López Obrador: “El INE tiene suficientes recursos para llevar a cabo la revocación de mandato”

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado de forma tajante este lunes las denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el recorte presupuestal aprobado este fin de semana para la institución. Un tijeretazo de casi 5.000 millones de pesos que pone en riesgo, según denunció este domingo el líder del máximo órgano electoral, Lorenzo Córdova, una de las medidas estrella del Gobierno el año que viene: la consulta popular sobre la revocación de mandato de López Obrador. Una iniciativa que impulsó el mandatario desde su llegada al poder en 2018 para que a mitad del sexenio los ciudadanos eligieran si quiere que siga gobernando. Un instrumento insólito que obligará al órgano electoral a desplegar un número similar de casillas que para una elección presidencial y para el cual ha insistido que el presupuesto no alcanza. No obstante, el presidente mantiene: “El INE tiene suficientes recursos”.

Poco después de que fuera aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados este fin de semana, Córdova difundió un vídeo para advertir de que no es el órgano electoral quien se opone a la organización de la consulta, un tema polémico que ha agudizado más la pugna entre el Ejecutivo y una institución que ha prometido reformar. “[El recorte] pone en riesgo la revocación de mandato que está siendo promovida por la mayoría legislativa. El INE no pretende bloquearlo, no es el que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos, sino todo lo contrario”, explicó el presidente del órgano electoral a sus seguidores de Twitter.

Córdova busca defender a la institución de las continuas sospechas del Gobierno a que no acate su deber constitucional. “Es la segunda ocasión que se recorta sin una explicación técnica financiera. Negaron los recursos para la primera consulta popular de agosto pasado. Sin embargo, se llevó a cabo por los ahorros del Instituto, aunque solo pudimos instalar una tercera parte de las casillas”, ha advertido el presidente del órgano. La consulta de agosto sobre si los ciudadanos deseaban que se enjuiciara a los expresidentes por corrupción logró un raquítico 7% de participación y el Gobierno acusó al INE de haberla boicoteado. Lo que manda la Constitución, reformulada en 2019 para este propósito, es que se requiere un mínimo del 40% de participación para que la consulta sea válida, es decir, alrededor de 37 millones de votos. Y una mayoría absoluta para evitar la revocación de mandato.

Este lunes, durante su conferencia mañanera, López Obrador ha insistido en la capacidad financiera del INE para llevar a cabo la consulta. Algo que ya había asegurado el viernes pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien remarcó la idea de que el órgano cuenta con fideicomisos que le permiten echar mano de unos fondos extra. El presidente ha querido zanjar el debate apelando a la máxima de su Administración, la austeridad: “Los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente. Se rayan. Que les bajen a los viáticos, a las comidas, a los vinos y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana”.

La última lucha entre el López Obrador y el INE supone un golpe más para un conflicto que parece eterno. Todo se remonta al año 2006, cuando el ahora presidente pierde sus primeros comicios —lo intentó dos veces más— y acusa al INE de fraude. Desde entonces, la poca credibilidad del presidente en la institución se ha mantenido sin tregua, con acusaciones de todo tipo a sus consejeros y al Tribunal Electoral, a quienes ha descalificado desde la tarima presidencial — “No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, llegó a señalar en agosto— e incluso ha amenazado con destituirlos y nombrar a otros nuevos, en número más reducido, a través de una nueva reforma electoral.

La pregunta que rezará la papeleta para la consulta será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Y las respuestas: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.

Ante el nivel de despliegue que requiere un evento electoral histórico como este, el órgano electoral había solicitado un presupuesto de 3.830 millones de pesos. Pero la Cámara de Diputados ha aprobado un recorte de 4.913 millones de pesos para ese tipo gasto. “Estamos ante la crónica de un golpe anunciado al INE para justificar una eventual transformación o desaparición de un organismo autónomo y que así vuelvan las tareas de organización electoral al Gobierno de turno. Es un retroceso de décadas”, denunciaba uno de sus consejeros, Ciro Murayama, en una entrevista a este diario.

Mientras la batalla entre el INE y el Gobierno se agudiza, las mesas para la recolección de firmas —que deben solicitar la consulta— se encuentran desplegadas. La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, estampaba su nombre este fin de semana en uno de los puntos del centro de la capital y animaba a otros ciudadanos a seguirla. Aunque lo establecido por la Constitución es que la consulta la organice la ciudadanía y convoque a un mínimo de firmas del 3% del censo electoral (unos 2,8 millones de personas) y que estas se encuentren distribuidas entre al menos 17 Estados, ha sido el presidente y miembros de Morena quienes han acelerado en los últimos días el proceso. López Obrador incluso puso una fecha: marzo de 2022.

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