Gabriela Dutrénit, una de las científicas acusadas de crimen organizado por la Fiscalía: “Es una cruzada contra la ciencia”

La excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico rechaza las acusaciones del Conacyt por supuestas asignaciones millonarias a favor de la asociación civil

Gabriela Dutrénit durante una conferencia en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Gabriela Dutrénit durante una conferencia en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.CORTESÍA

Dos días antes de las más recientes elecciones en México, el pasado cuatro de junio, la investigadora Gabriela Dutrénit Bielous (Montevideo, 68 años) recibió el primer indicio de que estaba siendo investigada por la Fiscalía General. Sin mayores detalles, representantes de esta entidad llegaron a su casa para corroborar su domicilio y anunciarle que recibiría un citatorio. Tres meses más tarde y a través de los medios de comunicación, la maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enteró de que ella y 30 investigadores más habían sido acusados por la Fiscalía por supuestos actos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

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Quien fuese coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FFCyT) de 2012 a 2014 aún no sale de su asombro por lo que considera unas “acusaciones espantosas”. Sin embargo, la investigadora confía en que, una vez más, un juez federal deseché las peticiones de órdenes de captura contra ella y una treintena de investigadores. “Yo soy una académica, trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, me dedico a formar recursos humanos, a formar estudiantes y hacer investigación, jamás se me pasó por la cabeza una cosa de esa dimensión. Una acusación de ese tipo es impresionante” comenta por teléfono.

“Ellos hablaron de una organización delictiva conjunta entre los funcionarios de ese entonces de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y los funcionarios del Foro, y yo lo extiendo a la mesa directiva del Foro porque los funcionarios dependíamos de la mesa directiva, entonces, cuando uno lo mira así es una cruzada contra la ciencia porque se está atacando a representantes de una mesa directiva en la cual están las principales instituciones de este país”, defiende. La mesa directiva del FFCyT está integrada por representante de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y las principales Academias de ciencia y artes del país.

Pese al rechazo de dos jueces para girar las órdenes de aprehensión debido a inconsistencias de la propia Fiscalía en sus peticiones, el Ministerio Público ha declarado la tarde de este miércoles por escrito que “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, reza el escrito.

Dutrénit Bielous sabe que la batalla en tribunales está lejos de terminar. La Fiscalía tiene en la mira el presupuesto de unos 244 millones de pesos que recibió el Foro Consultivo durante el sexenio anterior. La excoordinadora de la asociación civil rechaza con rotundidad cualquier visto a un mal manejo de esos fondos otorgados por ley por el Conacyt o duplicidad de funciones tal como señala la acusación hecha por la Fiscalía. “Los recursos eran superauditados. Había un auditor externo y después se entregaban todos los reportes financieros que era también auditado en Conacyt y luego Conacyt entregaba una constancia de que estaba satisfecho por el reporte financiero y el reporte técnico”, explica.

Además, precisa que entre el presupuesto del Foro estaba contemplado el gasto de viajes y viáticos para investigadores, costes que siempre fueron demostrados por los implicados. “La idea era darle participación a las comunidades así que tenías que invitar a la comunidad tecnológica de los Estados y para eso organizabas un evento en algún lugar del país eso estaba dentro de las funciones del Foro y estaba estipulado dentro de los gastos que le correspondían”, defiende.

El Foro Consultivo surgió en 2002 como un organismo autónomo que buscaba dar voz a las comunidades científicas y al sector empresarial. Sin embargo, en 2019 ya con la actual Administración comenzó su desencuentro con el Conacyt por el tema de los recursos. Como excoordinadora de la asociación. Dutrénit Bielous asegura que vivió con dolor este desencuentro institucional. “Creo que cuando empezaron los conflictos esos conflictos afectaron la posibilidad de que las comunidades se pudieran expresar. Una asociación civil no es una empresa privada, es una figura distinta”, remata

La asociación civil, en ese entonces dirigido por Julia Tagüeña, presentó y ganó el amparo para seguir recibiendo el presupuesto federal, sin embargo, un año después el Conacyt decidió cambiar sus estatutos internos para liberarse de la obligación de dotar de recursos a este organismo. Ahora el Foro Consultivo vive en un impasse ante la falta de recursos y la falta de actividades comisionadas por el Conacyt.

La noche de este miércoles el Conacyt fijó su postura sobre el proceso al asegurar que durante la pelea por los presupuestos “se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FFCyT desde distintos fideicomisos del Conacyt”. Como consecuencia, añade la máxima institución de ciencia en el país, se presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público.

La investigadora lamenta que sea la propia directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien haya presentado las denuncias contra exintegrantes del Foro y exfuncionarios del Conacyt del sexenio anterior. “Con este tipo de acusaciones México pierde credibilidad en la comunidad científica, la comunidad científica deja de creer en el Gobierno, se siente amenazada, nadie gana y es una lástima porque se requiere también más estabilidad, más confianza, para poder dedicarse a la investigación”, afirma la también profesora de la UAM-Xochimilco.

Ante el reiterado interés de la Fiscalía por sentar a este grupo de científicos en el banquillo de los acusados, más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), exigieron atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En particular, el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó como “un despropósito” y algo “inconcebible” la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica.

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