La imputación de 31 investigadores, la batalla que enfrenta a la Fiscalía con la antigua gestión del Conacyt

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, está decidida a llevar a la justicia a 31 investigadores por supuestas asignaciones millonarias a costa del erario. Un juez federal rechazó esta semana por segunda ocasión la solicitud de la Fiscalía para girar las órdenes de captura contra este grupo de científicos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Sin embargo, la Fiscalía insistirá una tercera vez ante el Poder Judicial, incluso contemplando un cambio en el planteamiento de las denuncias. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, califica la acusación por delincuencia organizada como “un exceso”.

Alfredo Higuera, fiscal especial en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía, anunció este jueves sin ahondar en detalles que la Fiscalía replanteará la acusación contra los científicos para que sea revisada de manera integral. Higuera expresó que “no hay duda” de que la asociación civil Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) recibió más de 240 millones de pesos “de manera ilegal”. La dependencia señaló a través de un comunicado, horas más tarde de la negativa judicial, que sí existe “un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas”.

La Fiscalía asegura que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financió ilegalmente con más de 244 millones de pesos al Foro. El ministerio público ahonda que el Foro fue creado como una asociación civil fuera de la estructura orgánica del Consejo. La Fiscalía se refiera al FCCyT como una empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos para después favorecerse de ella.

El magistrado del Estado de México que negó la petición de la Fiscalía argumentó que el estatuto del Conacyt sí establece como ente del mismo Consejo al Foro, por lo que no puede considerarse que la asociación civil haya recibido ilegalmente los recursos del Conacyt y por ello consideró que esto no constituye un hecho delictivo. En caso de presentarse una nueva solicitud de aprehensión esta debería tener más y mejores elementos para lograr convencer al juez respecto a los hechos que les atribuyen a los científicos como delitos.

Gabriela Dutréit, coordinadora del Foro de 2012 a 2014 y una de las señaladas por delincuencia organizada por la Fiscalía explicó a EL PAÍS que una de las principales funciones del Foro Consultivo es ser la voz de las comunidades científicas, tecnológicas y empresariales. “La Ley de Ciencia, todavía vigente, tiene un capítulo sobre participación y por eso no lo pone como un órgano interno porque es muy difícil darle opinión al mismo (organismo) del que tú dependes. Por eso la participación pública requiere espacios autónomos”, detalló. La investigadora rechazó cualquier acusación de manejo ilegal de dinero del erario e insistió en que los recursos públicos asignados siempre estuvieron vigilados tanto por un auditor externo como por el propio Conacyt.

Además de Dutréit están bajo la mira de la Fiscalía otros seis integrantes del Foro Consultivo y unos 25 exfuncionarios del Conacyt, entre investigadores y personal administrativo. En este listado sobresale el nombre de Enrique Cabrero, quien fungiera como director general del Conacyt de 2013 a 2018, durante casi todo el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En un escueto comunicado el Conacyt fijó su postura sobre el proceso al asegurar que durante la pelea por los presupuestos “se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FFCyT desde distintos fideicomisos del Conacyt”. Como consecuencia, añade la máxima institución de ciencia en el país, se presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público.

La Fiscalía ha abrazado con especial interés la denuncia presentada por el Conacyt pese a la oleada de críticas de universidades, instituciones académicas y centros de investigación. El rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó como “un despropósito” y algo “inconcebible” la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica. Como él, más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pidieron a la Fiscalía atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

También la oposición en el Senado ha exigido este jueves a los senadores de Morena que respalden una petición para que sea citado a comparecer Gertz Manero sobre el caso contra los científicos del Conacyt. El coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, criticó que la justicia se ocupe como un brazo represor para lanzarlo contra aquellos que no coinciden con el Gobierno.

Apenas en abril pasado se dio a conocer que el fiscal maniobró para entrar en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tras ser rechazado durante 11 años por “insuficiente producción científica”. Una comisión formada en exclusiva para su caso le otorgó en abril el acceso en grado III, el nivel más alto que puede alcanzar un investigador nacional sin ser emérito.

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