El fiscal Gertz encara la peor ola de reproches desde su nombramiento

Cuando aún no se cumple un tercio de su mandato, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, encara una de sus peores crisis al frente de la dependencia. En pocas semanas, la llovizna de críticas aisladas a su quehacer se ha convertido en una verdadera tormenta, sostenida en nubarrones de todo tipo: asuntos personales, posibles conflictos de interés, persecuciones cuestionables y reproches de personalidades cercanas al presidente, Andrés Manuel López Obrador, caso por ejemplo de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La investigación contra una treintena de integrantes de la comunidad científica, que la Fiscalía busca detener por delitos reservados habitualmente para hampones vinculados a crímenes de sangre, ha condensado y unificado a los críticos, existentes pero dispersos hasta ahora. Primer fiscal autónomo tras la reforma que debería separar la procuración de justicia del poder político en México, Gertz ha puesto de acuerdo a todos sus enemigos, que señalan su carácter punitivo y desquitado. Su mandato vence en 2028.

Es difícil señalar el origen de las críticas, aunque probablemente haya que apuntar al proceso de su nombramiento como fiscal, en enero de 2019. Hasta entonces, la designación del procurador corría a cuenta del presidente en turno. Con la reforma, iniciada en 2014 y concluida en 2018, y la aprobación de la ley orgánica de la dependencia, el Senado se encargaría de nombrar al fiscal, previa terna enviada desde el poder Ejecutivo.

Cosa habitual en la política mexicana, la norma se estiró de manera que el proceso de selección acabó recordando a las viejas designaciones a dedo, dirigido desde Palacio Nacional, barnizado por el Congreso, criticado por organizaciones que monitorean la procuración de justicia y el debido proceso. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, explica: “Frente a la realidad violenta que enfrenta el país se requería un perfil de alguien actualizado en nuevas técnicas de investigación, en macrocriminalidad, que supiera cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal, una persona en contacto con la ciudadanía, con las víctimas, que esté abierta a la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y Gertz no cumple ninguna de estas características”.

Delgadillo siguió el proceso de selección del fiscal e impulsó el colectivo #Fiscalíaquesirva. En 2020 y 2021, ha coordinado informes sobre la autonomía y los resultados de la Fiscalía General de la República, FGR. “En su informe de sus primeros 100 días, Gertz denunció que había encontrado una institución que era verdugo de enemigos políticos, que encubría a cómplices del poder. Y eso no ha cambiado. Seguimos investigando caso a caso. La corrupción, las desapariciones y los homicidios, siguen sin ser temas prioritarios para la FGR”, argumenta.

Si las críticas a Gertz nacieron de su designación, sus intentos por reformar la ley de a fiscalía las alimentaron. Alfredo Lecona, integrante del colectivo #Fiscalíaquesirva, explica que a principios de este año empezó a circular “un documento de reformas al sistema penal bastante regresivas”. Lecona, que ha trabajado de asesor parlamentario y conoce las cañerías del Congreso, dice que el documento era como un globo sonda, para ver cómo se recibían las propuestas. “El texto proponía, por ejemplo, que las pruebas obtenidas mediante tortura tuvieran validez judicial o consideraba la presunción de responsabilidad, contraria a la presunción de inocencia”, recuerda.

Lecona señala que tanto Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de Morena, el partido de López Obrador, como Julio Scherer, entonces consejero jurídico de presidencia, estuvieron detrás de la difusión de ese texto, propuesta que luego, ante las críticas, abandonaron. Gertz y su equipo insistieron en la reforma, rechazada también por colectivos de víctimas de todo el país, porque eliminaba la responsabilidad de la FGR en la investigación de casos de personas desaparecidas, que se cuentan por decenas de miles en el país. Aunque algo rebajada, la reforma de la ley se aprobó finalmente en abril de este año.

Por entonces, Delgadillo y su equipo ya habían presentado su segundo informe sobre el desempeño de la nueva fiscalía. En las conclusiones, escribían: “La apuesta principal del Fiscal General ha sido cambiar el marco normativo para acomodar las instituciones a su visión, en los que ha dado la espalda a la sociedad y ha convertido a la FGR en una institución más opaca de lo que era”. Al mismo tiempo, México Evalúa publicó los resultados de su “Observatorio de la Transición”, que reflejaba una continuidad en la incapacidad de la dependencia para hacer justicia. Según la organización, más del 95% de los delitos federales en el país, caso por ejemplo de narcotráfico, delincuencia organizada o lavado de dinero, siguen quedando impunes.

De la institución al hombre

Mientras Gertz y su equipo insistían en la reforma de ley de la fiscalía, los detalles del proceso judicial que él mismo había impulsado contra su familia política salieron a la luz. A finales de marzo, EL PAÍS publicó una serie de reportajes que detallaba los pormenores de la denuncia del fiscal contra quien había sido la pareja de su hermano. Federico Gertz había muerto en el hospital en septiembre de 2015. Alejandro Gertz, entonces rector de la Universidad de la Américas Ciudad de México, denunció a su pareja, Laura Morán, y a sus hijas, por su homicidio. A su entender, las mujeres no habían cuidado debidamente de su hermano, provocándole la muerte.

Durante los primeros años, la denuncia no avanzó. En 2016, la fiscalía de Ciudad de México archivó el caso, pero ya con Gertz al frente de la FGR, en 2020, la dependencia local reactivó la denuncia, presentándola ante una jueza, ordenando ésta la detención de Morán, de 94 años, y de una de sus dos hijas, Alejandra Cuevas. La fiscalía de Ciudad de México detuvo a Cuevas en octubre del año pasado.

Los hijos de Cuevas han denunciado que Gertz ha usado su poder de manera facciosa y que incluso les embarcó en una negociación por la liberación de su madre, que pasaba por la entrega de varios millones de pesos en dinero, obras de arte y otros objetos de valor que, a juicio del fiscal, le pertenecían como parte de la herencia de su hermano. Gertz ha negado que haya existido ninguna negociación, pero no que recibiera el dinero, las obras de arte y el resto de objetos.

En el segundo semestre del año, una nueva polémica envolvía al fiscal. Después de diez años y vario rechazos a cuestas, Gertz consiguió acceder finalmente al máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, medio para financiar el trabajo de científicos destacados en el país. Académicos independientes criticaron su inclusión, que Gertz había batallado en tribunales durante años, acudiendo incluso al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred.

La estrategia del fiscal en este último caso refleja la que había seguido en el proceso por la muerte de su hermano: aferrarse a recursos y amparos en los tribunales hasta conseguir un resultado positivo. En medio de ambas marejadas, que el fiscal navegó sin excesivos problemas, la opinión pública veía las dificultades de la FGR para concretar acusaciones en el marco del caso Odebrecht, la pata mexicana del escándalo de sobornos a gran escala orquestado por la constructora brasileña, conectada a altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La llegada a México a mediados de 2020 de uno de los personajes clave en la presunta red de sobornos, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hacía presumir de un feliz desenlace para el fiscal, enfrentado a décadas de impunidad de la clase política. Un año más tarde, los nombres de decenas de políticos y altos cargos de la administración anterior han bailado en otros tantos titulares, pero las acusaciones siguen sin concretarse.

Cienfuegos y los científicos

El atasco en el caso Odebrecht se ha solapado con otros procesos polémicos que implican a la fiscalía, pocos tan extraños como el de Salvador Cienfuegos. En octubre de 2020, las autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles al secretario de la Defensa de Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, por facilitar supuestamente el tráfico de drogas a un grupo criminal del Pacífico mexicano. Después de una operación diplomática raras veces vista en México, el Gobierno de López Obrador consiguió que la administración de justicia del país vecino retirara los cargos y mandara al general de vuelta a México. La FGR abrió entonces una investigación, pero solo a partir de las pruebas que recibió de EE UU. A las pocas semanas, la agencia investigadora archivó las pesquisas.

Delgadillo opina que el caso Cienfuegos es paradigmático de la forma de actuar del fiscal. “Es increíble por ejemplo que él dijera que no podía iniciar por su propia cuenta una investigación por el caso Cienfuegos. Eso denota desconocimiento del sistema: no hizo nada por este caso”, defiende. Delgadillo se refiere a la estrechez de miras de la FGR, que evitó aprovechar las acusaciones contra el general para hacer una investigación de contexto, del actuar del militar durante sus años al frente del Ejército. “Igual que en el caso Lozoya, vemos que él tiene todos los beneficios y en cambio a los científicos les pide prisión preventiva oficiosa”, critica, en referencia a los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, acusados de delincuencia organizada hace unas semanas. “En el caso de los científicos, vemos que sí usa toda la fuerza del sistema penal en su contra, de manera irracional, ilógica y excesiva. Vemos que hace uso del sistema penal contra los que considera enemigos del estado, cuestión totalmente subjetiva, poco acorde a la realidad violenta del país”.

El caso de los científicos ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos que hasta ahora habían callado. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el proceso de “excesivo”. En los mismos términos se han expresado otras personalidades del mundo de la política y la justicia, caso por ejemplo del exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, que tildó el proceso contra los científicos de perverso. De momento, López Obrador ha evitado pronunciarse sobre el actuar de Gertz y la fiscalía. En su mano queda el futuro del fiscal. Una posible destitución tendría que poner de acuerdo al titular del Ejecutivo y a la mayoría en el Senado, cámara en quien reside la responsabilidad de controlar al fiscal.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país