El Gobierno comprará medio millón de toneladas de maíz para abastecer a los pobres y frenar el alza de precios de la tortilla

El Gobierno mexicano comprará 521.000 toneladas de maíz blanco para proveer los graneros de abastecimiento que nutren a las zonas más pobres del país y contribuir también a que baje el precio de la tortilla, el alimento básico del país. A través de su organismo de Seguridad Alimentaria, Segalmex, está previsto dedicar la mayoría de estas toneladas de grano al programa de abasto rural mediante la adquisición de excedente de producción en Sinaloa y destinar 150.000 de ellas a la industria de la masa y la tortilla con el fin de incidir en una bajada de los precios. En los últimos años, con la pandemia de coronavirus en pleno vigor, los harineros amenazaron con una subida de los precios que puso en guardia al resto del sector, productores, comerciantes y al consumidor. El gobierno intervino para frenar el alza de los precios, pero, andando los meses, la tortilla finalmente ha subido, como muchos otros productos de la canasta básica.

Esta intervención de la Secretaría de Agricultura quiere cumplir con el mandato presidencial de proveer una reserva de 800.000 toneladas de maíz que frene la inflación y garantice el alimento a más de 22 millones de personas que dependen del programa de abasto rural Diconsa. La tortilla es, en situaciones de extrema pobreza, en la que se hallan millones de habitantes en México, el único sustento diario, quizá acompañada de un puñado de frijoles. Entre diciembre de 2020 e inicios de 2021, el precio promedio de un kilo de tortilla era de 16 pesos y tras arduas negociaciones se consiguió frenar el alza prevista, para lo que el Gobierno tuvo que intervenir. Pero no pasarían muchos meses sin que se rompiera el compromiso alcanzado. Hace un año, el precio subió a 27 pesos, el más elevado desde 2017, con un incremento de un 6,5%. Entonces se hablaba de dificultades en la producción por culpa de la sequía.

En la actualidad, una visita al mercado deja ver lo mucho que han subido productos de la dieta habitual mexicana, como el jitomate o el limón, por no hablar del aguacate. Ahora se barajan otros factores, como el alza de los fitosanitarios y otros insumos en la cadena de producción agrícola, acuciados por la guerra en Ucrania, entre otros factores. La pérdida global de soberanía alimentaria opera cuando hay una crisis en cualquier parte del mundo como un efecto mariposa. Ucrania llora y el resto del mundo recibe sus lágrimas, hasta en los insumos más inesperados.

Hace apenas un par de semanas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inició una campaña para que se produzca maíz, frijoles y otros alimentos de primera necesidad a nivel familiar, en un intento de rescatar esa soberanía productiva para eludir la dependencia de las importaciones. A través del programa Sembrando Vida, una de las medidas más renombradas de este sexenio, destinada a reforestar, el Gobierno plantea un giro para que se siembre maíz, arroz, trigo, frijoles en zonas desfavorecidas. “Estamos comprando el 80% de lo que consumimos y ahora vamos a tener problemas con el trigo, que está aumentando de precio. Tenemos que producir más y pensar en el autoconsumo”, dijo el presidente. La meta que se propuso es invertir en fertilizantes para que los agricultores puedan aumentar “al doble o triple” lo que ahora cultivan. Dos millones de personas participan del programa Sembrando Vida.

Mientras tanto, urge frenar los precios de la tortilla y contribuir al abasto de los pobres, que se surten en más de 20.000 tiendas comunitarias por todo el país, las cuales requieren en promedio 600.000 toneladas de maíz anuales, según la Secretaría de Agricultura. El resto de la población, que tampoco nada en la abundancia, debe comprar la tortilla al precio de mercado. Una inyección de maíz a la cadena productora pretende frenar el alza de los precios. Cada mexicano consume a diario 25 gramos de tortilla de media, un producto que se liberalizó de la intervención estatal en 1998. Las primeras ventanas que reciben las quejas son las tortillerías, unas 110.000 en todo el país. Allí los clientes acusan un solo peso que se le suba al kilo porque son muchos los que consume una familia al cabo de la semana. Siguiendo la cadena, los miles de puestos ambulantes y la hostelería en general, se ven abocados a incrementar el coste que repercute al cliente si la tortilla sale más cara en el mercado. Con la economía apenas saliendo del agujero pandémico, no es recomendable que el pan mexicano suba sus precios, algo que se refleja de inmediato en la inflación y que alerta al Banco de México.

Los excedentes de Sinaloa, comprados con dinero público, quieren ahora paliar en alguna medida este aleteo de mariposa que comienza en alguna parte del mundo y se refleja al otro lado del planeta.

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