La segunda reclusa liberada por el apoyo legal del Gobierno mexicano: “Creo que sí existe la justicia”

Después de tres años de haber sido encarcelada en un penal del sur de la Ciudad de México, Mara ‘N’ no reconocía las calles donde vivía con su madre y su pequeño hijo, que hoy tiene cuatro años y al que solo pudo ver en dos ocasiones durante el tiempo que estuvo entre rejas. “No me gusta decirlo, pero la primera noche que llegué a la casa me sentí muy rara, la verdad”, dice en entrevista con EL PAÍS la mujer de 23 años, quien lleva apenas un par de días retomando su ansiada libertad. “Sentía esas miradas de los que estaban en el mercado, si ya me vieron en las noticias. ¿Qué van a decir de mí? En mi cabeza todavía me pregunto muchas cosas”, comenta cuando se le pregunta por su salida de la prisión. Mara es una de las 500 reclusas a las que el Gobierno de la Ciudad de México ha decidido apoyar con asesoría jurídica dentro de un programa para que los presos de bajos recursos accedan a la justicia.

Sonríe con timidez y se muestra muy nerviosa cuando se le cuestiona si cree que la justicia existe en México. “¿Que si creo que existe la justicia? Creo que sí existe la justicia”, murmura sonriendo mientras busca ansiosamente la mirada de su madre, quien la acompaña desde el otro lado de una biblioteca. El caso de Mara busca paliar la crisis penitenciaria del país, donde sus cárceles se encuentran desbordadas de acusados sin sentencia, de reos condenados por delitos menores que no pudieron esquivar la prisión al no tener dinero para pagar una fianza y otros muchos a los que no les alcanzaba para pagar a un abogado. “Híjole, pues… No lo sé”, finaliza y se mira las manos esperando a que venga la siguiente pregunta.

Mara fue liberada apenas hace unos días del penal de Santa Martha Acatitla, al sur de la ciudad, en Iztapalapa, uno de las zonas más pobladas y peligrosas de Ciudad de México, tras haber sido acusada del robo de un vehículo. “Para poder comprarle aunque sea unos pañales a mi niño”, recuerda. Dos días después de ser detenida, ingresó al penal sin poder acceder a un pronunciamiento por reparación del daño o una apelación a su sentencia. Por ese robo, le dieron cinco años.

Que haya podido dar el salto fuera de la cárcel se debió al convenio firmado entre el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el Poder Judicial de la Federación y el Gobierno de Ciudad de México para liberar a los presos en situación de vulnerabilidad, ya sea pobreza, discapacidad o edad avanzada. En mayo de 2022, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se reunió con 220 mujeres de esta prisión, incluida Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. Meses antes de la visita, Robles y otras 1.400 reclusas firmaron una carta en la que se exponen las situaciones de abuso que representa la prisión preventiva y cómo el sistema ha abusado de esta medida. Esta figura está incluida en la Constitución mexicana para un máximo de dos años, sin embargo, la saturación de los tribunales y la lentitud de la justicia alargan durante muchos más años los procesos judiciales, mientras el acusado sigue esperando en la cárcel sin sentencia.

“Sí, vi a la señora Robles, ella fue quien organizó la visita del magistrado [Arturo Zaldívar], pero solo de lejos, con educación, saludándola en el kilómetro”, recuerda Mara. El kilómetro es un largo pasillo en el que confluyen varias áreas del penal de Santa Martha, como los centros de educación para los hijos de las reclusas y el área de protección, donde se encuentra la exsecretaria, acusada de presuntos desvíos millonarios de fondos públicos en una trama de corrupción conocida como la Estafa Maestra.

Mara es la segunda presa liberada por este convenio. Tras la excarcelación de Alna ‘N’, después de 16 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco. “Tenemos una visión de justicia punitiva, y yo incluso me atrevo a decir de populismo penal”, dice en entrevista Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. “En los últimos 30 años se duplicaron las penas en los delitos federales que más se cometen, delitos contra la salud, narcotráfico y todo lo que tenían que ver con armas, pero obviamente el índice delictivo no ha disminuido, al contrario, ha aumentado”, comenta.

El esfuerzo por la libertad

Mara se enteró de que el ministro Zaldívar iba a visitar la prisión por los trabajos que se empezaron a hacer dentro: pintura, limpieza, lavado de ventanas. “Yo no lo creía, eso de que nos va a sacar nada más, nos está mintiendo, ¿no?”, recuerda Mara de la visita del presidente del Supremo. “Cuando vi que los licenciados de Defensoría Federal fueron, fue algo muy impactante porque yo no quería tomar la charla, pensé que había otras chicas que lo necesitaban más que yo”, recuerda. En Santa Martha Acatitla hay más de 1.500 mujeres recluidas, y hasta el momento se han atendido a 577 internas en siete brigadas con abogados públicos del IFDP.

Para el titular de los defensores públicos, la asesoría jurídica es un impulsor para acabar con la impunidad imperante, y que se refleja en que buena parte de los presos entran bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. “Tenemos muchos casos en esta situación, que llevan once, quince años o más en prisión preventiva sin que se les dicte una sentencia”; indica. En los últimos años, se han incluido muchos más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el huachicol (robo de combustibles), el robo a casa habitación o el robo con arma, como una respuesta desesperada ante la escalada de inseguridad en el país.

La impunidad de los delitos es otro lastre que vive el sistema de justicia mexicano. Según un informe de México Evalúa, un 94,8% de los delitos no obtienen una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, mientras que buena parte de los delitos no llegan a juicio y quedan flotando en el limbo de un archivo temporal. “La gente no denuncia porque no confía en las instituciones, no confía en los abogados, no confía en los jueces ni en la policía y menos en los ministerios públicos [fiscales]”, dice Sandoval Ballesteros.

Tras la liberación de Mara, los defensores públicos se dicen listos para seguir promoviendo la justicia entre los reclusos más vulnerables, que son, en la mayor parte de los casos, los más pobres. “Que los jueces reconozcan que actuaron bajo esta lógica de populismo y punitivismo penal, no agrada, no es cómodo y el trabajo de la Defensoría Pública ha sido complejo, pero seguiremos haciendo las brigadas”, comenta el director del IFDP.

Tras un día de dar entrevistas a los medios de comunicación y de haber salido en varios canales de televisión nacional, Mara se muestra cansada, pero feliz de haber salido de Santa Martha, donde compartía habitación con otras cuatro mujeres. “Y me volvieron muy famosa la verdad”, dice, aunque cree que el siguiente paso es que la justicia asesore a sus compañeras acusadas de secuestro o de homicidio. “Hay muchas mujeres inocentes en Santa Martha”, reflexiona.

Mientras acaricia su largo cabello, la joven de 23 años quiere retomar su vida al lado de su madre y de su hijo, al que piensa contarle de su paso por la cárcel “cuando pueda entender las cosas”, poner una estética de belleza y dedicarse a la decoración de uñas. “Ahora que estoy afuera, lo que quiero es darle un buen futuro a mi bebé”, finaliza.

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