La Cruz Roja alerta sobre los efectos de la violencia en el aumento de la migración en México y Centroamérica

Es un cóctel catastrófico para los más vulnerables. De los abusos del crimen organizado al impacto de la pandemia. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este jueves sobre “las graves consecuencias humanitarias derivadas de la violencia armada” en México y en Centroamérica. La organización se centra en su balance anual en cinco retos estructurales que “requieren la acción decidida” de los Gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales. Por encima de todos, los flujos migratorios hacia Estados Unidos, que no han dejado de crecer y seguirán aumentando, según todas las previsiones.

“En 2021 presenciamos desplazamientos internos, migraciones forzadas, vimos una continuidad en las desapariciones, y también cómo la violencia afectó el acceso de comunidades a la salud y a la educación”, resalta Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional del CICR para México y América Central. “Además de efectos visibles como los homicidios, la violencia tiene efectos invisibles profundos: mata en vida a personas, comunidades y familias”.

Aunque el panorama sigue siendo difuso, pues no existen cifras oficiales de migración irregular en México, el informe indica que “es claro” el fenómeno no ha cesado y, de hecho, se ha incrementado. Los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) recogen “un aumento del 41% en el número de personas migrantes detenidas, pasando de 182.940 en 2019 a 307.679 en 2021″. “Muchas de estas personas”, señala el documento, “están en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el 24% de la población aprehendida en México en 2021 fueron niñas, niños y adolescentes no acompañados menores de 11 años”.

“Además de huir de difíciles condiciones en sus países, las personas migrantes se enfrentan a graves situaciones de violencia durante la ruta como extorsión, secuestro y abusos sexuales que ponen en riesgo su vida y atentan contra su dignidad. Consecuencias humanitarias que nos preocupan y que nuestros equipos buscan prevenir, reducir y minimizar tanto en su frecuencia como en su impacto, en especial entre las personas en situación de vulnerabilidad”, prosigue el Comité Internacional de Cruz Roja.

Pero si la exposición a la violencia es una de las causas centrales que expulsa cada día a miles de personas de sus comunidades, esa situación se da también a lo largo de su camino. “Frecuentemente se ven obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas, exponiéndose al riesgo de ser heridas, extorsionadas, atacadas, secuestradas, separadas de su familia y a morir o desaparecer al tratar de huir de la violencia o mientras buscan oportunidades económicas”. Una de las más recientes tragedias ocurrió el pasado diciembre, cuando un camión que transportaba a migrantes volcó cerca de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, dejando decenas de muertos.

A eso se añaden las políticas migratorias y el limbo burocrático por el que miles de centroamericanos se quedan atrapados en ciudades y campamentos en las fronteras sur y norte. En este contexto, la Cruz Roja ofrece apoyo con albergues, protección y asistencia. Pero al mismo tiempo la organización, en palabras de Raich, ve “imprescindible diseñar e implementar estrategias a mediano y largo plazo que aborden las causas de fondo que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares”. “Al mismo tiempo, es urgente comprender que la historia de la humanidad es la historia de la migración, aceptar que esta va a continuar y que es tarea de todos garantizar los derechos de las personas migrantes en todo momento y lugar para hacer la ruta más humana, generosa y segura”, agrega.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intensificado la cooperación con Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace poco más de un año. La victoria del demócrata frente a Donald Trump desencadenó un efecto llamada tras cuatro años de tolerancia cero ante la migración, lo que además coincidió con la devastación de los huracanes Iota y Eta que a finales de 2020 azotaron el triángulo norte de Centroamérica. El propósito de México es lograr una mayor inversión de la Administración estadounidense para paliar el fenómeno en origen. Mientras tanto, continúa emergencia humanitaria.

Ese no es, con todo, el único reto que afronta la región. “Tan solo en México hay más de 96.300 personas desaparecidas en el Registro Nacional, de las cuales más de 7.700 fueron reportadas en 2021. En El Salvador, según cifras de la Fiscalía General de la República, en 2021 había 488 casos de personas desaparecidas sin resolver. Y en Guatemala el mecanismo de búsqueda de mujeres, Isabel Claudina reportó que en 2021 desaparecieron en promedio cada día 6 mujeres. A esto se suman los desaparecidos de guerras pasadas: más de 45 000 guatemaltecos y 8.000 salvadoreños”, recuerda el CICR. Un abismo que, una vez más, tiene que ver con la violencia y el crimen organizado.

La pandemia de covid-19 es otro factor que “ha diezmado los medios de vida de incontables comunidades y de millones de familias, ya antes vulnerables, y generado graves consecuencias sociales y económicas que se suman a la violencia como una de las causas de base de la migración y el desplazamiento forzado”. Estas premisas llevan a menudo a las autoridades a una respuesta que supone “un aumento en la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas seguridad pública”. A este respecto la organización advierte de que “añadir funciones que no corresponden ni a la doctrina ni al entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas puede generar presiones por exceso de tareas y responsabilidad sobre los militares. Paralelamente [...] aumenta el riesgo de que un mal entendimiento sobre el desempeño y desarrollo de las nuevas actividades asignadas tenga lamentables consecuencias humanitarias”. Por último, la Cruz Roja constata que la emergencia carcelaria es aún una constante en la región. “Es preciso que las necesidades y derechos de estas personas, con especial énfasis en el respeto a su vida, su dignidad y la reintegración, sean una prioridad en la formulación de políticas públicas”, enfatiza el organismo.

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