López Obrador se deslinda de las investigaciones contra Peña Nieto: “No es mi fuerte la venganza”

Andrés Manuel López Obrador se ha desmarcado de las denuncias contra su predecesor, Enrique Peña Nieto, y ha subrayado que el curso de las investigaciones está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). “No es mi fuerte la venganza”, ha declarado el expresidente en su conferencia de prensa de este miércoles. El mandatario ha asegurado que no existe una persecución de su Gobierno contra ningún expresidente y que la decisión de buscar que Peña Nieto vuelva de España y enfrente las acusaciones en México compete exclusivamente a la Fiscalía.

“No es un asunto que tenga que ver con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias”, ha asegurado López Obrador a pregunta expresa. El presidente ha dicho que no ha interpuesto ninguna denuncia contra sus predecesores, ni siquiera contra Felipe Calderón, uno de sus principales antagonistas políticos. Sí lo hizo, ha aclarado, cuando era opositor, pero ha agregado que lo más probable es que hayan quedado archivadas.

La FGR anunció la tarde del martes que mantenía abiertas tres investigaciones contra Peña Nieto por enriquecimiento ilícito y blanqueo. “El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL”, ha detallado la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, propuesto como fiscal en los primeros meses de la Administración de López Obrador, en un comunicado. El segundo parte de una denuncia de las “autoridades hacendarias” por presuntos delitos de “lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. El tercero es por un posible asunto de “enriquecimiento ilícito”.

En la primera semana de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo de la Secretaría de Hacienda contra los delitos fiscales, anunció que había presentado una serie de denuncias contra Peña Nieto por un esquema de transferencias irregulares en el extranjero con el que supuestamente obtuvo beneficios por poco más de un millón de dólares. Pablo Gómez, titular de la UIF, dijo que el expresidente y su familia también tenían nexos con dos empresas privadas con “irregularidades fiscales y financieras”. Una de las compañías, señaló Gómez, era proveedora del Gobierno durante el sexenio de Peña Nieto y obtuvo contratos por más de 10.500 millones de pesos, alrededor de 525 millones de dólares al tipo de cambio actual, durante su Administración (2012-2018).

“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”, respondió Peña Nieto en una publicación en sus redes sociales. El expresidente, que se alejó de la política tras concluir su mandato y se estableció en Madrid con un visado dorado, ha dicho que confía en la imparcialidad de la FGR y del sistema legal, y que presentará las aclaraciones en los plazos que lo requiera la ley. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de justicia”, ha agregado. Desde que emergieron las denuncias de la UIF hasta esta semana, la FGR no había informado del estado de las investigaciones.

OHL ha respondido este miércoles en un comunicado que su división para Latinoamérica “colaborará en todo lo que sea necesario con las autoridades mexicanas”. El consorcio español ha recalcado que vendió su filial mexicana en 2017 a la empresa Aléatica y que actualmente no cuenta con ninguna concesión ni vinculo corporativo en México. La compañía ha dicho que se toma en serio la regulación anticorrupción y que en 110 años de trayectoria no ha sido condenada por ningún hecho corrupto, pese a los señalamientos recientes y en reportajes periodísticos.

López Obrador llegó a la presidencia en 2018 con la bandera de acabar con la corrupción gubernamental y promovió una consulta para preguntar a la ciudadanía si se debía investigar y enjuiciar a los cinco expresidentes que le precedieron. La versión original de la pregunta, enmendada más tarde por la Suprema Corte de Justicia, incluía los nombres de los cinco mandatarios: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Nueve de cada diez personas que votaron se pronunciaron a favor, pero el referéndum, celebrado en agosto del año pasado, no alcanzó el umbral para que fuera vinculante.

El presidente ha señalado que su prioridad es el combate a la corrupción en la actualidad y que se puedan evitar abusos en el futuro. “Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción”, ha dicho López Obrador. “Iniciar una nueva etapa”, ha agregado. La UIF, sin embargo, es a final de cuentas parte del Ejecutivo y es altamente improbable que haya actuado sin el conocimiento previo del mandatario, menos aún cuando se considera que el anuncio de la denuncia se realizó durante la conferencia de prensa del presidente.

“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, ha señalado la FGR. La Fiscalía ha aclarado que todavía no ha presentado ninguno de los tres casos ante el juez ni ha informado cuánto tardará en hacerlo. En caso de que se judicialicen las pesquisas y a petición de la Fiscalía, el juez podría ordenar la detención de Peña Nieto e, incluso, ponerlo en prisión preventiva, una de las medidas cautelares para el delito de enriquecimiento ilícito. Entre el frente político y el legal, todos los actores involucrados han optado por la cautela, a la espera del avance de las investigaciones.

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