¿Aerolínea Maya o Mexicana?: los extrabajadores de la aerolínea buscan un acuerdo ‘in extremis’ para venderle la marca al Gobierno

El proyecto para que el nombre ‘Mexicana’ vuelva a surcar los cielos está en un callejón sin salida. Mientras una parte de los extrabajadores de la aerolínea venida a menos pelearán hasta el último minuto para llegar a un acuerdo con sus colegas y así, poder venderle al Gobierno la marca, el otro grupo, unos 229 antiguos sobrecargos de la firma, insisten en que no cambiarán de opinión sobre mantener sus amparos en tribunales, frenando la transacción. Los días pasan y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le está acabado la paciencia y el tiempo de mandato, por ello ha dado como último plazo máximo el próximo 5 de julio. O llegan a un acuerdo y permiten la compra o retira la oferta de 815 millones de pesos para adquirir el nombre y un puñado de activos. El Ejecutivo, incluso, ya contempla un nombre alternativo para su proyecto aeronáutico estatal: Aerolínea Maya.

A menos de 30 días de que venza el último plazo que ha dado el Gobierno federal para comprar la marca y lo que queda de activos: un par de edificios, simuladores y centros de mantenimiento, el presidente López Obrador ha mandado un par de mensajes a los extrabajadores disidentes para que reconsideren su postura y desistan de sus batallas legales: “Ojalá y recapaciten porque sería muy bueno el que regresara Mexicana. ¿Cuándo va a llegar una empresa particular a comprarles la marca? Nosotros lo estamos haciendo porque tiene que ver con la tradición, es la línea aérea más importante de México” declaró el mandatario este jueves.

Pese a los exhortos presidenciales, el panorama no se advierte alentador entre ambas partes. Mientras el grupo demandante esgrime su derecho legal a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir el cobro de un laudo, el resto de los exempleados aún confía en que en estos últimos momentos cambien de parecer y permitan avanzar la oferta presidencial. En juego está la lucha de más de 6.000 trabajadores que a más de una década de la bancarrota de la empresa aún no han conseguido el pago por salarios caídos, prestaciones, ni jubilaciones. Todos coinciden en que 815 millones de pesos es una cifra inferior a lo que les corresponde, pero una parte de los afectados advierte que es preferible aceptar esta oferta y obtener al menos algo a quedarse, de nuevo, con las manos vacías.

Iván Enríquez, sobrecargo de Mexicana por más de 25 años y uno de los jubilados que demanda el cumplimiento del laudo que ganaron en 2016, hace hincapié en que ellos no están en contra de la venta de la marca, sino en la distribución que se quiere hacer de los 815 millones de pesos. “No estamos pidiendo más dinero, el laudo establece cuánto nos toca a cada uno y con el producto de la venta del nombre de la aerolínea, este se alcanza a cubrir. Nuestra inconformidad es sobre el reparto del monto, para los directivos puede ser de millones de pesos y para los jubilados, por una vida de trabajo, quizá llegue a los 70.000 pesos, eso no es parejo ni justo”, refiere.

Enríquez afirma que no pueden repartirse esta bolsa de recursos entre los trabajadores solo por criterio de puesto de empleo y antigüedad, como pretenden el resto de sus excompañeros de trabajo. Ellos, advierte, ya son personas de la tercera edad, en ese entonces no tenían salarios muy altos como un directivo ni piloto y muchos de ellos tampoco lograron recolocarse en la industria tras el quiebre de la aerolínea. “Nosotros somos jubilados, personas de la tercera edad, que hemos recibido pagos parciales, muy pequeños, y ahora quieren que nos desistamos de nuestro derecho. Se está formando un melodrama alrededor de esto. Aquí nosotros no somos las víctimas de este proceso. Es decir, tenemos un derecho constitucional y quieren que nosotros renunciemos a nuestro derecho universal de pago de nuestra pensión”, concluye.

Gonzalo Ortiz, otro de los afectados, advierte que pese a la presión del presidente y de sus antiguos colegas, ellos están “más fuertes que nunca” y no han pensado en desistir en sus amparos. El afectado menciona además que ellos ya han presentado una nueva iniciativa a la Secretaría de Trabajo de repartición de llevarse a cabo el pago por parte del Ejecutivo. Su propuesta estriba en que ellos, los 229 extrabajadores, reciban alrededor de 150 millones de pesos y el resto se reparta en sus demás compañeros. Ortiz refiere que este pago que han puesto sobre la mesa es una cifra ínfima respecto a los casi 3.500 millones de pesos que debería cubrir el laudo ganado a favor de los ex sobrecargos jubilados.

Después de más de 13 años de tierra, tanto Ortiz como Enríquez coinciden en que después de julio, si el Gobierno retira su oferta de compra, ellos continuarán con su lucha jurídica y en espera de que un particular adquiere los edificios y equipos de la extinta aerolínea. “En varios foros hemos sentido la presión, tenemos encima a tres sindicatos, dos asociaciones, tres secretarías de Gobierno que nos están presionando por todos para que nosotros nos movamos de nuestra posición, pero no consideramos que sea un acuerdo lógico ni justo. No estamos dispuestos a ceder”, zanja.

Desde la otra trinchera, Ada Salazar, secretaria general de Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, (ASSA), reconoce que a estas alturas existen muy pocas posibilidades de conseguir el desistimiento de los amparos. “El Gobierno ya trae una línea, ya que hay un proyecto estructurado que está arrancando y que de alguna manera lo va a arrancar. Podrás tener el mejor laudo, el laudo más caro, o podrás tener el mejor amparo, el amparo más caro, pero si no hay comprador no se va a poder llevar a cabo, ni se va a consolidar tu derecho, o tu amparo, o tu laudo”, complementa.

Para la líder sindical, si cada trabajador pelea por recuperar cada salario caído, prestación y jubilación que les quedó a deber Mexicana no habrá dinero que alcance para cada uno de los afectados. “No creo que existan compradores que salgan, así como margaritas, a cada rato, a querer comprar ese tipo de deudas o a querer comprar ese tipo de vicisitudes que tiene el tema Mexicana de Aviación”, concluye. Salazar admite que ante el proceso entrampado por la marca han empezado a evaluar si aun el Gobierno podría interesarse por los activos que forman parte del embargo y en concretar la promesa de contratación de los exempleados de la aerolínea, una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa de negociación.

El tiempo sigue su marcha y el acuerdo no llega. El presidente de México ya ha avanzado en su aerolínea creando una empresa paraestatal, gestionada por las Fuerzas Armadas, para este fin, sin embargo, no le queda mucho margen si pretende cumplir con su propio cronograma de vuelo: diciembre de 2023. El ‘plan B’ de López Obrador para echar a volar este plan pasa por renombrar su aerolínea con algún nombre alusivo a las culturas mexicanas y este viernes ya ha lanzado un nombre: Aerolínea Maya.

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