Los Tianguis del Bienestar, el polémico programa de López Obrador para regalar mercancías decomisadas

Ropa, calzado, juguetes, herramientas y enseres domésticos en camino a su destrucción ahora serán regalados a granel entre las comunidades más pobres del país. La semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció por todo lo alto el arranque de los Tianguis del Bienestar, mercadillos donde se obsequiarán las mercancías decomisadas por las autoridades. Sin embargo, especialistas en propiedad intelectual y programas sociales advierten de que el incentivar la circulación de este tipo de productos, que en su mayoría proveniente del contrabando y la piratería, fomentará la ilegalidad y supondrá un riesgo para las empresas formales y los consumidores finales.

En la región de la montaña de Guerrero, en Atlamajalcingo del Monte —un municipio de poco más de 5.000 habitantes—arrancó el pasado 11 de agosto el primer Tianguis del Bienestar. En plena pandemia el Gobierno dio el banderazo de salida a la entrega de aquellas mercancías que se decomisaron en aduanas por violar leyes penales o administrativas.

Los mercadillos se instalarán en espacios públicos, en donde serán colocados los bienes nuevos por categorías para que las personas puedan seleccionar lo que necesiten. Cada beneficiario podrá seleccionar lo que requiera en un lapso de 20 minutos. “Hemos tomado ya la decisión de entregar todos esos bienes al pueblo todas esas mercancías, vamos a limpiar todas las bodegas y se le va a entregar a la gente, a los pobres”, indicó el presidente durante la presentación del proyecto. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el programa, a cargo del Ejército, ya inició en zonas de la montaña de Guerrero. “En esta primera etapa se clasificaron un 1,8 millones de artículos, en 19 municipios de Guerrero; en Oaxaca, 40; en Chiapas, 15; en Veracruz, 5″, abundó. La meta del Gobierno en esta primera fase es beneficiar más de 223.000 familias.

Además de la ayuda a los habitantes de las comunidades más pobres, el Gobierno federal esgrime como argumento para apuntalar los Tianguis del Bienestar en el coste que supone la renta de bodegas para almacenar dichos lotes decomisados, según el Ejecutivo, estos espacios representan un gasto anual de más de 1.147 millones de pesos.

Pese a las bondades que supone esta iniciativa, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI) ha advertido de que la reincorporación de productos apócrifos, infractores o trasgresores de derechos de propiedad intelectual, además de ser un contrasentido, violaría diversas disposiciones legales, incluyendo tratados internacionales. Además de que representará posibles riesgos a la población tratándose de productos regulados, que al no haber sido introducidos lícitamente al país o al haber sido incautados o asegurados, no hay forma que hayan cumplido con la regulación aplicable, que en muchos casos va encaminada a la seguridad del consumidor final.

José Juan Méndez, presidente de la AMPPI, señaló que el regalar este tipo de mercancías lejos de ayudar al desarrollo de las comunidades pobres fomenta la ilegalidad en el país. El titular de este organismo añadió que México podría hacerse acreedor a sanciones internacionales si se acredita que el país no protege la propiedad intelectual con este tipo de programas sociales. “Esta para mí sinceramente es una ocurrencia. No puedes ayudar a una persona con base en la ilegalidad”, señaló Méndez. El especialista en propiedad industrial no descarta que las empresas opten por el camino legal en contra del programa si avanzan los tianguis del Bienestar en los distintos Estados del país.

Víctor Ramírez, presidente del comité de Propiedad Intelectual de la American Chamber of Mexico, señaló que no hay claridad ni certezas sobre la forma en cómo se implementarán estos tianguis y que preocupa que se pongan en circulación productos que violan derechos de particulares, pues ponen en riesgo a los consumidores. “Al tratarse de productos que no están regulados de ninguna forma no se tiene certeza de su cumplimiento en la normativa de seguridad, por ejemplo, si uno recibe un electrodoméstico manufacturado en Asia donde no se han observado los estándares de calidad y seguridad puede llegar a generar un corto circuito poniendo en riesgo la vida de quien recibió el producto y de todos los habitantes de la casa”, señaló Ramírez.

El exsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona señaló que la decisión de regalar artículos decomisados es una medida cortoplacista y electorera que no tiene un impacto a largo plazo para revertir la pobreza en las zonas más marginas del país. “Detrás de esto hay una idea de Robin Hood y me parece que hay mejores formas de ayudar a los pobres que hacer esto. Esta es una muy mala forma de repartir recursos”, añadió.

“El problema es que se decomisaron productos porque normativamente no deberían de estar circulando en el mercado, por la razón que sea que fueran piratas o contrabando y entonces regresarlos al mercado es un contrasentido, es absurdo”, comentó Gonzalo Hernández Licona, director de la asociación Red de Pobreza Multidimensional.

Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que será necesaria la vigilancia de que dichas mercancías sí se distribuyan en zonas rurales y a las comunidades que más lo requieren. “Habrá que preguntarles a los beneficiarios qué van a hacer con esa mercancía, a la mejor la usan o la venden para obtener algo monetario, en todo caso, el programa me parece que no es de un tamaño tan considerable ni para tener un impacto sobre pobreza profundo ni para afectar al sector formal”, concluyó.

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