Morena impulsa una reforma para evitar que los acusados queden libres cuando se dan fallos en el debido proceso

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado varias veces de que los jueces ordenen la liberación de personas por violaciones de las autoridades al debido proceso legal. Esta es una protección constitucional que garantiza que una persona acusada de un delito tenga a salvo sus derechos humanos, desde su detención hasta su sentencia, si es el caso. En México, las violaciones al debido proceso cometidas por policías, fiscales o jueces pueden derivar en que, por orden de un juzgador de mayor rango, una acusación se anule y se ponga en libertad a la persona señalada, que pasa a ser considerada víctima de atropellos a sus derechos. El debido proceso ha atravesado casos tan polémicos como Ayotzinapa, donde decenas de acusados han sido liberados. O el de Florence Cassez, cuyo expediente plagado de irregularidades propició su salida de la cárcel.

Para el presidente López Obrador, se trata de un exceso de los jueces, a los que ha acusado de favorecer a los delincuentes en perjuicio de la sociedad. “Ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto”, ha dicho con ironía. En sus conferencias mañaneras, el mandatario ha dibujado lo que sería el mundo ideal para él: cuando se encuentren fallas en el debido proceso —ha dicho—, los jueces deberían ordenar que se reponga el procedimiento —es decir, que se corrija lo que se hizo mal—, sin que ello signifique la liberación de un detenido.

El partido oficialista, Morena, que suele actuar como caja de resonancia de los dichos del presidente en la mañanera, ha alistado una reforma constitucional en los términos dictados por López Obrador. La bancada oficialista en el Senado incluyó en su agenda legislativa para este año —el penúltimo del Gobierno de López Obrador— una “reforma constitucional para establecer los alcances del debido proceso legal, cuando esté debidamente comprobada la existencia del delito y existan evidencias de la probable responsabilidad del imputado”, según se lee en un documento elaborado por la oficina del coordinador morenista, Ricardo Monreal, y circulado entre los legisladores de su grupo parlamentario.

En paralelo, en comisiones legislativas hay desde 2019 una iniciativa del senador Daniel Gutiérrez Castorena que, en síntesis, indica que los jueces no podrán dictar absoluciones basados en que hubo fallas en el debido proceso. Legisladores de oposición y especialistas señalan que, si bien Morena no cuenta con la mayoría calificada para concretar con éxito la reforma constitucional (se requiere del voto de dos terceras partes del Senado), el proyecto es peligroso, por pretender acotar una protección favorable a los ciudadanos ante abusos de las autoridades. Además, argumentan, el Gobierno debería ocuparse en fortalecer las habilidades investigadoras de los agentes de seguridad y ministerios públicos, amén de capacitarlos en el respeto a los derechos humanos, en lugar de cargar contra los jueces y atarlos de manos.

López Obrador ha mantenido un pulso constante con la Suprema Corte de Justicia y, en abstracto, con el poder Judicial, donde acusa la existencia de jueces corruptos y adversos a su proyecto político. Recientemente dijo que el sistema de justicia mexicano solo castiga a quienes no tienen dinero para “comprar la inocencia”, o que los juzgadores apelan a formalismos para tomar decisiones no siempre justas. “Ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso del Derecho, porque en la liberación de presuntos delincuentes se utiliza como excusa el Derecho”, afirmó, y pidió al Consejo de la Judicatura indagar a los jueces que han dictado “liberaciones injustificadas”.

“Imagínense, un juez que sabe que hay cinco expedientes o que ya hay gente que entró a la cárcel dos, tres veces, y que están acusados de homicidio o de narcotráfico, y que, porque no se mostró que en la bolsa había una pistola, no fue prueba contundente, suficiente, entonces se deja en libertad al presunto delincuente. ¿Por qué el juez no puede decirle al Ministerio Público: ‘te regreso eso, está mal integrada tu averiguación, repón el procedimiento, te falta esto, esto, esto’, porque es un asunto muy delicado, y se repone el procedimiento, y se demuestra que sí debe de quedar detenida la persona?”, ha recomendado el presidente.

Es un hecho que, en nombre del debido proceso legal, los jueces han ordenado liberaciones que han causado polémica e indignación. Un ejemplo es la puesta en libertad de decenas de acusados del caso Ayotzinapa, entre exfuncionarios públicos y presuntos narcotraficantes que estaban detenidos por supuestamente haber participado en la desaparición forzada de los 43 normalistas en 2014. Por otro lado, también es cierto que la defensa irrestricta del debido proceso ha dejado antecedentes históricos, como en el caso de Florence Cassez, cuyo expediente fue armado por la Policía de Genaro García Luna a partir de declaraciones falsas de agentes y confesiones obtenidas mediante tortura. La Suprema Corte concluyó que un efecto corruptor había viciado tan profundamente la investigación que era imposible reponer el expediente, por lo que los ministros ordenaron la liberación inmediata de la ciudadana francesa.

El proyecto oficialista

El debido proceso legal establece el derecho de una persona a no ser sometida a torturas o malos tratos, inhumanos o degradantes; a la presunción de inocencia; a la adecuada defensa (que va desde la inmediata puesta a disposición del Ministerio Público hasta la asistencia efectiva de un abogado); a tener un juicio justo, imparcial y público; a poder presentar pruebas para defenderse; a que las pruebas presentadas en su contra sean lícitas (es decir, que no hayan sido obtenidas por medios ilegítimos o ilegales); a la protección y asistencia consultar, entre otros derechos.

Para Morena, cualquier violación a esas garantías debería ser señalada a las autoridades —policías, ministerios públicos o jueces— para que las enmienden. El senador Gutiérrez Castorena propone una cosa más en su proyecto de reforma: que la autoridad que cometió el fallo sea denunciada, indagada y sancionada. Su iniciativa, que fue turnada en 2019 a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, propone añadir un párrafo al artículo 14 de la Constitución: “Ninguna autoridad jurisdiccional podrá absolver a los imputados por fallas en el debido proceso, cuando haya evidencias de la existencia del delito y de su probable responsabilidad; en ese caso, se decretará la reposición del procedimiento a partir del vicio u omisión, y el juzgador dará cuenta a quien competa para la posible sanción que corresponda a la autoridad o autoridades involucradas”.

La iniciativa de Castorena —que él volverá a impulsar al interior de su grupo parlamentario, según ha confirmado en entrevista— también propone reformar el artículo 20 para establecer que será un “derecho” de las víctimas “que el imputado no pueda ser absuelto por fallas en el debido proceso”.

El senador morenista reconoce que la instauración del debido proceso en México ha significado un avance contra la “fabricación” de delitos contra ciudadanos inocentes, pero, sostiene, esa protección “se ha viciado”. “¿Qué ocurrió? Pues que muchos delincuentes que tenían un delito vieron un mecanismo para evadir la justicia y recurrieron al argumento de que no se había llevado a cabo correctamente el debido proceso. Y entonces se prestó a un mecanismo en que hemos visto cómo ha salido mucha gente por no llevar correctamente el debido proceso. Se empezó a utilizar el argumento del debido proceso para decir: ‘¿Saben qué? Pues sí cometió el delito, es un delincuente, lo agarraron, pero hubo fallos en el debido proceso y por tanto queda libre’. Entonces eso ha traído muchos problemas a la sociedad mexicana”, expone en entrevista.

Castorena, que reconoce que elaboró su iniciativa sin la asesoría de abogados ni defensores de derechos humanos, dice que el proyecto responde a un reclamo popular. “Esto conlleva a una mayor responsabilidad de las autoridades judiciales, del poder Judicial, precisamente para evitar lo que muchas veces me reclamaba mucha gente, que había una puerta giratoria, pues dicen: ‘Los agarran y al otro día están afuera los delincuentes’. Entonces esta iniciativa sería de gran ayuda para evitar precisamente que la delincuencia sea liberada”, afirma. “Porque aparte sabemos que en este momento está muy cuestionada la honestidad del poder Judicial y de muchos jueces en particular. Entonces, ¿cómo se arreglan? Pues obviamente con bienes, con intereses, con dinero”.

Críticas de la oposición y los especialistas

El senador Emilio Álvarez Icaza, que ha sido Ombudsperson de la Ciudad de México y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que las fallas en el debido proceso se deben resolver fortaleciendo el desempeño de las corporaciones de seguridad, las fiscalías y los jueces de menor nivel, que son quienes emiten las primeras sentencias basados en las pruebas que se les presentan. En entrevista, el legislador señala que la iniciativa de Morena busca resolver por la vía punitivista el anhelo social de justicia.

“Esta es una propuesta de una acabada expresión de lo que se conoce como populismo autoritario, populismo punitivo. Es decir: ‘Vamos a resolver la impunidad reduciendo derechos y ampliando penas’. Esa fórmula se ha venido repitiendo el Congreso mexicano muy lamentablemente”, explica Álvarez Icaza. “El problema no es ya el debido proceso. El problema es el desastre de las fiscalías, el desastre de la no integración de las averiguaciones previas. El grave problema de la impunidad es la incapacidad que tiene todo el aparato gubernamental. Entonces, pretender resolver el problema de la impunidad por la vía de reducción de derechos es una forma extraordinariamente peligrosa, que es un reflejo de ese entendimiento autoritario de la justicia y que, entre otras cosas, es pretender satisfacer al monstruo de la opinión pública con la ejemplaridad de las penas”.

El senador expone que la Administración de López Obrador ha apostado, sin éxito, al punitivismo como medida disuasoria de las conductas delictivas, como en el caso de la prisión preventiva oficiosa. Señala que el debido proceso es una de las mejores herramientas existentes para evitar la corrupción judicial. “El debido proceso es la expresión del derecho penal, superando los excesos del derecho punitivo. Es la vacuna para evitar las corruptelas, los excesos, los abusos, las venganzas. Si eso se produce [la reforma], pues lo que va a pasar es que se van a implementar esos abusos e incluso puede haber muchos más elementos para incrementar la corruptela”, afirma.

La abogada penalista Adriana Greaves refiere que la suma de corporaciones policiacas empobrecidas y ministerios públicos saturados de expedientes sin concluir da como resultado un sistema de investigación de delitos y de procuración de justicia deficiente, ante el que los jueces cumplen una importante función de cancerberos para evitar que personas inocentes vayan a la cárcel. “Lo único que están haciendo los jueces es seguir estándares nacionales e internacionales de debido proceso para proteger a cualquier ciudadano que el día de mañana esté sentado en una silla de acusados”, afirma en entrevista. “El problema no está en el Poder Judicial. Al contrario, es un gran trabajo que los estén tratando de elevar desde hace muchos años el estándar de investigación y de persecución penal de las policías y de las fiscalías”.

Greaves, que es cofundadora de la organización Tojil, explica que el debido proceso no solo está establecido en la Constitución y en normas secundarias, sino que México ha suscrito convenios internacionales que han contribuido a fortalecer esa garantía. La especialista considera preocupante que, para impulsar su reforma, López Obrador acuse abiertamente a los jueces de liberar a delincuentes. “Es una forma de manipulación a la población. El juego de palabras es muy peligroso, porque lo que está diciendo el presidente es: ‘Nosotros estamos tratando de combatir el crimen, a la delincuencia organizada, a los secuestradores, a los que nos roban, nosotros los detenemos, los llevamos ante un juez, y son los jueces quienes los liberan’. ¿Pero cuál es el problema? No es que los jueces estén liberándolos sistemáticamente; el problema está en que la detención, las investigaciones, no se están sustentando y no están respetando las reglas procesales para que se pruebe el delito”, señala.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país