El precio de la libertad de Roxana Ruiz, una joven presa por matar a su violador

Desde el penal Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, donde lleva siete meses presa, Roxana Ruiz reconoce que no encontró otra salida cuando el hombre que la estaba violando amenazó con matarla. Su caso tomó un rumbo distinto a los miles de feminicidios que ocurren al año en México. La joven de 22 años, originaria del sur del Estado de Oaxaca, se defendió y causó la muerte de su agresor. Siete meses después, la Fiscalía la acusa de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Para salir de este limbo, Roxana tiene dos opciones: aceptar la acusación del Ministerio Público o ir a juicio contra el mismo sistema que la mantiene en prisión.

De una u otra forma, el costo es muy alto. Declararse culpable implica cumplir una pena de seis meses a siete años de cárcel, además de pagar una reparación del daño de 450.000 pesos (unos 21.500 dólares) a la familia de su agresor. Si rechaza el procedimiento abreviado cortesía del nuevo sistema de justicia penal, se enfrenta a un destino incierto. Al menos tendría la oportunidad de demostrar su versión de los hechos en un juicio, pero el camino se asoma largo y complicado. Además de que solventar sus gastos y los de su familia se está volviendo insostenible.

Aun así, la joven trata de mantenerse positiva. “Gracias a Dios no estoy muerta”, dice al otro lado del teléfono en el reclusorio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, la entidad más peligrosa del país para las mujeres. “Mi mamá me dice: ‘no estés triste que al menos yo te vengo a ver, si no ya desde cuándo te hubiera velado”, comenta. México registró en 2020 un promedio de 46 violaciones y 11 feminicidios al día, según cifras del Gobierno, es decir, cada dos horas y media una mujer es asesinada en el país. Se calcula que la impunidad en estos delitos es mayor al 90%.

Roxana nació en una comunidad indígena mixteca en Oaxaca y a los 15 años migró al Estado de México en busca de una mejor calidad de vida. Tiene un hijo que va a cumplir cuatro años y llevaba unos meses de haber conseguido un empleo como vendedora de papas fritas, cuando la noche del 8 de mayo, al finalizar su turno, su vida cambió de forma abrupta. Una amiga la invitó a beber unas cervezas con sus compañeros de trabajo. Entre ellos, había un joven que la esperó hasta que decidió irse a casa y se ofreció a acompañarla. Al llegar a la puerta, la comprometió a dejarlo quedarse a dormir porque vivía muy lejos y la zona es insegura. Ella aceptó y le acomodó una colchoneta en el piso, cuenta.

A medianoche, la joven despertó cuando el hombre la atacaba física y sexualmente en su propia casa. Roxana dice que logró sobrevivir al atacarlo de muerte, pero la Fiscalía alega que la forma en la que se defendió fue desmesurada. Al acusarla de homicidio con exceso de legítima defensa, el Ministerio Público argumenta que los medios empleados por la joven para salvaguardar su vida no son equiparables con la agresión de la que fue víctima.

“Yo sé que lo hice, pero no fue por quererlo hacer”, relata Roxana. “En ese momento no encontré otra salida. No sé de dónde me salieron fuerzas”, recuerda. Todo pasó muy rápido: forcejearon, ella lo empujó y logró quitárselo de encima, corrió e intentó escapar, pero no pudo hacer más que tomar una prenda de ropa y convertirla en arma de defensa. “Le puse la playera en el cuello, empezamos otra vez a forcejear, él queriéndome quitar de atrás de él, y fue cuando nos caímos y yo no solté la playera por el miedo que tuve”, narra.

De venganza a exceso de legítima defensa: la injusta justificación de la condena

Cuando Roxana fue detenida, los policías inspeccionaron su casa y reportaron que había ocurrido un homicidio cuyo móvil era la venganza. No se le realizaron exámenes para comprobar la agresión sexual que estaba denunciando ni se aplicó el protocolo de género correspondiente. “Les dije qué me había pasado y que sí lo había hecho, pero por qué lo había hecho y no me hicieron caso”, recuerda la joven. Tampoco se le proporcionó un traductor indígena ni pudo hacer una llamada. Su madre se enteró hasta el 11 de mayo que su hija estaba en prisión.

Su detención fue el inicio de una serie de violaciones por parte del Estado que han sido documentadas por su defensa legal, que lleva el caso desde finales de julio, casi tres meses después de que fue encarcelada. Antes, la joven y su madre apenas consiguieron una defensora de oficio que abandonó el caso porque se enfermó de coronavirus. La abogada Abigail Escalante, a cargo del caso desde entonces, explica que este es solo uno de los vacíos del sistema que no ha dejado de violentar a la joven y a su familia. “Es por eso es que en nosotros decimos que hay elementos para su absolución y que el juez podría determinar que no actuó con exceso de legítima defensa, fue únicamente la legítima defensa”, asegura.

La encrucijada legal

Sin embargo, Escalante considera que la mejor opción para la joven y su familia es que se declare culpable. “La intención es demostrar la inocencia de Roxana, pero tampoco que eso derive en una situación de mayor miseria para su familia”, lamenta. La defensora señala que la duración mínima de un juicio es de seis a ocho meses, aunque lo más probable es que finalmente sea absuelta. “Es una posibilidad que se extiende mucho en el tiempo para que Roxana pueda salir”, valora. “Y al final de cuentas la prioridad es que ella pueda recuperar prontamente la libertad”.

“Roxana tendría que declararse culpable para no continuar violentando más sus derechos porque el sistema jurídico mexicano está pensado de esta manera”, admite. Al hacer un balance, la abogada estima que sí se puede demostrar la inocencia de la joven, pero el precio a pagar es quizás más alto que el casi medio millón de pesos que la Fiscalía demanda como reparación del daño. “Necesitaría grandes recursos económicos para que su familia no se preocupe por las visitas que le realiza, por los traslados desde Pinotepa, por la manutención de su hijo, porque en todo este tiempo su mamá no ha podido trabajar de manera constante como lo hacía antes de que ella fuera detenida”, expone.

Las otras víctimas

Cada semana, Ana Ruiz, madre de Roxana, trata de viajar desde Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, hasta el Estado de México para visitar a su hija. Sube a un camión de carga con su otro hijo de ocho años y su nieto de cuatro, hijo de Roxana. “Ahorita estoy llegando a un cuarto que me rentan unas personas donde trabajaba mi hija antes”, cuenta. Tarda aproximadamente 40 minutos en llegar al penal y pasa a visitar a su hija con su nieto Evan.

Con esta misma rutina en un Estado que no termina de conocer, durante tres meses, la mujer de 43 años estuvo lidiando en silencio contra el sistema. El caso dio un giro y se hizo público cuando una tarde de julio, Ana Ruiz se encontró con Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, víctima de feminicidio en 2017, en el Estado de México, y un grupo de activistas del colectivo Vivas Nos Queremos Neza que la acompañaban en una protesta durante una audiencia en las afueras del penal. “Yo me acerqué y les hablé del caso de mi hija. La abogada de oficio había dicho que Roxana se culpara, que le daban 10 años de cárcel y que se le iba a reducir a cinco años”, recuerda. “Pero, ¿cómo se iba a culpar si ella solamente se defendió?”.

La activista Elsa Arista, del colectivo Vivas Nos Queremos Neza, que ha acompañado a Roxana y a su madre desde entonces, reflexiona que de no haber sido por ese encuentro, quizás el caso hubiera quedado invisibilizado. “Seguro muchos casos están sin verse, en donde la mujer queda en medio de todo, y es tan fácil culparla, señalarla y castigarla porque para el sistema si te violan no te tienes que defender, tienes que permitir ser un objeto de consumo de tu cuerpo”, expone.

“Hay quienes sobreviven, hay quienes las violaron y nunca dicen nada ni se defienden, y hay quienes como Roxana que pues lograron defenderse, pero son castigadas por una estructura machista, patriarcal y de clase”, continúa. La activista señala que la acusación a Roxana está sustentada bajo parámetros estereotipados, sin perspectiva de género. “Eso nos da un mensaje de que la Fiscalía está castigando a Roxana por ser mujer y haberse defendido”, advierte. “Entonces, todo lo que tiene que ver con las alertas, la perspectiva del género es letra muerta porque también mandan un mensaje a la población donde se reafirma este pacto patriarcal”, dice.

Detrás de un cristal en una sala de audiencias del penal, la voz de Roxana apenas se escucha. Pero ella se sigue defendiendo. Frente a ella, un juez y un público dividido en dos. Como en una pesadilla en la que el mundo está al revés, sus abogados están al frente de la parte acusada. Pero no es un sueño. La joven se truena los dedos mientras escucha la resolución de un recurso que sus abogados presentaron para que pudiera continuar con su proceso en libertad. Roxana no podrá pasar la Navidad con su familia. La próxima audiencia será el 17 de enero y la defensa debe notificar si deciden ir a juicio o si aceptan la acusación de la Fiscalía.

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