El choque del Gobierno de México con los científicos se topa con más contradicciones

El caso contra los 31 científicos señalados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado suma una contradicción más. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca sentar en el banquillo ante la justicia a seis miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y a 25 exfuncionarios del Conacyt por supuestas transferencias millonarias de manera ilícita, sin embargo, este mismo órgano avaló la ejecución del último presupuesto otorgado al Foro —por 50 millones de pesos— en una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública en agosto del 2020. La dependencia informó a los auditores que se avaló la ejecución de estos recursos apoyados en los resultados favorables de un experto adscrito al Conacyt.

De acuerdo con la auditoría 1/2020 elaborada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que forma parte del expediente en contra de los 31 científicos, los auditores cuestionaron al Conacyt sobre la vigilancia y ejecución del presupuesto de 50 millones de pesos que el Foro Consultivo ejerció del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019. La dependencia federal informó por escrito que el seguimiento técnico y financiero del presupuesto entregado al Foro “cumplió con las reglas de operación establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos”.

El Foro Consultivo se encuentra bajo la mira de la Fiscalía desde septiembre pasado por el supuesto desvío de 244 millones de pesos provenientes del erario de 2012 a 2018, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El ministerio público ha intentado en dos ocasiones girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, pero el Poder Judicial ha desechado ambas peticiones tras considerar que los hechos imputados no se corresponden o adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados. Pese a las negativas, la dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero ha declarado que insistirán en las denuncias contra los investigadores.

Las acusaciones de la Fiscalía contra seis investigadores adscritos al Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt en la Administración de Peña Nieto tienen como sustento la denuncia presentada por el Conacyt el 10 de julio de 2020 por supuestas “asignaciones directas millonarias a favor del FFCyT desde distintos fideicomisos”. Sin embargo, en esta misma administración las autoridades del máximo órgano de la ciencia avalaron ante la Función Pública la ejecución del presupuesto de 50 millones de pesos ejercidos durante 2018 y el primer semestre de 2019.

El documento de la Función Pública—al que EL PAÍS tuvo acceso— cuestiona a la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt por supuestas irregularidades en el manejo de estos recursos. Entre las observaciones realizadas por los auditores sobresalen fallas en la comprobación y ejercicio de dichos recursos, deficiencias en la Administración de la cuenta bancaria específica de los proyectos, contratos de servicios no exhibidos y servicios facturados que no se corresponden con los establecidos en los contratos formalizados. La Función Pública cuestionó al Conacyt sobre la forma en que se vigiló el ejercicio de estos recursos.

En respuesta, la Dirección adjunta de Desarrollo Científico y la Secretaría Técnica del Fondo Institucional del Conacyt informó de que para otorgar la constancia de conclusión financiera sobre los 50 millones de pesos auditados se apoyaron en los resultados favorables de la evaluación efectuada por un experto del Registro de Evaluadores Acreditados del Conacyt, “quien cuenta con los conocimientos técnicos para determinar el cumplimiento de los objetivos y entregables comprometidos, así como de la opinión favorable del informe financiero del proyecto, por parte del despacho A. Frank y Asociados, el cual indica que los recursos fueron ejercidos conforme a las disposiciones contenidas y a las partidas y montos establecidos”. El máximo rector de la ciencia en México entregó la constancia de Conclusión Técnica y Financiera al Foro Consultivo el 19 de agosto de 2019.

En la auditoría de la Función Pública se expone que el Foro gastó 24,9 millones de pesos en actividades sustantivas —consultoría, estudios de perspectiva, eventos, congresos nacionales e internacionales, seminarios, reuniones de comités, reuniones plenarias de las comunidades de ciencia y tecnología, edición y publicación de documentos, pasajes y viáticos y becas de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales—. Unos 19,8 millones de pesos fueron destinados a cubrir sueldos, salarios y prestaciones laborales y 3,5 millones de pesos se utilizaron en servicios generales. El resto del dinero, según el documento, fue para cubrir licencias de software, mantenimiento y adquisición de equipo de cómputo y materiales y suministros.

Los auditores de la Función Pública cuestionan la vigilancia del Conacyt sobre estos recursos luego del hallazgo de irregularidades en la gestión del presupuesto, por ejemplo, en la administración de una cuenta bancaria American Express, recursos ejercidos sin evidencia del cumplimiento a la normativa, contratos de servicios no exhibidos y servicios facturados que no corresponden a los establecidos en los contratos formalizados, entre otras.

Sobre las observaciones que arrojó la auditoría de la Función Pública, el excoordinador del Foro, José Franco y uno de los señalados por la Fiscalía, explica que todos los puntos observados fueron solventados por el Foro Consultivo. El investigador enfatiza en que el presupuesto fue auditado antes de ser remitido al Conacyt por un despacho externo, una vez que fue avalado por esta instancia fue entregado al órgano del Consejo donde también fue examinado. “Esa cuenta fue auditada tres veces primero por un despacho interno y luego dos veces por las mismas instancias de esta Administración. Eso lo que indica es que a los ojos del mismo Conacyt no hubo una sola observación”, dice.

Franco señala que tras la auditoría el Foro entregó 13 informes en los que se aclaró y documentó cada uno de los puntos observados por los auditores. “Posteriormente, instancias del mismo Conacyt hicieron solicitudes de información y todas fueron respondidas inmediatamente, se entregaron todos los documentos, hubo 13 revisiones que fueron contestadas de manera puntual y no tuvieron observación alguna, al menos, al Foro no le hicieron indicación alguna”, añade. Además de Franco, están señaladas las excoordinadoras del Foro, Julia Tagüeña, y Gabriela Dutrénit.

EL PAÍS solicitó una entrevista con la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sobre la auditoría de la Función Pública. El órgano federal contestó que el procedimiento de vigilancia administrativa iniciada por la Secretaría de la Función Pública aún se encuentra abierto, sin concluir, “por lo mismo, en este momento nos es imposible proporcionar información o documentación relacionada con este tema”.

La Fiscalía de Getz Manero ha abrazado con especial interés la denuncia presentada por el Conacyt pese a la oleada de críticas de universidades, instituciones académicas y centros de investigación por las acusaciones tan graves como delincuencia organizada que, de ser avaladas por el juez, suponen prisión preventiva en un penal de máxima seguridad.

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