Las dos universidades americanas del fiscal Gertz

Nudo en una galaxia de enredos, la pugna por el registro y el uso de la marca y el logotipo de la Universidad de las Américas dibuja una polémica que apunta directamente al fiscal general de México, Alejandro Gertz. Los símbolos del centro de estudios protagonizan, sin embargo, solo uno de los escenarios de una guerra mayor, que implica a la multimillonaria fundación Mary Street Jenkins, dueña de la variante poblana de la universidad, al mismo Gobierno de Puebla, al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y a la propia Fiscalía General de la República (FGR).

Producto de una unión de intereses variados, educativos, económicos, pero también políticos, la moderna Universidad de las Américas nació en Puebla en 1970, sobre los brotes de un pequeño college que había funcionado en la capital. En 1985, después de una crisis de liderazgo y una andanada de críticas al consejo directivo, el centro de estudios se escindió. Una parte, la grande, permaneció en Puebla, mientras que la otra, restos del antiguo college, volvió a Ciudad de México. En enero de 1995, Gertz se convirtió en rector de esta última, que había adoptado el nombre de Universidad de las Américas, Asociación Civil, UDLA, A. C. Gertz ocupó la rectoría hasta noviembre de 2018, según su declaración ante la Secretaría de la Función Pública. Dos meses después se convirtió en fiscal.

En los últimos 11 años al frente de la UDLA, A. C., Gertz y sus representantes legales, principalmente Juan Ramos, actual mano derecha del fiscal en la FGR, batallaron con la vieja aliada poblana por el uso de la marca y el logotipo. En ese tiempo, ambas partes se enfrentaron en escenarios penales y administrativos. Gertz y Ramos presentaron al menos una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México e iniciaron un procedimiento ante el IMPI. EL PAÍS tiene copia de ambos documentos. En los dos, Ramos consta como apoderado y figura como líder del equipo que representa al actual fiscal.

Hasta ahora, Gertz siempre ha vencido, manteniendo la propiedad de la marca. Algunos de los procesos continúan, sin embargo, caso del litigio ante el IMPI. Iniciado en junio de 2018, Gertz ganó en primera instancia en febrero de 2019, cuando ya estaba al frente de la FGR. La victoria definitiva depende ahora de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decisión que aún podría impugnarse ante una instancia superior.

No queda claro qué papel juega actualmente el máximo procurador en la UDLA, A. C. Si bien anteriormente compatibilizó el rectorado con otros cargos públicos, como cuando fungió de secretario de Seguridad Pública en Ciudad de México y luego en todo el país entre 1998 y 2004, su llegada a la Fiscalía cambió las cosas. Gertz se hizo a un lado, aunque nunca ha aclarado su participación posterior en la universidad. En su declaración ante la Función Pública, el fiscal evita dar un solo detalle sobre su patrimonio o sus posibles conflictos de intereses.

Casos en paralelo

El caso de los símbolos universitarios comparte espacio, tiempo y algunos protagonistas con el proceso matriz, que atañe al control de la fundación Mary Street Jenkins. Nacida en 1954, la fundación vive una guerra interna desde hace una década por el conflicto entre los herederos del fundador, el magnate estadounidense William Jenkins. Como explicó EL PAÍS hace unas semanas, los biznietos de Jenkins se acusan mutuamente de intentar saquear el patrimonio del instituto, valorado en cientos de millones de dólares. En 2013, una de las partes expulsó de la fundación a la otra, integrada únicamente por el biznieto mayor, Guillermo Jenkins De Landa. Temerosos de una alianza entre el primogénito y el Gobierno de Puebla, sus padres y el resto de hermanos -la parte enfrentada- sacaron del país el patrimonio de la fundación, a excepción de algunos bienes, caso del campus de la universidad, valorado en más de 100 millones de dólares.

Ante tal movimiento, Guillermo Jenkins De Landa denunció al resto de la familia por fraude y lavado de dinero. Era 2016. La FGR asumió el caso, pero en 2018 los fiscales decidieron archivar la denuncia por considerar que no había indicios de delito. En entrevista con EL PAÍS, las partes enfrentadas se han acusado mutuamente de lo mismo, intentar robar el patrimonio de la fundación, integrado por hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, escuelas y una importante cartera de acciones. Roberto Jenkins De Landa, enfrentado con su hermano Guillermo, señala que el campus de la universidad nunca salió de la fundación porque no pensaron que fuera a estar en peligro. Con el paso de los años, su percepción cambió.

En febrero de 2020, ya con Gertz al frente de la FGR, Juan Ramos reactivó la denuncia de Guillermo Jenkins De Landa contra su familia. Valiéndose de una discutida figura jurídica, el ya por entonces subprocurador revocó la decisión de sus predecesores de no ejercer acción penal contra los familiares, procesándoles meses más tarde por un posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para la parte denunciada, Roberto Jenkins de Landa, su madre, hermanas y abogados, aquella decisión resultaba cuando menos sospechosa. No en vano, Ramos y su jefe habían litigado durante años contra la joya de la corona de la fundación, su némesis, la Universidad de la las Américas-Puebla.

El movimiento de Ramos en la FGR dio cuerda al Gobierno de Puebla, supervisor de las organizaciones de beneficencia privada en el Estado. A mediados de este año, el Ejecutivo local, dirigido por el morenista Miguel Barbosa, destituyó a Roberto Jenkins de Landa y los demás de la fundación que dirige la UDLA-Puebla, hija de la fundación matriz, la Mary Street jenkins. Los nuevos dirigentes de la fundación destituyeron a su vez al rector de la universidad, Luis Ernesto Derbez. Y durante el verano presentaron varias denuncias contra Derbez, después de hacer una supuesta auditoría de las cuentas de la universidad.

En entrevista con este diario en octubre, preguntado por las denuncias en su contra, Derbez comentó solo una de ellas, a su entender la más delicada, que tenía que ver tangencialmente con la UDLA, A. C. “Hace cinco o seis años creamos una escuela de posgrado en Ciudad de México, la UDLAP Jenkins Graduate School. La idea era que respaldara a la UDLAP en programas académicos y reclutamiento de estudiantes. Y también que funcionara como estructura de relaciones con empresas, órganos de gobierno y académicos”, explicaba. “Se estableció como una empresa distinta a la UDLAP para evitar un nuevo conflicto con la UDLA, A. C.”, añadía.

Símbolos en disputa

El primero de los procesos por los símbolos de la Universidad de las Américas inició en 2007. Entonces, Ramos presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México por presuntos delitos cometidos por la UDLAP. Al realizar trámites ante el IMPI, escribía, se dieron cuenta de que, tiempo atrás, en 1996, la antigua aliada de Puebla había registrado ante el instituto el nombre adoptado tras la ruptura, Fundación Universidad de las Américas Puebla. El abogado señalaba que junto a ese nombre habían registrado además el logotipo y la marca. Para Ramos, el convenio de ruptura de 1985 impedía que la hermana registrara ninguna de las dos, que el abogado considera propiedad de la UDLA, A. C. Además, la propia universidad de Ciudad de México había registrado los símbolos antes que la otra, convirtiendo la situación en un absurdo.

El abogado criticaba que el registro de la universidad poblana respondía a un acto “de mala fe”. En el convenio de ruptura, explicaba en el escrito de denuncia, ambas partes habían acordado que la universidad de Puebla conservaría el campus y las instalaciones. Por otro lado, decía Ramos, la UDLA A. C. conservaría el nombre, permitiendo su uso a la otra añadiendo Puebla al final. El convenio no especificaba nada sobre registros de la marca ante el IMPI. Una adición al acuerdo de 1995, ya con Gertz como rector, limitaba el uso del nombre a la universidad poblana exclusivamente a esa región.

En el texto de la denuncia, Ramos indicaba que las “conductas de dicha fundación son ilícitas porque con dolo y maquinación se están apropiando y utilizando en forma permanente, hasta la fecha en calidad de dueño, de la marca comercial y de un logotipo sin autorización de UDLA A.C., titular de los mismos”. El abogado apuntaba además a los funcionarios del IMPI que habían concedido el registro a la UDLAP años antes. “Solicito que se les cite a comparecer, ya que considero que lo hicieron de manera ilegal y sin tener ningún sustento jurídico para ello, o fueron engañados por la fundación”, escribía.

Más allá del convenio, sujeto a interpretaciones, la UDLA, A. C. partía con ventaja. En 1992, cuatro años antes de que lo hiciera su hermana poblana, el centro de estudios de la capital había tenido la lucidez de registrar la marca y el logotipo. Esta situación le permitió vencer en los tribunales de la capital. Ganado el pleito por la vía penal, la UDLA, A. C. recurrió entonces al IMPI. Gertz quería que el instituto invalidara el registro de la UDLAP de 1996. Iniciado en 2018, el proceso concluyó en primera instancia un año más tarde. A finales de febrero de 2019, cuando ya trabajaba para la nueva FGR, el IMPI notificó a Ramos de la resolución favorable a favor de la UDLA, A. C. El registro de la UDLAP quedaba formalmente invalidado, al menos en primera instancia.

El historial contencioso entre ambas partes ha hecho pensar a la parte amplia de la familia Jenkins, la parte procesada, que ambas situaciones están relacionadas, el proceso por la marca y el caso de la FGR contra ellos por sacar del país los bienes de la fundación Mary Street Jenkins. Más aún después de la apertura de la Jenkins Graduate School en Ciudad de México, a su entender una afrenta a la UDLA, A. C, que consideraría Ciudad de México su territorio. Preguntado al respecto, el exrector Derbez contestó con diplomacia. “La batalla con Gertz se dirimió en tribunales y quedó claro desde hace tiempo, por eso le pusimos Jenkins Graduate School”, dijo.

Sea como sea, el caso que afecta a la fundación Mary Street Jenkins está aún por decidirse. No tanto la enajenación de inmuebles del instituto, como la decisión del subprocurador Juan Ramos de reactivar el caso. La Suprema Corte de Justicia prepara la discusión sobre la actuación del abogado, denunciada por los abogados de Roberto Jenkins De Landa, su madre y hermanas. Una decisión contraria a la que mantiene la Fiscalía dejaría a Ramos en un lugar complicado, igual que a su jefe, el fiscal Gertz.

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