La batalla política arrecia en la Universidad de las Américas

Referente de la educación superior en México, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) vive cautiva de una guerra judicial de solución incierta. Acostumbrada a los puestos de honor de las listas de mejores centros educativos, su nombre ha aparecido vinculado últimamente a juicios, politiqueos y amenazas varias. El Gobierno de Puebla, dirigido por Miguel Barbosa, de Morena, tomó el campus en junio en una maniobra criticada, destituyendo al rector y a los patronos de la fundación que la dirigía, la familia Jenkins, su dueña.

En los meses que han pasado desde entonces, abogados de uno y otro lado han tejido una pegajosa telaraña de denuncias, amparos, recursos y quejas que han alejado el foco del problema. Mientras, el Gobierno local ha tratado de recular, lanzando la idea de que no intervendrá en un conflicto entre partes, por un lado la familia Jenkins y la dirección de la UDLAP, y por otro el nuevo patronato de la fundación, nombrado al fin y al cabo por el Ejecutivo estatal.

EL PAÍS ha entrevistado a más de una decena de personas que conocen la historia de la fundación, sus conflictos presentes y pasados con el Gobierno de Puebla, o que están al tanto de la vida interna de la universidad desde hace años. Si hay algo en que prácticamente todas coinciden es en señalar la fiebre cíclica de los gobernantes locales por atraerse los bienes de los Jenkins. No en vano, solo el campus de la UDLAP vale más de 2.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares. Contactado a través de dos voceras distintas, el Gobierno de Puebla ha contestado que “no tiene nada que decir al respecto”Pocas personas conocen igual de bien la universidad y la fundación, además del conflicto político, como Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP desde 2008. En una entrevista con este diario, Derbez señala que los problemas de la fundación de la UDLAP y su matriz, la Fundación Mary Street Jenkins, con el Ejecutivo local, datan de los años de Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de 2012 a 2017. Moreno Valle y su esposa, la gobernadora electa Martha Erika Alonso, murieron en 2018 en un accidente de helicóptero.

Derbez explica que Moreno Valle asustó a los Jenkins con un cambio legislativo a mitad de su mandato, una modificación en la ley de instituciones de beneficencia privadas que, en la práctica, daba la facultad al Gobierno de cambiar los patronatos de las fundaciones a su antojo. Es decir, de expropiar de facto patrimonio privado. “El cambio de ley era sin duda amenazante. Su visión -la de Moreno Valle- era quedarse con la fundación Mary Street Jenkins”, explica.

Jugoso como pocos, el catálogo de inmuebles de la fundación comprende centros comerciales, como el Triángulo Las Ánimas en Puebla, clubes deportivos, hoteles, escuelas, caso del prestigioso Colegio Americano, también en Puebla, un edificio en la esquina del Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes de la capital y un puñado de participaciones en sociedades, además de una cartera de inversiones financieras. El valor aproximado de los bienes de la fundación Mary Street Jenkins supera los 700 millones de dólares. La joya de la corona es la UDLAP.

Con aspiraciones presidenciales, Moreno Valle evitó enemistarse con la fundación y sus patronos. Pero el cambio legislativo y otros problemas internos del propio instituto sembraron la semilla de la discordia. La planta no tardó en crecer. El nuevo Gobierno de Miguel Barbosa aprovechó el viento de cara y ejerció la nueva facultad que le permitía la ley. En menos de tres años se adueñó de la fundación de la UDLAP y su matriz, la fundación Mary Street Jenkins.

El pacto roto

Cuando la policía de Puebla tomó la UDLAP el 29 de junio, Max Castro era uno de los pocos estudiantes que andaba en el campus. La pandemia y el fin de semestre habían dejado casi vacías las instalaciones, por las que cada año pasan alrededor de 9.500 alumnos. “Yo estaba ahí porque las últimas dos semanas de junio estuve trabajando con unos compañeros en un corto. El plan era que íbamos a editar ahí en las instalaciones. Se supone que íbamos a llegar a las 11, pero yo llegué temprano, poco antes de las 10″, explica.

Mientras esperaba, Castro, de 24 años, fue a una sala de informática a exportar un vídeo y ver un partido de la Eurocopa. Pasado el rato, recuerda, sus amigos le llamaron. No se podía entrar al campus. La entrada estaba bloqueada. “Mis amigos me mandaron una foto: se veía un montón de carros en la entrada principal, patrullas y carros civiles, pero era raro, porque no había clases, ni nada”, narra.

Justo al mismo tiempo, la directora de TVUDLAP, Zuriel Vélez, de 30 años, llegaba con su carro a la entrada principal, en la recta a Cholula. Vio la misma imagen que los amigos de Castro, las patrullas, el bloqueo. Aparcó su carro donde pudo y se acercó. La imagen que vio la aterró. “Entré y vi que los policías estatales estaban agarrando a nuestros policías de la universidad, de manera muy violenta a mi parecer”, cuenta.

Vélez sacó su cámara y se puso a grabar. No podría creer lo que veía. “Hay una imagen de un poli que está así agarrado del cuello por la estatal. Y ver los ojos de él, su desesperación… Se me hizo también muy mal. Fue muy fuerte y doloroso ver a los estatales agarrar a nuestros polis, someterlos. No sabía en qué mundo estaba viviendo. Uno ve estas cosas en las noticias, pero nunca piensa que pueda pasar de verdad”, cuenta.

En Puebla, la toma de la UDLAP ha sido una de las noticias del año. Parecida en repercusión a la muerte de Moreno Valle y Alonso años atrás, la victoria de Barbosa en las urnas o las trifulcas posteriores entre morenistas y conservadores. La entrada de policías armados en las instalaciones de la UDLAP era casi una afrenta a la idea de progreso que ha dominado el Estado desde hace décadas. Había un pacto, la UDLAP no se toca. Ese pacto se rompió y muchos en Puebla aún se preguntan por qué.

Una historia enredada, pocos parecen tenerlo tan claro como el propio Barbosa. En las primeras semanas tras la toma, el gobernador criticó duramente a los Jenkins, a quienes trataba como funcionarios corruptos. “Es una chingadera lo que hicieron”, dijo apenas una semana después de la irrupción de la estatal. En este tiempo, la familia Jenkins ha respondido con cierto sigilo. Al menos la parte de la familia que seguía al mando de la fundación.

La familia Jenkins

Los Jenkins no son una familia cualquiera. Descendientes del controvertido magnate norteamericano William O. Jenkins, sus nietos y biznietos se han encargado de administrar su patrimonio durante décadas. Empresario azucarero, industrial textilero, dueño virtual del cine mexicano durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, creó una fundación a la que dejó su fortuna. El dinero, dijo, serviría a los más pobres, principalmente de Puebla, región que lo acogió casi toda su vida. El viejo Jenkins atendía otra necesidad: evitar que el dinero corrompiera a su familia.

Con el paso del tiempo, sin embargo, sus descendientes acabaron por pelear. En 2012, su biznieto, Guillermo Jenkins De Landa, riñó con sus papás y hermanos. Ambas partes se acusaron de malversar dinero de la fundación. Los segundos dijeron que el primero había pactado con el Gobierno de Moreno Valle para entregar el patrimonio del instituto a cambio de unos millones de dólares. Ante esa amenaza y el cambio legislativo mencionado párrafos arriba, vaciaron la fundación. Mandaron acciones, inmuebles y dinero al extranjero. Cuando lo supo, Guillermo Jenkins de Landa denunció a su familia por lavado de dinero.

La denuncia no prosperó y la fiscalía la archivó en 2018. Pero en 2020, ya con Alejandro Gertz al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público la reactivó. En una decisión que los denunciados han criticado arduamente, los fiscales presentaron la denuncia ante el juez, consiguiendo órdenes de aprehensión contra la madre de Guillermo Jenkins de Landa, de 85 años, sus hermanos y los abogados de estos. El padre había muerto en 2016. A la vez, la fiscalía de Gertz mandó un trozo de la investigación a Puebla, que tenía que ver con delitos que se dirimen en el ámbito local, en este caso fraude.

A la vista de las órdenes de detención, el Gobierno de Barbosa destituyó a los Jenkins de los patronatos de sus fundaciones y nombró nuevos, que se han encargado desde entonces de la universidad. Los nuevos dirigentes de la UDLAP aseguran que ordenaron una auditoría, cuyos resultados mostraban corruptelas del rector Derbez. En los primeros días de julio lo destituyeron. Mientras tanto, la fiscalía de Puebla obtuvo órdenes de detención contra el rector y su equipo cercano por los delitos locales. Actualmente, Derbez está escondido. Aunque el delito que le imputan -que el rector niega- no es grave, sus abogados no se fían de la fiscalía de Puebla y piensan que podrían intentar encerrarle en la cárcel.

Los abogados de Derbez han recurrido las órdenes de aprehensión, igual que su destitución, además de la remoción de los patronatos de las fundaciones. Ni él ni los viejos patronos reconocen a los nuevos, tampoco al rector que nombró el nuevo patronato, Armando Ríos Píter, figura marchita de la política nacional, amigo personal del gobernador Barbosa. Por no reconocer, Derbez señala que ni siquiera atienden el cambio legislativo que modificó la ley de beneficiencia aprobado hace años.

Después de varios meses, parece que la justicia empieza a sonreír a la parte denunciada. Esta semana, un tribunal federal rechazó una queja del Gobierno de Puebla, ante la decisión previa de un juez de suspender las medidas cautelares impuestas con las primeras denuncias por otro juez: la entrega de los activos de la universidad, las cuentas, etcétera. Esto implica que la suspensión es efectiva y que por tanto, la universidad debería volver, mientras se resuelven las denuncias, a manos de sus antiguos dirigentes.

Derbez, secretario de Estado durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), no tiene claro cuánto tiempo tardará en hacer efecto la resolución. “La parte mediática es más rápida que la legal, aunque lo cierto es que nos asiste la razón y la legalidad. Estamos siendo blanco de una campaña mediática de desprestigio en Puebla. Y un ataque jurídico que no corresponde a la realidad”.

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