López Obrador pone un ultimátum a los extrabajadores de Mexicana: 11 días para llegar a un acuerdo o renuncia a comprar la marca

La compra de la marca y activos de la extinta aerolínea Mexicana por parte del Gobierno federal pende de un hilo. Han pasado más de cuatro meses desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo que a todas luces parecía un acierto: el Ejecutivo compraría los derechos de la marca y los activos de esta aerolínea venida a menos para echar a andar su propia aerolínea militar, una transacción por la que ofreció pagar 815 millones de pesos, recursos que se repartirán entre los 6.500 exempleados afectados por la quiebra de la aerolínea hace más de una década. El acuerdo parecía redondo, ganaban los extrabajadores y la Administración federal. En ese entonces, ni los principales trabajadores de pilotos y sobrecargos ni el propio Gobierno anticipaba que un par de amparos pondría este proyecto contra las cuerdas: un grupo de 229 exempleados de la aerolínea se han negado a esta transacción y han presentado un par de amparos colectivos, recursos que han impedido levantar el embargo y por ende hacer uso de los activos.

Ante este impasse jurídico, esta semana el presidente López Obrador ha dado un ultimátum a los trabajadores inconformes: o desisten de sus amparos y permiten la venta de los activos y la marca antes del 5 de junio o retirará la oferta. El riesgo real de perder la última oportunidad de recuperar algo de lo que les quedó a deber Mexicana ha encendido las alarmas en el resto de los empleados que sí quieren llegar a un acuerdo de compraventa con el Gobierno. Las organizaciones sindicales de sobrecargos, pilotos, trabajadores de confianza y jubilados de Mexicana han pedido a este grupo de poco más de 200 exempleados a que reconsideren su posición y permitan que la Administración federal les compre la marca. Sin embargo, los inconformes afirman que aceptar ese acuerdo sería renunciar a una indemnización, vía el laudo, más justa y acorde a los que deben recibir después de 12 años en tierra.

El Ejecutivo ha presionado el acelerador para echar a volar la aerolínea del Estado antes de que concluya su mandato. La semana pasada se oficializó la creación de la empresa Aerolínea del Estado Mexicano, la empresa a través de la que operará esta aerolínea estatal y que será parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena). El mandatario aún desea que los aviones de su compañía aérea lleven el nombre “Mexicana”, además de que con este desembolso millonario adquiriría también otros activos: dos simuladores de vuelo, un centro de adiestramiento, un piso en Balderas (Ciudad de México) y un edificio en Guadalajara (Jalisco).

Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), llamó a los inconformes a que reconsideren su posición personal por el bien colectivo. “Hoy tenemos la oportunidad de que Mexicana vuelva a volar y lamentablemente la falta de acuerdo entre los trabajadores puede llevar a traste el que Mexicana no vuelva a volar. Esta venta es una salida digna”, comentó este jueves en conferencia de prensa. Aunque reconoció que la oferta de López Obrador es inferior a lo que por ley les corresponde después de años de no recibir nada por sueldos y prestaciones, también advirtió que este ha sido el único Gobierno que les ha presentado una propuesta por la marca, un nombre comercial que con los años ha ido perdiendo valor. De acuerdo con el líder sindical, si en 2015 la marca Mexicana valía 75 millones de dólares, hoy su valor ha caído a unos 20 millones de dólares, unos 400 millones de pesos.

Agregó que de irse a más juicios o recursos legales se podrían perder de cinco a 10 años más, tiempo en que los bienes se irían deteriorando porque no hay dinero para darles mantenimiento. “Desde enero pasado se nos dijo que el dinero que se va a utilizar para la compra de estos bienes proviene del ejercicio 20 22, de tal forma que tenemos que darle celeridad al tema, porque de no ser así, pues estos recursos se van a tener que regresar al fondo federal”, zanjó.

Ada Salazar, secretaria general de Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, (ASSA), explicó que el desistir de un amparo no significa que los laudos en curso desaparecen, esos recursos siguen independientes, pero se requiere quitar los amparos para levantar el embargo y con ello dar paso a la compra por parte del Gobierno. “Esto no es una liquidación, esto es un poquito de oxígeno para todos nosotros. El Gobierno ya echó a andar la maquinaria para tener otra línea aérea, ya tiene una razón social, pero si no se logra esto (comprar la marca Mexicana), a lo mejor le van a poner la Aerolínea del Bienestar o cualquier otro nombre”, advirtió.

Los representantes sindicales de sobrecargos, pilotos, empleados de tierra, de confianza y jubilados exhortaron a sus otros compañeros a retirar sus amparos no solo para no comprometer la venta de la marca, sino también porque existe un compromiso del Gobierno de que serán tomados en cuenta con prelación para formar parte del personal de la nueva aerolínea militar. En una maniobra de último minuto para evitar que la venta del Gobierno se venga abajo, los sindicalistas han llamado a una asamblea extraordinaria el próximo lunes para intentar convencer por última vez al grupo disidente.

Sin embargo, el grupo de estos 200 exempleados disidentes no tiene intención, aun con esta fecha límite sobre los hombros, de cambiar su postura. Iván Enríquez uno de los trabajadores integrados en este amparo explicó que no avalan la propuesta de compra del Gobierno porque en ella se establece una distribución de los recursos de acuerdo al puesto y a la antigüedad, lo que pone en desventaja a un piloto frente a un sobrecargo. “Estamos de acuerdo en la venta, lo que no estamos de acuerdo es en la distribución que están tramando hacer, un exdirectivo podría cobrar cientos de miles de pesos, mientras un jubilado cobraría unos 40.000 pesos, bajo este acuerdo se privilegia a los más favorecidos y se desdeña a los desprotegidos”, comentó.

Enríquez aseguró que este grupo disidente fue dejado de lado al inicio de las negociaciones y no han contado con la misma información que sus otros compañeros. “No nos vamos a desistir, nosotros tenemos un amparo y estamos pidiendo que el caso lo atraiga la Suprema Corte de Justicia para que resuelva de fondo este asunto. La deuda que se ha generado con los jubilados es inmensa, no nos han pagado desde 2011″, zanjó. El sobrecargo jubilado de Mexicana indicó que los 815 millones de pesos, mientras que el laudo que están peleando, supondría, de cobrarse, más de dos millones de pesos por exempleado.

Los extrabajadores de Mexicana, que de un día a otro perdieron su empleo ante la bancarrota de la empresa y llevar años en los juzgados luchando para que se reconozcan sus laudos, ahora están ante una decisión crítica: aceptan al menos los 815 millones de pesos a repartir entre más de 6.000 compañeros o dejan pasar la propuesta del Gobierno para seguir en una lucha en tribunales que promete una mayor recompensa, aunque esta pueda demorar años en llegar.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país