El silencio marca la primera comparecencia ante la Fiscalía de los investigadores acusados por delincuencia organizada

Los investigadores acusados por delincuencia organizada han tenido este miércoles su primera toma de contacto con la Fiscalía. Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) de 2012 a 2014, y la exsecretaria técnica de dicha asociación civil Patricia Zuñiga han acudido en calidad de imputadas ante el ministerio público para conocer el expediente de unos 10 tomos que se ha abierto en su contra por delincuencia organizada y por el supuesto desvío ilegal de unos 244 millones de pesos. Ambas se reservaron su derecho a declarar hasta no concluir la revisión de la carpeta de investigación.

A su salida del ministerio público, la investigadora Gabriela Dutrénit ha declarado a EL PAÍS que confía en la justicia mexicana y en que demostrará su inocencia frente a los cargos que se le imputan. “Sé que soy inocente y sé que también son inocentes los demás [investigadores] de las acusaciones que se nos hacen. Hoy salgo de la Fiscalía con la sensación de que hay Estado de Derecho y justicia, si opera la justicia revisarán toda la evidencia y se van a dar cuenta de que no hay motivo para este tipo de acusaciones”, ha dicho.

El pulso se ha elevado entre la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero y los 31 investigadores en la mira por el supuesto desvío de 244 millones de pesos provenientes del erario durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En diligencias separadas, las investigadoras permanecieron durante poco más de una hora en las oficinas de la dependencia para que tuvieran un primer acceso a la carpeta de investigación. Las acusadas y sus abogados fueron informadas de que a más tardar en una semana les entregarían en archivo electrónico los 10 tomos de la indagatoria.

Las acusaciones por delincuencia organizada contra Dutrénit y otros 30 científicos parten de una denuncia presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por supuestas “asignaciones directas millonarias a favor del FFCyT desde distintos fideicomisos del Conacyt”.

Tras esta denuncia, la Fiscalía comenzó las indagatorias y a fines de septiembre solicitó en dos ocasiones que se giraran órdenes de detención contra los implicados. Sin embargo, los magistrados han rechazado dichas peticiones al considerar que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados.

Pese a la negativa, la Fiscalía declaró que insistirá en su petición e incluso no descarta que haya un “replanteamiento” de la acusación con tal de demostrar que sí existe “un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas”. En la lista de señalados también figuran los nombres de Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018; Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; María Dolores Sánchez Soler, exdirectora Adjunta de Posgrado y Becas en Conacyt, ente otros.

El investigador del Centro de Ciencias Genómicas David Romero lamenta que, pese a la negativa de los magistrados por sostener las acusaciones de la Fiscalía, el ministerio público insista en citar a este grupo de investigadores en calidad de imputados por un delito tan grave como lo es la delincuencia organizada. “Hay una mezcla de indignación y preocupación entre la comunidad científica. Las acusaciones son tan serias que amenazan su libertad y la oportunidad de una defensa justa”, refiere. Además de las investigadoras, el ministerio público ha citado a comparecer esta semana a José de Jesús Franco López, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y excoordinador del Foro Consultivo, y a Julia Tagüeña, quién también coordinó la asociación civil en 2019.

Más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pidieron a la Fiscalía atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Lejos de desistir en su intento, este miércoles el ministerio público ha dado un paso adelante para sentar en el banquillo de los acusados a este grupo de científicos.

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