“Esto ha llegado a un grado de persecución inquietante”: 31 premios nacionales se unen al repudio por la orden de arresto de científicos del Conacyt

Ante la imputación de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delincuencia organizada por la Fiscalía mexicana, el mismo número de premios nacionales se ha sumado a la demanda al Gobierno de detener el hostigamiento a la comunidad científica del país. “La persecución se vuelve aún más inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento”, ha advertido la organización de Premios Nacionales de Artes y Ciencias en una carta.

Los intelectuales, que se han unido al reclamo de cientos de científicos y académicos, han recordado su repudio desde que el pasado viernes el ministerio público acusara por tercera vez a 31 investigadores del Conacyt por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. También por tercera vez, un juez rechazó capturarlos por las acusaciones de la Fiscalía. “Los actuales ataques ocurren junto a la reducción de recursos para investigación, docencia y cultura, así como la suspensión de apoyos a becarios de posgrado en el extranjero e investigadores jóvenes”, continúa el pronunciamiento.

Roger Bartra, Premio Nacional de Ciencias y Artes y uno de los 31 signatarios, señala que desde hace meses existe una gran inquietud por las agresiones constantes del Gobierno. “Incluido yo, que con mucha frecuencia soy insultado por el presidente, hay constantemente agresiones verbales que ya están pasando a intentos de represión”, afirma. El antropólogo explica que “la alarma” aumentó cuando la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero intentó encarcelar a los excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La Fiscalía sostiene que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Conacyt financió ilegalmente a la organización con más de 244 millones de pesos.

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“Aunque los intelectuales estamos acostumbrados a que haya cierto rechazo en los medios políticos, esto ha llegado a un grado de persecución verdaderamente inquietante, por eso suscribimos este documento”, añade. Entre los firmantes también está el investigador Francisco Bolívar Zapata, el exministro del Tribunal Supremo José Ramón Cossío, el matemático José Antonio de la Peña, el físico Fernando del Río y la escritora Soledad Loaeza.

Además, las más de 30 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México han manifestado su preocupación ante la orden de aprehensión en contra de los investigadores que fue rechazada por un juez. “Sin fundamentos probatorios, los científicos fueron acusados según la FGR por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a la entrega de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del Foro Consultivo, una organización reconocida en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente del 2002 al 2020″, indican en un comunicado publicado el viernes pasado.

Por su parte, el Colegio de Bioética ha acusado al Gobierno de “sólo abonar en la dirección de intimidar, denostar y despreciar la actividad científica comprometida con los valores de verdad, evidencia empírica y objetividad”. “Repudiamos estas conductas y demandamos que cesen este tipo de agresiones a la comunidad científica. ¡Ya basta!”, indica la carta firmada por 36 médicos.

Las universidades también han expresado su preocupación ante las acciones del Gobierno. “Ya es hora de dejar a la comunidad académica y científica en paz y dejarla hacer su trabajo en libertad”, han señalado más de 200 académicos del Colegio de México. “El ámbito académico y científico de nuestro país lleva ya tiempo viviendo bajo una atmósfera enrarecida e incierta, pero con este agravio hemos alcanzado un nivel inaceptable e impensable para quienes suscribimos estas líneas”, han advertido. Mientras que el Tecnológico de Monterrey ha manifestado su indignación y preocupación por “las desmedidas acusaciones y acciones legales” contra los científicos. “La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, ha expuesto en un comunicado.

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