Gertz Manero, ‘juez y parte’ en el proceso de la Fiscalía contra funcionarios de patentes

Presentada hace más de 10 años, la denuncia del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, contra varios funcionarios de patentes por registros de marcas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha acelerado su curso, sobre todo desde su llegada al cargo. Con amago de archivo en 2014, mandada a reserva en 2017, la investigación se reactivó meses antes de su llegada, a finales de 2018. El año pasado, los investigadores trataron incluso de detener a cinco de los siete funcionarios implicados. En el caso de otra funcionaria, los fiscales mantienen viva las pesquisas pese a la pérdida definitiva de recursos en tribunales.

Gertz presentó la denuncia ante la Fiscalía federal en 2011, ajeno a la vida pública, cuando era rector del centro educativo rival del de Puebla, la Universidad de las Américas, A. C, con sede en Ciudad de México. A diferencia de la lentitud de los primeros años, los investigadores continúan ahora con las pesquisas, solo que ahora con Gertz al mando de la misma dependencia.

EL PAÍS ha revisado la denuncia original presentada por la mano derecha de Gertz, el actual subprocurador Juan Ramos, además de otras diligencias que constan en el expediente, actuaciones del Ministerio Público y de los defensores de los denunciados. Este diario ha mantenido igualmente entrevistas con abogados de los afectados. Sus nombres no aparecen en estas líneas por temor a posibles represalias del fiscal. Los acusados son en total siete, con Jorge Amigo, exdirector del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al frente.

Gertz les acusa de “uso indebido de atribuciones o facultades”, delito que comprende penas de seis meses a 12 años de cárcel. En esencia, el fiscal señala que los funcionarios otorgaron registros de marca a la UDLAP de mala fe, pues la dueña del nombre “Universidad de las Américas” es la UDLA, A. C., centro educativo que él dirigió al menos entre 1995 y 2018. Separadas desde 1985, UDLAP y UDLA A. C., nacieron como una sola años atrás. En la ruptura, ambas partes firmaron un acuerdo que establecía que la UDLA A. C. permitía el uso del nombre a la otra. El documento no impedía que la UDLAP registrara sus propias marcas ante el IMPI.

Desde hace algo más de un año, la maraña de conflictos y sospechas que rodea al fiscal ha dominado la conversación sobre su figura, hasta el punto de que el asunto de la marca de las universidades ha pasado relativamente inadvertido. Gertz ha sido cuestionado por no informar sobre su patrimonio, divulgado a cuentagotas en notas periodísticas. Ha sido criticado por alguna de sus cruzadas al frente de la FGR, caso por ejemplo de la acusación por delincuencia organizada contra un grupo de científicos. También se le ha señalado por el extraño camino que siguió su inclusión en el Sistema Nacional de Investigadores, negado antes de su llegada a la Fiscalía. Aunque nada como el pleito contra su familia política, que este diario documentó a mediados del año pasado.

El caso de las patentes recuerda precisamente al pleito familiar del fiscal. El conflicto inició con la muerte de su hermano, Federico Gertz, en septiembre de 2015 en la capital. El fiscal acusó a la pareja de su hermano, Laura Morán, de su asesinato. Según Gertz, Morán y al menos una de sus hijas, Alejandra Cuevas, no cuidaron debidamente al hermano enfermo, causándole la muerte. Cuevas está en prisión por este caso desde octubre de 2020 y Morán se ha librado por la edad. La mujer cuenta 95 años.

A la muerte de su hermano, Gertz denunció el caso ante la fiscalía de Ciudad de México, pero los investigadores dieron carpetazo a la denuncia al considerar que no había pruebas. Solo cuando el actual fiscal se puso al frente de la FGR, la agencia investigadora de la capital reactivó el caso, consiguiendo la detención de Cuevas. Antes, Gertz denunció a los fiscales que habían archivado la denuncia, caso que apenas avanzó, de nuevo, hasta que él llegó a la FGR.

La similitud del pleito familiar con el de las patentes apunta precisamente a la estrategia jurídica del fiscal. En ambos casos, Gertz ha puesto en la mira a los funcionarios que desestimaron sus denuncias. Primero, a los tres agentes de la fiscalía de Ciudad de México que archivaron el caso de asesinato. Y luego, a los siete del IMPI que otorgaron algún tipo de registro a la UDLAP a lo largo de los años.

La primera etapa

El proceso penal contra funcionarios del IMPI es solo uno de varios que Gertz ha iniciado a lo largo de los años que implican a la UDLAP. Como explicó EL PAÍS en diciembre, el fiscal presentó en 2007 una denuncia en la fiscalía de Ciudad de México contra la universidad poblana por fraude genérico y abuso de confianza. La agencia investigadora de la capital archivó la denuncia, carpetazo que los tribunales confirmaron finalmente en 2013.

Gertz abrió igualmente un proceso administrativo ante la misma oficina de patentes, solicitando la nulidad de los registros de la UDLAP. El fiscal ganó en primera instancia en febrero de 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR. La victoria definitiva depende de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decisión que aún podría impugnarse ante una instancia superior.

Aún sin concluir, el proceso contra los funcionarios que otorgaron las patentes a la UDLAP ha atravesado dos etapas. La primera comenzó cuando Ramos presentó el escrito de denuncia, el 25 de abril de 2011, y terminó cuando la vieja Fiscalía mandó el caso a reserva, en diciembre de 2017. En el escrito de denuncia, el actual subprocurador Ramos señala que los funcionarios ignoraron la ley de Propiedad Industrial, empezando por el director, Jorge Amigo. Según el abogado, Amigo violó la ley por omisión, ya que no evitó los registros. En total, Ramos señala 11 inscripciones de marcas presuntamente fraudulentas, la primera en 1996 y la última en 2011. Los otros seis acusados habrían firmado personalmente las actas de inscripción o supervisado los registros. En escritos posteriores, Ramos amplió la horquilla temporal de registros hasta 2016.

En estos años, los acusados se han defendido en general con dos argumentos. Primero, que el registro de las marcas se hizo de acuerdo a la ley. Como dice uno de ellos en su declaración, que este diario pudo leer, “el otorgamiento no contraviene la ley de Propiedad Industrial, amén de que la marca que dicho título protege en ningún caso es idéntica o semejante en grado de confusión a otra aplicada a los mismos o similares servicios”. Es decir, que las marcas que registró la UDLAP no se parecían a las de la UDLA A. C.

El segundo argumento apunta a la prescripción y al aspecto temporal del delito que se les imputa. Para calcular la prescripción de un delito de “uso indebido de atribuciones o facultades”, se recurre a la media aritmética de la horquilla de años de cárcel prevista en la ley, de seis meses a 12 años. En este caso, la media sería seis años y tres meses. Ramos ha argumentado que los funcionarios del IMPI incurrieron en un delito continuado, ya que el Instituto no solo inscribió un registro de la UDLAP sino varios, que además renovó. Al ser así, el delito tardaría más en prescribir, pues habría seguido ocurriendo en el tiempo, al menos, según Ramos, hasta 2016. Lo que alegan varios de los imputados es que ellos solo dieron un registro, no varios y que, por tanto, el delito que, insisten, no se dio, en todo caso habría prescrito.

El archivo y la reserva

Parece que los argumentos de Ramos no convencieron a la vieja fiscalía. Los agentes de la dependencia decidieron archivar las pesquisas en octubre de 2014, tres años y unos meses después de iniciarlas. El apoderado del entonces rector Gertz recurrió, acción en la que tuvo éxito y permitió mantener abierta la indagatoria. De cualquier manera, la vieja Fiscalía, sin más evidencia que la que había presentado Ramos, decidió mandar el proceso a reserva tres años después, en diciembre de 2017. La reserva es un movimiento habitual de los agentes de la Fiscalía. Cuando no quieren archivar un caso, pero tampoco tienen pruebas para elevarlo ante el juez, lo meten en el cajón a la espera de nueva evidencia. El delegado de la Fiscalía federal en Ciudad de México, Armando Del Río, firmó el documento de reserva.

La segunda etapa del proceso inició poco después, en los últimos meses de 2018, elecciones presidenciales mediante. El 8 de agosto, Ramos pidió a la fiscalía que sacara la investigación de la reserva y la reactivara. El 24 de agosto, los agentes accedieron. Gertz llegó a la FGR tres meses más tarde, el 1 de diciembre, el día en que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato.

En los años que han pasado desde entonces y a diferencia de los anteriores, los agentes de la Fiscalía federal han insistido en consignar el caso ante el juez. En los últimos meses de 2018 y primeros de 2019, algunos de los implicados volvieron a declarar y otros lo hicieron por primera vez. Con diferentes estrategias, los abogados defensores han intentado tumbar el concepto de delito continuado y así apuntalar la teoría de la prescripción. Algunos han señalado también la perfecta legalidad de los registros de las patentes.

Durante 2020, la fiscalía trabajó para poder llevar ante el juez a los acusados. Según publicó el diario Reforma en julio del año pasado, los agentes consignaron la investigación ante el juez a inicios de 2021, aunque solo pidieron la detención de cinco de los siete, todos menos el director Amigo y la coordinadora departamental de examen de marcas “D”, Claudia Arrache. En cuanto a los otros cinco, el juez rechazó la petición de la FGR de detenerlos.

En el caso de Arrache, la funcionaria estaba acusada de registrar el nombre “EXA UDLA” en 2002, la marca que identifica el sistema de comunicación de la UDLAP con sus exalumnos. Arrache solo firmó aquel registro, ya que posteriormente cambió de trabajo. La mujer que defendió la legalidad de la diligencia, ni siquiera estuvo implicada en su renovación, que suele realizarse cada diez años, tiempo que duran las inscripciones en el IMPI.

Su caso llegó a los tribunales, pero esta vez por petición de sus abogados, que exigieron que la FGR tuviera en cuenta la posible prescripción del delito. Arrache aseguró siempre que de todas formas su actuar había sido legal. Los tribunales le dieron la razón definitivamente a principios de 2020, sentencia que la fiscalía debía acatar. Para ello deben firmar un documento, conocido en el medio como No Ejercicio de Acción Penal, acción que, de momento, no han tomado.

El proceso contra los demás permanece en el limbo. En el caso del director, Jorge Amigo, que dirigió el IMPI hasta junio de 2011, los fiscales todavía no han solicitado al juez orden de detención. Podrían hacerlo en cualquier momento, aunque su caso parece destinado a encajar en el argumento de la prescripción. En cuanto a los otros cinco, por ahora no hay noticias nuevas. La FGR podría tratar de mejorar sus pesquisas y presentarlas de nuevo ante el juez para conseguir órdenes de detención. La presencia del denunciante, Alejandro Gertz, al frente de la Fiscalía federal, ente que investiga, mantiene todas las puertas abiertas.

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