Los juristas cuestionan la batalla legal de la Fiscalía contra 31 científicos por “desmesurada y arbitraria”

Las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha hecho la Fiscalía esta semana contra 31 investigadores han dividido a especialistas e integrantes del propio Gobierno de López Obrador. Esta semana, un juez federal rechazó por segunda ocasión la solicitud de la Fiscalía para girar órdenes de captura contra este grupo de científicos, sin embargo, la Fiscalía ya anunció que insistirá una tercera vez ante el Poder Judicial, incluso contemplando un cambio en el planteamiento de las denuncias. Los juristas consultados advierten de que los señalamientos son desproporcionados y carecen de fundamento jurídico. En coincidencia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado como “exagerada” la imputación del ministerio público por delincuencia organizada, un delito que amerita prisión preventiva en prisiones de máxima seguridad como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de México, José Ramón Cossío, señala que es preocupante que el delito de delincuencia organizada se utilice como una práctica ordinaria por la Fiscalía cuando debería ser la excepción. “Lo que debía ser un régimen de excepción para los malos se convierte en el régimen ordinario para los malos y para los buenos, y como es un delito de delincuencia organizada te voy a llevar al penal del Altiplano, eres una persona peligrosísima y sin derecho a fianza. Entonces, lo que debiera ser la gran conclusión termina siendo una hipótesis persecutoria sobre estas personas”, menciona.

Cossío lamenta la escalada de polarización, división y de guerra de declaraciones que se ha suscitado alrededor de este caso. “Todo el mundo ha tomado posición, pocas personas tienen comprensión cabal del problema y cada quien quiere que su posición gane porque ya está comprometido el tema del prestigio”, reflexiona.

Diego Valadés, jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que la posición tan radical que ha tomado la Fiscalía da lugar a que se piense que puede haber otras razones que no son las jurídicas para actuar de manera tan agresiva. “En el caso de los académicos se les puede solicitar aclaración acerca de los recursos que recibieron y de la forma en la que los aplicaron, eso es perfectamente razonable, pero acusarlos de delincuencia organizada supone un acto desmesurado, que solamente puede ser objeto de motivaciones ajenas a lo que se pretende, que es la aclaración del destino de los recursos que fueron entregados”, añade.

El jurista detalla que no se puede considerar como operación con recursos de procedencia ilícita el manejo de recursos del Foro Científico y Tecnológico (FCCyT) porque el dinero que proviene del mismo presupuesto de Gobierno federal. Valadés advierte de que la insistencia de la Fiscalía para llevar a la justicia al grupo de investigadores por estos delitos está poniendo en entredicho la objetividad del ministerio público.

Para la exdirectora de auditoría forense en la Auditoria Superior de la Federación, Muna Dora Buchahin, la acusación de la Fiscalía también busca un efecto disuasivo para que no se vuelva a incurrir en estas acciones. “Ojalá que con esta misma enjundia tomaran todos los expedientes”, opina. La abogada explica que este caso también refleja una ausencia de los órganos internos de control, entidades que debían de haber encendido las alertas en caso de advertir un mal manejo de los recursos públicos.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que se debe de investigar al grupo de científicos. “Le pregunto a la gente si el combate a la corrupción es selectivo o parejo, ¿vamos a excluir a grupos, potentados de las élites de la ciencia, de la intelectualidad o economía o aplicamos parejo?”, dijo el mandatario. En referencia a esta asociación civil bajo la mira de la Fiscalía, López Obrador dijo que existen un grupo de investigadores que se iban a congresos “y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos”.

En este mismo sentido, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un organismo público descentralizado, defendió el proceder de la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter. “No es lo mismo la comunidad científica que un grupo que usurpa la condición de científicos para hacer negocios, triangular fondos, repartirse prebendas. Esto es corrupción y hay que combatirla “por el bien de los auténticos científicos y de las científicas del país”, escribió en la red social.

El Foro Consultivo rechaza las acusaciones

En su primer pronunciamiento sobre el tema, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico calificó como “sorprendentes e infundadas” las acusaciones de la Fiscalía en las que están implicados al menos seis exmiembros de la asociación civil, entre ellos los tres últimos coordinadores de la asociación civil: Gabriela Dutréit, José Franco y Julia Tagüeña Parga.

La Fiscalía asegura que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financió ilegalmente con más de 244 millones de pesos al Foro. El ministerio público ahonda que el Foro fue creado como una asociación civil fuera de la estructura orgánica del Consejo. La Fiscalía se refiera al FCCyT como una empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos para después favorecerse de ella.

En respuesta, la asociación civil expuso por escrito que durante más de 18 años, el FCCyT funcionó como una asociación civil autónoma y con financiamiento de Conacyt. El Foro señala que su constitución como asociación civil estuvo validado por el Estatuto Orgánico del Conacyt hasta diciembre de 2019, fecha en que fue modificado este estatuto para que el Foro se convirtiera en un órgano interno del Conacyt, sin personal jurídica ni patrimonio propio.

El Foro asegura que cada año el Conacyt emitió una constancia de conclusión técnica y financiera favorable del uso de los recursos otorgados a la asociación civil. “Incluso, la actual Administración emitió constancia favorable del uso de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019″, indica el documento.

A través de un comunicado firmado por todos los coordinadores, se enfatizó en las evaluaciones positivas que acumuló la asociación civil de 2002 a diciembre de 2019, cuando el Conacyt modificó la naturaleza del Foro y se rompió toda relación con el máximo órgano federal de ciencia en el país. El documento está firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, los últimos tres imputados por la Fiscalía.

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