García Luna en Nueva York.
Una de las audiencias del caso de Genaro García Luna en Nueva York.JANE ROSENBERG / Reuters

Genaro García Luna, el máximo responsable de la estrategia antidrogas de México durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se ha declarado no culpable de cinco cargos que le imputa la Fiscalía de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico. La audiencia de este miércoles, clave en el destino del exsecretario de Seguridad Pública, ha tenido que suspenderse en el arranque por el ruido de los reporteros mexicanos durante el enlace remoto de la corte. “Silencien sus micrófonos, por favor”, ha rogado el tribunal que amagó con aplazar la sesión de forma indefinida antes de reanudarla minutos después. García Luna es acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa, participar directamente en envíos de drogas a Estados Unidos y falsear sus declaraciones.

Los cinco cargos contra el exfuncionario son mentir a las autoridades estadounidenses (perjurio); encabezar una empresa criminal con cinco violaciones a la ley estadounidense de narcóticos, y tres conspiraciones para poseer, distribuir e importar cocaína a EE UU. Estas acusaciones se ampliaron de las que se presentaron en enero pasado por narcotráfico y corrupción. Si se comprueban las imputaciones, García Luna puede enfrentar una pena de cadena perpetua en prisión.

“¡Ya cállense con una chingada!”, se alcanzó a escuchar en el enlace telefónico en una audiencia caótica que colmó la paciencia del juez Brian Cogan. Conversaciones en inglés y en español, ruido de teléfonos y programas de televisión, y gritos después de cada momento crítico del proceso legal han marcado la jornada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, notoria por procesar a Joaquín El Chapo Guzmán. La pandemia ya había obligado a que se pospusiera varias veces la declaración de García Luna, prevista originalmente para el pasado 30 de mayo, y a que se celebrara de forma remota.

La audiencia era clave para definir el rumbo del caso, en el que se baraja que testigos que también participaron el año pasado en el juicio de El Chapo Guzmán puedan volver a tomar el estrado. Los fiscales han reunido más de 189.000 páginas de evidencias para probar los vínculos del zar antidrogas con el narcotráfico. El acusado negó los cargos en voz de su abogado César de Castro, lo que abre la puerta a que los detalles de las acusaciones y testimonios nuevos se ventilen en un juicio y lleguen a los titulares de la prensa mexicana. Durante el procedimiento se escuchó también un “sí, señor” del acusado cuando el juez le preguntó si estaba de acuerdo con realizar la sesión por videoconferencia.

El caso contra García Luna, que fue arrestado en diciembre pasado en Dallas (Texas), tiene implicaciones explosivas para México, en una causa que ya ha puesto bajo la lupa el aparato de seguridad de Calderón, que inició la llamada guerra contra el narcotráfico. A finales de julio pasado, la Fiscalía presentó una acusación ampliada en la que se incluye a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos colaboradores clave de García Luna. Cárdenas Palomino tiene desde el pasado 24 de septiembre una orden de busca y captura en México por la tortura de cuatro personas en 2012. “Hay una colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la Fiscalía General de la República en todo lo relacionado con el caso de García Luna y de estos policías que se desempeñaron en ese tiempo”, ha dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de este miércoles.

García Luna, que también fue director de la Agencia Federal de Investigaciones durante el Gobierno de Vicente Fox (de 2000 a 2006), ha sido cuestionado en México por su gestión en la lucha contra los carteles de la droga, supuestos montajes televisivos en la captura de criminales y por supuestamente favorecer a la organización de Guzmán. Esas sospechas, que tomaron forma en el juicio contra Guzmán, se han convertido en imputaciones por sobornos. En 2005, se produjo un pago por tres millones de dólares y dos años más tarde hubo otro de entre tres y cinco millones, según el testimonio de Jesús Rey Zambada, un antiguo miembro del cartel de Sinaloa. La Fiscalía estadounidense sostiene que las negociaciones para instalar jefes de plaza, filtrar información confidencial y hacer la vista gorda ante las acciones de los narcotraficantes se dieron mientras García Luna mantenía comunicación directa con la Casa Blanca y coordinaba la militarización de la Seguridad Pública del país. Bajo su dirección la Policía Federal creció de 5.000 a más de 35.000 agentes.

La próxima audiencia está prevista para el próximo 7 de diciembre, en la que es probable que la Fiscalía comparta las pruebas que ha reunido para que la defensa pueda delinear su estrategia. En enero pasado, García Luna ya se había declarado inicialmente “no culpable” de los primeros cargos que se le imputaron, una posición que ha ratificado frente a la acusación ampliada. Los fiscales habían estimado que el juicio dure entre dos y tres meses, aunque el proceso judicial se ha ralentizado por la pandemia del coronavirus en EE UU.

En México, la mira está puesta en el impacto de las revelaciones del caso en las elecciones del año próximo y cómo pueden salpicar a Calderón. El expresidente ha buscado regresar a la política con México Libre, un nuevo partido político, cuyo futuro también está por decidirse en tribunales, después de que el Instituto Nacional Electoral le negara el registro el mes pasado por no comprobar más del 8% de las aportaciones que recibió. El otro frente para el exmandatario conservador es la consulta popular que ha promovido López Obrador para decidir si se debe juzgar a sus predecesores en el Gobierno. La encrucijada electoral, del juicio a sus excolaboradores y del referéndum sobre expresidentes converge en 2021.

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