El recorte presupuestal del INE: la última batalla entre el Gobierno y el órgano electoral

La revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador ha profundizado el encono entre su Gobierno y el órgano autónomo encargado de los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE). Una medida insólita, para la cual se tuvo que modificar la Constitución en 2019, que busca preguntar a la ciudadanía si desean que el presidente continúe en su cargo hasta el final, en 2024. La organización de esta consulta ciudadana, que implica un despliegue de casillas a nivel nacional similar al de una elección presidencial, además de otros requisitos como la recolecta de casi 3 millones de firmas, está a cargo del INE. Y la Cámara de Diputados está a punto de recortarle el presupuesto en más de lo solicitado por la institución para llevar a cabo la tarea, denuncia el organismo. La última batalla entre el Gobierno y el INE acaba de comenzar.

El consejero del INE Ciro Murayama resume la última batalla en tres actos. Primero, el Congreso aprueba la revocación de mandato, que debe de organizarse el año que viene, según las intenciones del Ejecutivo —y que, de salir positiva la respuesta, servirá para relanzar su Gobierno—. El segundo, que está a punto de concretarse, se acuerda un recorte presupuestal en la Cámara que es de 1.000 millones de pesos menos de lo solicitado por el INE para llevar a cabo uno de los ejercicios democráticos más importantes e insólitos en 2022. Y el tercero, denuncia Murayama: “Te acuso de ineficiente, de negarte a organizar la consulta”. Según Murayama, que suscriben muchos de los consejeros, este es el guion para “atacar la autonomía e independencia del INE”. Y la estrategia, denuncia el consejero, va más allá: “Se busca desmantelar el órgano ante las presidenciales de 2024″.

La propuesta de revocación de mandato la anunció el presidente desde su llegada al poder en 2018. La idea inicial consistió en una declaración de intenciones de López Obrador frente a sus antecesores en el cargo. El proyecto de la Cuarta Transformación se vería sometido a una revisión ciudadana a mitad de su sexenio que forzaría a elegir de nuevo a un presidente ya electo o, por el contrario, a retirarlo de manera inminente del puesto y obligar al Congreso a elegir a un sustituto interino. Una herramienta que el presidente anunció como un acto inédito de rendición de cuentas y de democracia participativa. Tras un intenso debate político en 2019 y una reforma constitucional, se concretó que la medida debía regirse bajo los mismos criterios de una consulta popular, organizada desde la ciudadanía y no desde el Ejecutivo.

Y aunque lo establecido por la Constitución es que la consulta la organice la ciudadanía y convoque a un mínimo de firmas del 3% del censo electoral (unos 2,8 millones de personas) para solicitarla y que estas se encuentren distribuidas entre al menos 17 Estados, ha sido el presidente y miembros de Morena quienes han acelerado en los últimos días el proceso. López Obrador incluso puso una fecha: marzo de 2022. La fecha límite para la recolección de firmas está establecida para el 15 de diciembre.

La pregunta que rezará la papeleta será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Y las respuestas: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.

Ante el nivel de despliegue que requiere un evento electoral histórico como este, el órgano electoral había solicitado un presupuesto de 3.830 millones de pesos. Pero la Cámara de Diputados se encuentra debatiendo un presupuesto para el año que viene que ha adelantado un recorte de 4.913 millones de pesos para ese tipo gasto. Un tijeretazo que, según ha denunciado el INE, deja a la institución varada para organizar la consulta el año que viene. “Estamos ante la crónica de un golpe anunciado al INE para justificar una eventual transformación o desaparición de un organismo autónomo y que así vuelvan las tareas de organización electoral al Gobierno de turno. Es un retroceso de décadas”, denuncia Murayama.

López Obrador no ha respondido a las críticas del INE de estos días y este viernes le ha cedido la palabra sobre el tema al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ha reconocido la cantidad recortada, aunque ha asegurado que esto no afecta a la organización de la revocación de mandato. “Nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y, de acuerdo con el dictamen que se votó en San Lázaro [Cámara de Diputados], el Instituto Electoral tiene fondos en unos fideicomisos como para invertir en el ejercicio”, ha insistido el secretario.

Desde el INE se justificaba la cantidad inicial estimada porque la revocación exige una inversión que va desde la capacitación de 12 millones de personas para invitarlos a las mesas de votación, al reclutamiento de 800.000 más para que trabajen voluntariamente como funcionarios de casilla, hasta la impresión del material electoral. “Todo eso cuesta 3.830 millones de pesos. Menos que para una elección federal que es más de 8.000 millones”, explica Murayama.

La última lucha entre el López Obrador y el INE supone un golpe más para un conflicto que parece eterno. Todo se remonta al año 2006, cuando el ahora presidente pierde sus primeros comicios —lo intentó dos veces más— y acusa al INE de fraude. Desde entonces, la poca credibilidad del presidente en la institución se ha mantenido sin tregua, con acusaciones de todo tipo a sus consejeros y al Tribunal Electoral, a quienes ha descalificado desde la tarima presidencial — “No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, llegó a señalar en agosto— e incluso ha amenazado con destituirlos y nombrar a otros nuevos, en número más reducido, a través de una nueva reforma electoral. Una pelea que tocó el punto más álgido en junio con la retirada de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y acoso sexual, aunque fue castigado por excesivos gastos de precampaña.

El nuevo recorte presupuestal ha sido recibido por la institución como una nueva afrenta por parte del Ejecutivo, aunque la decisión se debe tomar en el Congreso. Y sus miembros advierten de los riesgos de esta pelea constante que mina la credibilidad del órgano. “No deja de resultar paradójico que cuando ganó en 2018 las elecciones que el INE organizó nunca hubo un reconocimiento al órgano electoral. Que diga que la democracia empezó con su triunfo”, apunta Murayama. Y remata: “Desconoce lo que se hizo en México para acabar con el partido hegemónico, con el hiperpresidencialismo, ahora todo eso se quiere revertir. No reconocer que el país ha avanzado democráticamente implica la intención de que México tenga una vida política subordinada a una sola visión del mundo, un solo discurso, encuadrada a un partido y bajo las órdenes del presidente”.

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