Una semana atrapados en la mina sin saber si están vivos o muertos

La tierra rugió y se tragó a 10 hombres hace una semana. Una inundación provocó el derrumbe de un pozo minero en el municipio de Sabinas, en el Estado de Coahuila (noreste de México). Se trataba de una explotación de carbón clandestina sin condiciones de seguridad, apenas a unos metros de la mina de Las Conchas, abandonada desde hace casi 40 años y llena de agua por su cercanía con el río Sabinas. El 3 de agosto, el líquido se abrió camino entre grietas, arrasó todo a su paso y colapsó los túneles donde trabajaban los obreros. Pese a que se ha desplegado un enorme operativo para rescatarlos, este miércoles se ha cruzado una frontera que todos esperaban evitar: una decena de mineros lleva 192 horas aprisionados en el subsuelo. Nadie sabe si están vivos o muertos.

Desesperación es una palabra que hace días que se ha quedado corta para describir la situación en la mina. Los familiares de las víctimas se resisten a perder la esperanza, a pesar de que la estadística apunta en su contra: los hombres no tienen comida ni agua, y la única posibilidad de que continúen con vida es que hayan conseguido encontrar una burbuja de aire. No sería la primera vez que pasa. En el campamento improvisado que los parientes han erigido en los alrededores de los pozos, se cuentan una y otra vez historias de otros mineros que consiguieron sobrevivir después de más de una semana atrapados en condiciones similares. Es el único salvavidas al que aferrarse.

Entre los allegados, la queja más habitual es la opacidad de las autoridades: nadie les informa de los avances —o la falta de ellos—; se ha montado un perímetro de seguridad con cercas, lonas y alambre de espino para impedir el acceso y la visibilidad; y a los rescatistas voluntarios —familiares y mineros de la comunidad que conocen el terreno— los amenazan con expulsarlos de las labores de salvamento si filtran información a la prensa. De acuerdo con el periódico El Sol de México, grupos de hombres armados que se hacen pasar por personal de la Fiscalía también están intimidando a los parientes y voluntarios para que no den entrevistas a los medios de comunicación. El resentimiento hacia las decenas de periodistas que rondan la mina también es palpable. Están cansados del trato, de responder las mismas preguntas y de verse obligados a dar, una semana después, las mismas respuestas.

Los avances han sido escasos y a cuentagotas. Los trabajos de rescate se han centrado durante toda la semana en drenar el agua que inunda los pozos (de más de 60 metros de profundidad), pero a un ritmo que ha exasperado a los familiares. En un primer momento, la altura del líquido alcanzó los 40 metros. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el martes se encontraba a 10,4 metros en el pozo uno, 11,3 metros en el dos y 16,4 metros en el tres. Fuentes extraoficiales consultadas por EL PAÍS apuntan a un número inferior. El problema es que en Las Conchas hay un volumen ingente de agua, acumulada durante 40 años de abandono. A medida que se extrae el líquido del pozo, vuelve a filtrarse, lo que dificulta enormemente el trabajo.

El lunes se produjo el primer descenso de un rescatista del Ejército a uno de los pozos, que concluyó a los pocos minutos. El soldado extrajo palos y vigas de madera. Le siguieron otros intentos tímidos con resultados parecidos. También bajó a los túneles un dron submarino con una cámara que permitió observar “gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia”. Los expertos concluyeron que, por el momento, “no existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda”, según la Sedena.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró el martes que, dado el nivel del agua, los equipos de rescate solo podrían acceder al interior de los pozos a mediados de semana. El mandatario visitó el domingo el lugar, aunque su visita fue breve y se saldó con un momento de tensión entre la Guardia Nacional y los familiares de los mineros, quienes acusaron a López Obrador de haber acudido a “hacerse una foto” a costa de su dolor.

Según las autoridades, hay más de 500 agentes entre equipos de rescatistas profesionales, Protección Civil, Guardia Nacional, el Ejército, ingenieros y especialistas. Los familiares de los mineros defienden que el trabajo manual y más pesado lo están desarrollando los compañeros de los atrapados y otros miembros de la comunidad que conocen la zona, los pozos y están acostumbrados a estos accidentes.

La comunidad se ha volcado en ayudar a los allegados. Cada poco tiempo llegan coches particulares cargados con agua y alimentos para los parientes, que denuncian que el Ayuntamiento de Sabinas no se ha hecho cargo de ellos. Aguantan días con temperaturas que rozan los 40 grados y noches durmiendo al raso, en sillas de plástico o sobre el suelo. Se han instalado baños portátiles, pero hace varias jornadas que nadie los limpia y bajo el sol del desierto el olor se ha vuelto insoportable. A medida que el tiempo ha pasado, muchos comienzan a volver a sus casas a descansar y bañarse. En el interior del perímetro de seguridad hay varias carpas con catres para los familiares directos.

El terreno de la explotación está a nombre de la Minera Río Sabinas SA de CV, que fue vendida en noviembre de 2012 a Compañía Minera El Pinabete. Según los datos oficiales, el responsable del terreno es un hombre llamado Cristian Solís Arriaga. Sin embargo, todas las fuentes consultadas señalan que solo se trata de un testaferro, y que la mina en realidad se encuentra bajo poder de Régulo Zapata Jaime, empresario y exalcalde de Sabinas. Zapata Jaime ha negado su implicación y defendido que solo trabajaba como asesor para la compañía. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado sus pesquisas sobre lo ocurrido e investiga a tres personas, según el medio de comunicación Milenio.

El carbón de Coahuila es la piedra angular de la reforma eléctrica a la que aspira López Obrador. En este Estado se produce el 99% del mineral que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la pieza clave en la estrategia del presidente: una institución a la que pretende otorgar un poder monopólico por encima de las empresas privadas del sector. El plan implica la dependencia nacional del carbón, una de las industrias más contaminantes del planeta. La polución del aire que provoca su combustión provoca que, solo en Coahuila, 430 personas mueran al año por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air.

La región carbonífera de Coahuila es una tierra pobre con una fuerte división de género: ellos se juegan la vida en los pozos; ellas hacen turnos interminables por sueldos de miseria en las maquilas, peor pagadas pero más seguras. Según el registro histórico que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón, a finales del siglo XIX, más de 3.100 mineros han muerto en el Estado. Una semana después de la última tragedia colectiva en las minas, toda una comunidad aguanta la respiración y reza para no sumar otras 10 vidas a la lista. Cada minuto que pasa con los obreros bajo tierra es un mazazo a la esperanza.

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