La CIDH alerta de que los jesuitas de Cerocahui están en una situación de riesgo “grave, urgente e irreparable”

A siete meses del asesinato de dos sacerdotes de Cerocahui, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares de protección a 11 de los miembros de la comunidad por considerar que se encuentran en una situación de riesgo “grave, urgente e irreparable”. En su resolución, el ente internacional pide al Estado mexicano que “adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal, y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra”. La CIDH da un plazo de 15 días al Gobierno para integrar estas medidas y le solicita una actualización periódica.

El 20 de junio de 2022, los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar fueron asesinados dentro de la parroquia San Francisco Javier, en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Los sacerdotes trataron de defender a Pedro Palma, un guía turístico que se había refugiado en el templo y a quien perseguían miembros del crimen organizado. Los tres terminaron acribillados por los sicarios. Se llevaron en una camioneta sus cuerpos, que aparecieron tirados dos días más tarde.

Detrás del crimen, las autoridades situaron a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Un líder del narco local, aliado del grupo criminal Los Salazar, una célula del Cártel de Sinaloa, que actúa como un cacique en la sierra. La Fiscalía ofreció una recompensa de cinco millones de pesos —unos 250.000 dólares—, pero El Chueco sigue sin ser detenido.

Su impunidad le permitió el pasado 24 de agosto grabar un video a cara descubierta en el que amenazaba al párroco Jesús Reyes, testigo y sobreviviente del crimen. El criminal avisaba de que iba a incendiar la comunidad y asesinar a toda persona que colabore con los sacerdotes en los procesos judiciales, además de que iba a regresar a Cerocahui a por Reyes “por bocón”. Estas amenazas, además, han sido difundidas por los pueblos de la sierre, con el objetivo de que nadie pueda ayudar a los clérigos.

La comunidad jesuita de Cerocahui, un municipio rural, indígena y pobre de México, de unos 1.000 habitantes, ha advertido en numerosas ocasiones que las autoridades municipales han sido impuestas por El Chueco y que incluso el director de la policía de una localidad vecina trabaja para el crimen organizado. Esta colusión explica que algunos de los agresores sigan recorriendo libremente el territorio. Al Chueco incluso se le ha visto en una fiesta a menos de 20 kilómetros de Cerocahui, y dos de sus principales operadores fueron detenidos en octubre con granadas y armas. Posteriormente fueron liberados.

La Fiscalía ha anunciado que han detenido a 31 personas relacionadas con el crimen, pero el clima de terror se mantiene, denuncian los sacerdotes, tanto que les está impidiendo realizar sus actividades normales. La protección que hasta ahora han recibido del Estado incluye el apoyo de un par de agentes de la Guardia Nacional, una seguridad que califican de “insuficiente”: “En particular, durante los fines de semana no pueden cubrir todas las necesidades del equipo religioso, tanto de los que viajan, como los que se quedan en la comunidad”. Además, “los miembros de la Guardia Nacional no contarían con condiciones mínimas de estadía, tales como hospedaje o sanitarios, teniendo que brindárselos la propia comunidad. Ello, no solo limita el espacio que se utiliza para labores pastorales, sino que impone una carga para la comunidad”, apuntan.

Ante esta información, la CIDH concluye: “A pesar del transcurso del tiempo, aún no se han brindado medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo, lo que puede ocasionar afectaciones a sus derechos a la vida e integridad en cualquier momento”. La Comisión incluye entre las medidas cautelares necesarias a Jesús Reyes, A.G.C., N.C.J., Esteban de Jesús Cornejo, Sebastián Salamanca, Luis Ramón Avitia, Luis Gilberto Alvarado; M.L.R.C., Enrique Javier Mireles, Alberto Munguía y Daniel Martín. Todos ellos, incide la CIDH, “estarían siendo vigilados”, puesto que “se han presentado reportes de sicarios en comunidades aledañas que estarían amenazando con atacarlos”.

Para el ente internacional, que los sacerdotes fueran asesinados en su propio templo y que los agresores estén ligados a un cártel reconocido a nivel mundial como el de Sinaloa “refleja el alto margen de actuación que tuvieron personas armadas”. Por esta razón, exigen al Gobierno que mejore las medidas de protección propuestas hasta ahora.

El imperior criminal del Chueco no es desconocido para las Fuerzas Armadas mexicanas, que desde hace tiempo siguen sus pasos. La masiva filtración de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que EL PAÍS tuvo acceso, reveló que el Ejército conocía desde hace por lo menos dos años antes de la tragedia de Cerocahui prácticamente todo sobre el cacique: sus alianzas con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tráfico de droga que utilizaba y el régimen de terror que impuso a la población civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el guía fueron acribillados. A día de hoy, sigue en busca y captura.

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