La madre que busca que la ONU condene a México por ensañarse con sus desaparecidas

Si hay lugares en México donde la vida no vale nada, la de una mujer aún menos. Sandra Luz Román ha estado ahí y teme que su hija también. Desde hace nueve años, la madre de Ivette Melissa Flores Román ha abierto hasta la tierra para encontrar a su hija. Ahí, en las entrañas de la violencia que azota a un país que no termina de contar a sus desaparecidos, ha identificado un patrón de violencia de género y lo ha llevado ante la ONU.

Por primera vez en el mundo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) revisa la actuación de un Estado ante una desaparición. Con el caso de su hija, Román busca que México sea reprendido por no cumplir con sus obligaciones internacionales de prevenir, investigar y sancionar con perspectiva de género las desapariciones de mujeres. “Aún no la he encontrado, pero me enorgullece sacar a flote la investigación de mi hija y seguir luchando por todas esas mujeres que no tienen voz, que no se pueden defender, que están retenidas, que han sido torturadas o que ya las mataron”, expresa la mujer de 56 años que lleva casi una década luchando contra la impunidad del sistema.

Ivette Melissa Flores Román tenía 19 años y una hija de dos cuando fue secuestrada en su propia casa, en Iguala, Guerrero. La noche del 24 de octubre de 2012 “sujetos armados vestidos de negro y con los rostros cubiertos” balearon su domicilio y se la llevaron a la fuerza, de acuerdo con la investigación federal del caso —a nivel estatal no hay ninguna carpeta abierta—. Aquellos hombres iban escoltados por patrullas de la policía de Iguala, según alcanzó a ver un familiar. Incluso, entre los encapuchados estaban el esposo y el suegro de Ivette Melissa, declaró otra testigo.

Meses atrás, la joven había logrado escapar del infierno en el que vivía con su esposo y el padre de él, dos policías que la agredían física y sexualmente, relata su madre. El comandante de Guerrero y su hijo, que se desempeñaba como policía municipal de Iguala, la tenían “encerrada” desde que a los 16 años y embarazada se fue a vivir con ellos. “Me decía no me marques, los teléfonos están monitoreados, no me vayas a decir algo que me comprometa, me van a llevar al sótano, me van a golpear”, narra.

Tras aguantar años de abusos, Ivette Melissa se mudó de vuelta con su mamá, pero el acoso y las amenazas no cesaron hasta su desaparición. Sandra Luz ha manifestado en sus declaraciones que el suegro de su hija le confesó que la entregó a un grupo de la delincuencia organizada. Sin embargo, su voz no fue escuchada e incluso vive amenazada. “Todo estaba sobre la mesa, pero a la persona que tenían que detener nunca la investigaron, nunca la detuvieron, nunca la declararon y hoy ya la mataron”, indica.

El grito de auxilio de esta madre ha llegado hasta la Cedaw para “hacer eco de una realidad invisibilizada en el país”, explica Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que acompaña el caso desde 2014. “El caso de Ivette Melissa refleja un patrón de violencia estructural sistemática contra las mujeres en estos contextos de impunidad generalizada donde los grupos de la delincuencia operan en complicidad con las autoridades”, afirma el abogado. “En los conflictos armados la mujer siempre es tratada como un objeto, un trofeo, un medio de venganza, las esclavizan y su cuerpo es utilizado para escarmentar sobre ellas”, continúa.

Para emitir su queja ante el órgano de expertas en derechos de las mujeres de la ONU, Román y su defensa legal tuvieron que presentar evidencias de que ninguna autoridad en México ha querido abordar el caso con un enfoque de género. La última dependencia en negarse fue la Fiscalía especializada en investigación de delincuencia organizada (antes SEIDO), institución que lleva el caso desde 2013. “Nos dijeron en un oficio que se estaba investigando un tema de delincuencia organizada y que no aplicaba la perspectiva de género”, afirma Gutiérrez. La Fiscalía Especializada en Trata de Personas (Fevimtra) también rechazó la aplicación de los protocolos, pese a la orden de un juez, señala.

De trofeos de guerra a esclavas sexuales: el patrón de género en las desapariciones

En México hay 92.800 personas desaparecidas, de las cuales 23.000 —casi una cuarta parte— son mujeres, según las últimas cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). La Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, ha advertido de que existe una tendencia preocupante porque “se está desapareciendo a la juventud, a hombres de entre 20 y 40 años, y a mujeres de entre 15 y 25″.

Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, asegura que la militarización del país —a raíz de la guerra contra las drogas— ha afectado de manera exponencial, pero diferenciada a hombres y a mujeres. “Sabemos que la mayoría de las víctimas de los delitos de homicidio y desaparición son hombres, pero es importante hacer un análisis diferencial para identificar patrones”, argumenta. Señala que de 2007 a 2020 se han contabilizado más de 16.000 mujeres desaparecidas, de las cuales el 44% son niñas y adolescentes. Mientras que los varones del mismo grupo de edad representan el 14% del total, según el RNPDNO.

La edad es un factor importante al analizar las desapariciones de mujeres que generalmente están ligadas con delitos como trata de personas, violencia sexual y feminicidio, apunta la experta. Casi el 57% de las desaparecidas son jóvenes menores de 24 años, cuando los hombres del mismo rango de edad representan el 29% del total de varones no localizados. Villalobos advierte de que el único rango etario donde hay más mujeres que hombres desaparecidas es de los 10 a los 14 años.

Sandra Luz Román ha buscado a su hija hasta en aquellos lugares donde pocos se acercan: desde fosas clandestinas hasta bares donde se dice que hay trata de personas. “Yo sé que voy a encontrar a mi hija porque cada ocho días subo a cualquier cerro, a diferentes cerros, yo busco y busco y sé que viva o muerta la voy a encontrar”, sostiene la fundadora del colectivo Madres Igualtecas. Armada con picos y palas, la próxima diligencia que planea realizar es en “un punto en Iguala en donde sacrificaron a pura mujer”. “Vamos con esa esperanza de encontrarlas porque hay videos de unos muchachos que ya mataron y ellos vieron ese punto. Nos dirigimos al lugar y (las pruebas de restos humanos) resultaron positivas, entonces esperamos recuperar a todas esas muchachitas”, explica.

Al otro lado del país, Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí Salcedo, también lleva nueve años tratando de mover hasta el cielo para encontrar a su hija. Fernanda Rubí Salcedo tenía 17 años cuando la noche del 7 de septiembre de 2012 fue secuestrada en un antro ubicado a media cuadra de la comandancia de la policía de Orizaba, en Veracruz. No obstante, al solicitar los videos de cámaras de vigilancia que rodeaban la zona, los policías argumentaron que justo ese día estaban en reparación, recuerda su madre, quien días después comenzó a recibir mensajes con indicios sobre el paradero de su hija relacionados con la trata de personas.

“Cuando recibí el mensaje de que a mi hija la tenían en Los Ángeles, me decían que no pidiera apoyo a la policía porque las autoridades locales habían sido partícipes en que se llevaran a mi hija, no lo dudo”, comenta. Ante las trabas de la autoridad para indagar el caso, la madre buscó por sus propios medios trasladarse a Estados Unidos, pero tardó meses en poder desplazarse a ese país. “No es posible que yo haya tardado tanto tiempo en sacar mi visa y nuestras niñas en menos de 48 horas ya están fuera del país”, plantea. “Hasta los del FBI y los del ICE me decían que México no tenía realmente un compromiso con sus mujeres, con sus niñas, que por eso era muy fácil sacarlas del país”, sostiene.

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