El Gobierno mexicano evade los cuestionamientos de la ONU sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano respuestas sobre el avance de las pesquisas en el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua en junio de este año y pruebas de que se han investigado las amenazas contra los defensores de derechos humanos en la sierra Tarahumara. Tres relatorías especiales del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hicieron llegar la petición formal al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador un mes después del crimen perpetrado contra los religiosos, según documentos publicados esta semana por la organización internacional a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Las autoridades respondieron dos días antes de que venciera el plazo de la solicitud con un escueto documento oficial, en el que afirmaron que la Fiscalía estatal no consignó ninguna amenaza contra los sacerdotes. Tampoco entraron en detalles más allá de la información que ya es pública sobre las indagatorias para dar con José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso que sigue prófugo de la justicia.

Los sacerdotes Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales fueron asesinados a tiros el pasado 20 de junio dentro de una iglesia, donde resguardaban al guía turístico Pedro Palma. El guía también fue asesinado tras ser perseguido por Gente Nueva, el grupo delictivo que encabezaba El Chueco en Cerocahui, una pequeña comunidad indígena al suroeste del Estado de Chihuahua. Después de matarlos, los integrantes de la organización criminal sustrajeron los tres cuerpos y los abandonaron en un paraje un par de días después, tras arrastrarlos con una camioneta. El crimen provocó la indignación de la Iglesia católica que alzó la voz para cuestionar la estrategia de seguridad del Gobierno de López Obrador. “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México”, dijo el papa Francisco el 22 de junio.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el asesinato de los defensores de derechos humanos y sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, que tememos haya estado directamente relacionado con su labor”, se lee en el documento firmado el pasado 22 de julio por los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los tres relatores pidieron al Gobierno mexicano que diera “atención urgente” a la solicitud y dieron un plazo de 60 días para responder.

La respuesta se produjo, precisamente, casi dos meses después: en un oficio firmado el pasado 20 de septiembre por la Misión Permanente de México ante la ONU en la ciudad suiza de Ginebra. Las autoridades mexicanas reiteraron que no había registros judiciales de alguna amenaza contra los sacerdotes y no dieron información sobre las situaciones denunciadas por otros defensores otros defensores de derechos humanos. Sí explicaron que hay un testigo que ha recibido protección para resguardar su seguridad. También se señala que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de Chihuahua buscó a los familiares de los sacerdotes asesinados, pero se admite que no pudo establecer contacto directo con ellos, aunque están “en disposición” de brindarles apoyo.

Sobre las investigaciones, la misión de México dijo que se han hecho diligencias para entrevistar a personas que identificaran los cadáveres de las víctimas, dar un parte informativo a las autoridades ministeriales y hacer diversos procedimientos periciales como necropsias, levantamiento de información criminalística y series de fotografías. También se reservó la identidad de todos los testigos que señalaron a El Chueco y Gente Nueva como los responsables, se decomisó el vehículo donde se transportaron los cuerpos y se inició un operativo de busca y captura de los sospechosos. Tras presentar el informe, las autoridades piden que se de por resuelta la solicitud conjunta. Sin contar los considerandos, todo el informe de los primeros tres meses de las indagatorias a la ONU cabe en cuatro páginas.

“Que tres mandatos especiales de la ONU se haya pronunciado sobre el caso y demandado información sobre la indagatoria da cuenta del impacto global de estos eventos que, sin embargo, siguen impunes”, afirma el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una institución fundada por la Compañía de Jesús. “Es relevante que los relatores encuadren la actividad de los sacerdotes jesuitas asesinados como propia de defensores de derechos humanos, pues en razón de ello las autoridades del Estado mexicano tienen una obligación agravada de debida diligencia en la investigación para que no queden impunes los hechos”, agrega.

Tras la filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, EL PAÍS adelantó en octubre que las fuerzas de seguridad conocían desde dos años antes de los asesinatos el poder de El Chueco y su imperio criminal en el sur de Chihuahua. El Ejército sabía de las alianzas del principal sospechoso con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tráfico de droga que utilizaba y el régimen de terror que impuso a la población civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el guía fueron acribillados.

Tras el asesinato, se ordenó a los militares de la zona hacer un “seguimiento” a las actividades de representantes de la Iglesia católica y de otras denominaciones religiosas. En uno de los documentos filtrados se pide vigilar posibles agresiones, pero también consignar “posibles vínculos con la D.O [delincuencia organizada]” de los eclesiásticos y su “postura respecto a la política de seguridad del Gobierno federal, incluyendo pronunciamientos”. “Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy prófugo, y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”, reprochó la Compañía de Jesús tras la publicación del reportaje.

“Quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, solicitan los funcionarios de la ONU. “Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, agregan.

“A casi seis meses, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar al perpetrador ante la justicia y la situación de la sierra Tarahumara no ha mejorado”, lamenta el Centro Prodh. Ante los señalamientos, las autoridades argumentaron en septiembre que seguía la búsqueda de testigos y el rastreo de los agresores. Pese a múltiples operativos y diligencias judiciales, el crimen que estremeció a la sierra Tarahumara y a todo un país sigue sin respuesta.

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